Melina Schweizer
El bloque que conduce Germán Martínez buscará extender a la pesca las sanciones anunciadas por Milei contra las petroleras que operan en Malvinas. Las licencias pesqueras aportan alrededor de 32 millones de libras anuales y sostienen buena parte de la economía isleña. La maniobra opositora apunta a las empresas extranjeras que explotan ese recurso bajo sociedades diferentes y, al mismo tiempo, mantienen negocios en la Argentina continental.
Javier Milei convirtió la explotación petrolera en Malvinas en una cuestión de seguridad nacional, pero el peronismo acaba de señalar el elefante —o mejor dicho, el calamar— que el discurso presidencial dejó fuera del encuadre: la pesca.
El bloque de diputados que conduce Germán Martínez anticipó que, cuando llegue al Congreso la reforma prometida por el Presidente, propondrá incluir a las empresas pesqueras que operan con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas. La iniciativa no busca solamente endurecer multas. Pretende alcanzar a los grupos económicos que pescan bajo una sociedad en Malvinas y desarrollan actividades en la Argentina mediante otra empresa vinculada.
El objetivo político es evidente: obligar al Gobierno a definir hasta dónde está dispuesto a llevar su repentino giro soberanista. Sancionar a dos petroleras que ya estaban inhabilitadas resulta relativamente sencillo. Intervenir sobre la pesca supone enfrentarse con compañías españolas, socios locales, cámaras empresariales y operadores que forman parte del negocio pesquero continental.
Milei puede endurecer un discurso. El peronismo intenta encarecerle su aplicación.
La pesca sostiene materialmente la ocupación
El petróleo concentra la atención porque Sea Lion proyecta comenzar a producir en 2028 y promete modificar la economía del archipiélago. Pero la actividad que sostuvo durante décadas la autonomía financiera de las islas fue la pesca.
La propia administración isleña reconoce que la creación de su zona pesquera y del régimen de licencias, en 1986, aumentó en un 500% sus ingresos y le permitió alcanzar la autosuficiencia económica, con excepción de la defensa y las relaciones exteriores, cubiertas por el Reino Unido. Actualmente, el sector representa alrededor del 40% del producto interno del archipiélago.
El presupuesto isleño estimó para 2026-2027 una recaudación superior a 32 millones de libras solamente por licencias de pesca. Es dinero cobrado a empresas extranjeras por capturar calamar, merluza negra y otras especies que la Argentina considera parte de sus recursos marítimos.
Ese dato cambia la dimensión política del debate. Las licencias no financian únicamente una actividad económica privada: sostienen el presupuesto de la administración isleña, pagan servicios públicos y refuerzan su capacidad de funcionamiento autónomo. Cada permiso vendido contribuye materialmente a consolidar la presencia británica.
Por eso, si el Gobierno considera que la explotación petrolera fortalece la ocupación, resulta difícil explicar por qué no aplica el mismo razonamiento al negocio que lleva cuarenta años financiándola.
El mecanismo que la oposición quiere cerrar
Buena parte de la actividad vinculada con el calamar loligo se articula mediante sociedades mixtas entre compañías radicadas en las islas y grupos pesqueros extranjeros, especialmente gallegos. Las licencias son concedidas a empresas registradas bajo el régimen isleño, mientras los barcos, el financiamiento, la comercialización y la distribución internacional pueden depender de compañías europeas.
Ahí aparece el mecanismo que el peronismo pretende investigar. Un mismo grupo económico puede participar en la pesca bajo autorización británica y, al mismo tiempo, operar en puertos argentinos, asociarse con empresas locales o solicitar permisos mediante otra razón social.
Formalmente son compañías diferentes. Económicamente pueden responder a los mismos accionistas, beneficiarios o estructuras de control.
La discusión no debería reducirse a encontrar un barco
Milei eligió el petróleo y dejó abierta la caja pesquera
La cadena nacional de Milei concentró la ofensiva en Sea Lion, el proyecto petrolero encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper. Sin embargo, el Presidente agregó una referencia genérica a “otras actividades” que afectan los recursos naturales argentinos.
El peronismo pretende convertir esa frase en una obligación legislativa concreta. Su movimiento busca evitar que el Gobierno redacte una reforma limitada a compañías ya sancionadas, anuncie penas más duras y deje intacto el negocio que sostiene actualmente a la economía isleña.
La diferencia resulta decisiva. Sea Lion todavía no comenzó a producir: proyecta extraer su primer petróleo en 2028. Las licencias pesqueras, en cambio, generan ingresos desde 1986 y transformaron estructuralmente la economía de las islas. La administración británica reconoce que su sistema de permisos multiplicó sus recursos fiscales y redujo su dependencia financiera directa de Londres.
Si el objetivo argentino consiste en elevar el costo económico de la ocupación, la pesca debería ocupar un lugar central. Si queda afuera, el endurecimiento puede convertirse en una política de soberanía cuidadosamente diseñada para no molestar a demasiados negocios.
El calamar financia más que una bandera
Las licencias británicas habilitan la captura de calamar Illex argentinus, calamar loligo, merluza negra, rayas y otras especies. El propio sistema de las islas reconoce que sus ingresos dependen especialmente de dos variedades de calamar y de la merluza negra.
