Rodolfo Gudino
El Presidente anunció que acelerará la aplicación de la Ley 26.659, sancionada en 2011, y extenderá los castigos a accionistas, directores y proveedores de Sea Lion. El proyecto petrolero cuenta con USD 2.100 millones, cerró USD 1.000 millones de financiamiento y proyecta extraer el primer crudo en 2028. La medida puede afectar su cadena comercial, pero Milei exageró la inminencia de la producción y presentó como novedad una política que el Estado argentino aplica desde hace más de una década.
Javier Milei necesitó recurrir a una ley aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para intentar detener el avance petrolero británico en Malvinas. El Presidente anunció por cadena nacional que firmará un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios establecidos por la Ley 26.659 contra las compañías que exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
El giro resulta político, jurídico e ideológico. Milei no solo reconoció que la explotación representa una amenaza para la soberanía. También reivindicó la intervención estatal sobre empresas privadas, prometió ampliar controles y utilizó una herramienta construida por el espacio político al que acusa permanentemente de haber destruido la Argentina.
La contradicción no invalida la decisión. La defensa de los recursos naturales exige que el Estado actúe. Pero obliga a establecer qué parte del anuncio introduce herramientas nuevas, qué facultades ya existían y cuánto puede afectar realmente al proyecto Sea Lion.
La ley ya existía y las petroleras ya estaban sancionadas
La Ley 26.659 fue sancionada en marzo de 2011 y prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de la Secretaría de Energía. También alcanza a las empresas que mantengan vínculos societarios o comerciales con quienes realizan operaciones ilegales en la zona de Malvinas.
La norma contempla inhabilitaciones, multas, cancelación de concesiones, prohibiciones para operar en el país y sanciones contra las compañías que presten apoyo a esas actividades.
Rockhopper Exploration fue declarada clandestina en 2012 y recibió una inhabilitación para operar en la Argentina. Navitas Petroleum también quedó alcanzada por actuaciones administrativas posteriores. Durante el gobierno de Alberto Fernández se iniciaron procedimientos contra varias empresas vinculadas con la exploración en las islas y, en diciembre de 2025, la Cancillería rechazó nuevamente la decisión final de inversión de Sea Lion.
Milei no comenzó a sancionar a las petroleras. Anunció que acelerará y ampliará un régimen iniciado catorce años antes.
La diferencia podría estar en la profundidad de las nuevas medidas. El Gobierno pretende extender expresamente los castigos a proveedores, accionistas y directivos; fortalecer el intercambio de información; impedir nuevas contrataciones dentro de la Argentina y acortar los tiempos administrativos.
Si se aplica con consistencia, esa ampliación podría alcanzar a bancos, aseguradoras, navieras, fabricantes de equipos submarinos, empresas de ingeniería y consultoras vinculadas con Sea Lion.
La amenaza no es la primera extracción de los próximos meses
Durante la cadena, Milei sostuvo que Sea Lion tiene previsto iniciar la explotación petrolera “en algún momento de los próximos meses” y advirtió que las empresas pronto tendrán capacidad material para apropiarse del petróleo.
La producción, sin embargo, no comenzará en los próximos meses.
Rockhopper informó a sus inversores que el primer petróleo está previsto para el primer trimestre de 2028. Antes deberán perforarse los pozos, instalarse los sistemas submarinos, acondicionarse la unidad flotante de producción y completarse las obras logísticas necesarias.
Eso no significa que la Argentina disponga de tiempo ilimitado. Sea Lion adoptó su decisión final de inversión en diciembre de 2025, firmó los contratos principales y alcanzó el cierre financiero. Cuanto más capital sea desembolsado, mayores serán los costos de frenar el proyecto y más actores internacionales quedarán comprometidos con su continuidad.
La urgencia existe, pero se encuentra en la consolidación financiera y material de la explotación, no en una extracción que comenzaría inmediatamente.
Exagerar la fecha puede fortalecer momentáneamente el discurso presidencial, pero debilita la credibilidad de una política que necesita precisión internacional.
Sea Lion ya cruzó la frontera que importa
Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto y Rockhopper posee el 35%. La primera etapa cuenta con un presupuesto de aproximadamente USD 2.100 millones y una estructura de deuda por USD 1.000 millones. La operación contempla pozos submarinos y una unidad flotante para producir, almacenar y transferir el crudo.