El recurso posee además una característica estratégica: no reconoce las fronteras políticas trazadas sobre el mar. Las especies se desplazan entre diferentes zonas del Atlántico Sur, por lo que la captura intensiva alrededor de Malvinas puede afectar la disponibilidad biológica y comercial en áreas controladas efectivamente por la Argentina.
No se trata solamente de una pérdida abstracta de soberanía. Menos biomasa significa menor disponibilidad para la flota nacional, menos actividad para los puertos patagónicos, menor trabajo en las plantas procesadoras y menos ingresos por exportaciones.
Mientras las licencias financian el presupuesto isleño, el costo ambiental y social se distribuye sobre un ecosistema compartido. Los beneficios se cobran en libras; el deterioro no necesita pasar por una aduana.
El verdadero agujero está en las sociedades vinculadas
La Argentina ya dispone de un Régimen Federal de Pesca que sanciona a los buques extranjeros que capturan recursos sin autorización dentro de aguas bajo jurisdicción nacional. La reforma de 2020 elevó las multas y estableció unidades actualizables según el precio del gasoil. Pescar sin permiso puede generar sanciones de entre 500.000 y tres millones de Unidades Pesca.
También existen restricciones para impedir que titulares de permisos argentinos mantengan relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de barcos que pesquen ilegalmente. La Ley 26.386 incorporó ese criterio al marco pesquero nacional.
El problema no es únicamente la ausencia de normas, sino su alcance, fiscalización y aplicación sobre estructuras empresariales complejas.
Una embarcación puede operar alrededor de Malvinas mediante una sociedad registrada fuera del país, mientras otra compañía del mismo grupo, sus accionistas o socios comerciales conservan intereses en la Argentina continental. Cambian la bandera, la razón social o la composición accionaria, pero el beneficiario económico puede permanecer.
Por eso la reforma será relevante si permite atravesar esas capas societarias e identificar al beneficiario final. Sancionar solamente al barco que aparece en la licencia británica deja abierta la posibilidad de continuar operando mediante filiales, asociadas, contratos cruzados o nuevas personas jurídicas.
La experiencia de Harbour Energy demuestra la utilidad de estas reorganizaciones. Premier Oil cambió su estructura y su denominación, pero conservó el mismo registro societario británico. Pese a estar alcanzada por una inhabilitación argentina vinculada con Malvinas, Harbour terminó integrada en Southern Energy, el primer proyecto de GNL beneficiado por el RIGI.
La soberanía pierde cuando el Estado controla los nombres comerciales, pero no sigue el dinero.
España, el socio incómodo
El avance sobre las pesqueras abriría inevitablemente una discusión con España. Empresas gallegas participan desde hace años en sociedades mixtas con compañías radicadas en las islas y aprovechan las licencias británicas para capturar calamar.
Distintas investigaciones periodísticas identificaron a Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña entre las compañías vinculadas con esa operatoria. Algunas habrían consolidado permisos de largo plazo a través de asociaciones con firmas isleñas.
La existencia de esas relaciones debe verificarse individualmente antes de aplicar sanciones. No alcanza con que una compañía sea española ni con que opere en el Atlántico Sur: el Estado deberá demostrar la adquisición de licencias británicas, la identidad de los beneficiarios y la relación económica entre las sociedades involucradas.
Pero el conflicto diplomático sería real. España respalda formalmente el reclamo argentino en organismos internacionales y, al mismo tiempo, parte de su sector pesquero obtiene ganancias mediante permisos expedidos por las autoridades de las islas.
Esa dualidad resume una característica persistente de la diplomacia: la soberanía suele recibir apoyo en los comunicados mientras los negocios continúan por una ventanilla diferente.
Quién se beneficia con el sistema actual
La administración isleña aparece como la primera beneficiaria. Cobra las licencias, financia servicios públicos, mantiene su autonomía presupuestaria y fortalece materialmente la ocupación sin necesidad de desarrollar una gran flota propia.
El Reino Unido también gana. La autonomía económica de las islas reduce el costo fiscal de sostenerlas y consolida la ocupación mediante una economía viable. Londres continúa pagando la defensa, pero la pesca ayuda a financiar el funcionamiento civil del territorio.
Las compañías extranjeras obtienen acceso a uno de los caladeros más productivos del Atlántico Sur. Las firmas isleñas ganan socios, capital, buques y canales comerciales. Los importadores europeos reciben calamar y pescado capturados bajo un régimen que consideran jurídicamente válido.
También se benefician los intermediarios: aseguradoras, operadores portuarios, comercializadoras, estudios jurídicos, proveedores navales y sociedades que permiten separar formalmente la actividad realizada en las islas de los negocios desarrollados en el continente.
En la Argentina, algunas empresas podrían beneficiarse de esa fragmentación si una sociedad relacionada pesca con licencia británica mientras otra conserva permisos, activos o relaciones comerciales nacionales. Precisamente por eso el debate debe concentrarse en los beneficiarios finales y no solamente en las banderas de los barcos.
Quién pierde
La Argentina pierde recursos naturales y capacidad de administración sobre una zona marítima que reclama como propia. Pierde también poder de negociación: cada licencia de largo plazo crea intereses privados que luego presionan para mantener el statu quo.
El sector pesquero nacional puede perder biomasa, capturas y competitividad. Las provincias patagónicas pierden actividad portuaria, procesamiento industrial y empleo potencial. El Estado deja de recaudar por recursos que considera argentinos y que financian, paradójicamente, a la administración cuya legitimidad desconoce.
Los trabajadores también quedan atrapados en una competencia desigual. Las capturas realizadas mediante licencias británicas se procesan, comercializan y exportan por circuitos que generan empleo fuera del país, mientras la Argentina asume los costos de vigilancia marítima y conservación.
Pierde, finalmente, la política exterior cuando el reclamo queda reducido a una efeméride. Una soberanía que no sigue a los capitales, a las aseguradoras, a los compradores y a las cadenas de comercialización termina persiguiendo barcos mientras el negocio ya llegó al puerto.
El peronismo intenta correr a Milei por soberanía
La estrategia opositora busca explotar la contradicción más incómoda del giro presidencial. Milei construyó su política exterior alrededor del alineamiento con Estados Unidos, Israel y el Reino Unido de Margaret Thatcher. Ahora necesita presentarse como el presidente que enfrentará a las compañías extranjeras por Malvinas.
El peronismo no rechaza ese endurecimiento. Pretende ampliarlo hasta volverlo costoso.
Además de las pesqueras, el bloque analiza derogar el convenio de doble imposición con el Reino Unido, investigar empresas beneficiadas por el RIGI y establecer que la base naval integrada de Ushuaia no pueda quedar bajo operación de fuerzas extranjeras.
Cada propuesta obliga al Gobierno a definir hasta dónde llega su soberanía. Sancionar a Navitas puede generar una tensión administrable. Investigar a Harbour afecta el corazón del RIGI. Avanzar contra pesqueras españolas abre un conflicto con Europa. Impedir presencia extranjera en Ushuaia limita las negociaciones estratégicas con Washington.
El peronismo intenta transformar una cadena nacional en un programa de consecuencias.
La base de Ushuaia: la otra frontera del debate
La oposición también propondrá que la futura base naval integrada de Tierra del Fuego permanezca exclusivamente bajo control argentino.
La prevención responde a las sospechas existentes dentro de sectores militares y políticos acerca del interés estadounidense en obtener una presencia logística estratégica cerca del Atlántico Sur y de la Antártida.
Cooperación no equivale necesariamente a cesión de soberanía. Una fuerza extranjera puede aportar financiamiento, equipamiento o asistencia sin controlar una instalación argentina. Pero precisamente por eso el régimen de operación debe quedar escrito: autoridad de mando, jurisdicción, acceso, duración, objetivos y prohibición de emplazamiento permanente.
Construir una base para reforzar el reclamo sobre Malvinas y luego entregar su operación a una potencia extranjera sería una contradicción estratégica difícil de explicar. La bandera argentina no puede funcionar como decoración de una instalación administrada desde otra capital.
El riesgo de una ley hecha para no aplicarse
Ampliar sanciones tampoco garantiza resultados. Para que la reforma sea efectiva necesitará un registro de beneficiarios finales, intercambio de información societaria, coordinación entre Cancillería, Prefectura, Pesca, ARCA, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central.
También deberá garantizar debido proceso. Una sanción adoptada únicamente por presión política puede caer ante los tribunales o generar reclamos internacionales. El Estado necesita expedientes sólidos, pruebas verificables y criterios uniformes.
La norma debería alcanzar a quienes compren licencias británicas, financien deliberadamente las operaciones o controlen sociedades beneficiarias. Pero debe diferenciar esas conductas de una inversión pasiva, un servicio sin conocimiento del destino final o una relación comercial demasiado remota.
Si “vinculada” significa cualquier contacto indirecto, el régimen será jurídicamente inmanejable. Si significa solamente aparecer como titular de una licencia, será demasiado fácil eludirlo.
La pregunta que Milei deberá contestar
La ofensiva peronista no busca únicamente aumentar multas. Busca obligar al Presidente a identificar qué intereses está dispuesto a enfrentar.
El Gobierno puede endurecer las sanciones petroleras y dejar intacta la principal caja económica de las islas. Puede perseguir a algunas compañías extranjeras mientras protege a otras porque invierten en Vaca Muerta. Puede construir una base argentina y reservar un lugar privilegiado para Estados Unidos.
O puede establecer una política coherente que abarque petróleo, pesca, finanzas, logística y control militar, aunque eso implique conflictos con aliados e inversores.
Las pesqueras convierten el reclamo en una discusión material. Cada permiso británico produce ingresos, sostiene empleos, crea sociedades y consolida intereses favorables a la continuidad de la ocupación.
Milei descubrió Malvinas cuando la causa volvió a ofrecer rentabilidad política. El peronismo ahora le propone algo más difícil: tocar la rentabilidad económica de quienes se benefician con ella.
Rodolfo Gudino