La decisión final de inversión es el punto crítico. Antes de esa instancia, una compañía puede presentar estudios, anunciar reservas y buscar socios sin comprometerse definitivamente. Después de aprobarla, comienza a desembolsar capital, adquirir equipos y firmar contratos difíciles de desarmar.
Sea Lion ya se encuentra en esa segunda etapa.
Por eso las sanciones contra los proveedores pueden ser más importantes que la reiteración de una inhabilitación contra Rockhopper. La empresa británica sabe desde hace años que no puede operar legalmente en la Argentina. El costo nuevo aparecerá si cada compañía que le venda tecnología, seguros, transporte o servicios debe renunciar también al mercado argentino.
Milei formuló ese dilema con claridad: operar en Malvinas o hacerlo en la Argentina continental. El problema será sostenerlo cuando la empresa involucrada tenga inversiones que el propio Gobierno considere estratégicas.
El mercado encontró una frontera llamada soberanía
La decisión presidencial contradice uno de los principios más repetidos por el oficialismo. Milei sostiene que el Estado no debe interferir en acuerdos voluntarios entre privados. Sin embargo, Navitas, Rockhopper, sus bancos y proveedores también celebraron contratos privados.
La razón por la que el Gobierno interviene es elemental: las partes no pueden disponer legítimamente de recursos sobre los cuales la Argentina reclama soberanía. La voluntad de dos empresas no puede reemplazar la autorización del Estado ni resolver una disputa territorial reconocida por Naciones Unidas.
La propiedad privada presupone la existencia de una autoridad capaz de determinar quién posee el derecho sobre el bien. En Malvinas, el Reino Unido pretende otorgar licencias sobre recursos que la Argentina considera propios.
Milei descubrió así que el mercado no existe por encima del territorio. Necesita jurisdicción, normas, sanciones y una autoridad que impida que el actor más poderoso convierta una ocupación en un negocio.
Las sanciones necesitan expedientes, no solamente discursos
El Presidente anunció que aplicará todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales. También señaló que la Cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países relacionados con diferentes proyectos en las islas.
Ese trabajo es necesario, pero las notas diplomáticas no bastan para detener una inversión de más de USD 2.000 millones.
El Gobierno deberá identificar la participación de cada empresa, demostrar su relación con la operación no autorizada, notificarla, permitir su defensa y dictar sanciones sostenibles ante eventuales impugnaciones judiciales. Si pretende alcanzar a accionistas o directores, tendrá que diferenciar una inversión bursátil pasiva de una decisión efectiva de participar en el proyecto.
La posibilidad de aplicar el juicio en ausencia tampoco produce condenas automáticas. Requiere individualizar delitos y responsabilidades personales. Una sanción administrativa contra una compañía no permite convertir a todos sus accionistas en imputados penales.
La firmeza sin rigor jurídico puede terminar beneficiando a las petroleras. Una resolución mal fundamentada sería utilizada para denunciar arbitrariedad y atraer respaldo político en Londres.
El verdadero campo de batalla es financiero
Sea Lion depende de una red internacional de bancos, aseguradoras, contratistas y mercados. Rockhopper cotiza en Londres y necesita conservar acceso al financiamiento. Navitas también debe sostener una estructura de capital capaz de cubrir costos durante varios años antes de vender el primer barril.
La Argentina puede aumentar el riesgo reputacional y jurídico de esa cadena. También puede informar a reguladores financieros, iniciar acciones judiciales, solicitar cooperación internacional y advertir a las compañías que cualquier participación afectará sus posibilidades de operar en el país.
Pero la capacidad de presión argentina será mayor si consigue aliados. Estados Unidos, la Unión Europea, los gobiernos latinoamericanos y los organismos multilaterales pueden volver más costoso el proyecto o permitir que avance sin obstáculos.
Allí se conocerá el valor real de la relación entre Milei y Donald Trump. El mandatario estadounidense insinuó que podría revisar su posición sobre Malvinas dentro de su pelea con el Reino Unido, pero no reconoció la soberanía argentina ni anunció sanciones contra Sea Lion.
Si Trump desea respaldar concretamente a la Argentina, puede desalentar la participación de capitales estadounidenses y apoyar la reapertura de negociaciones bilaterales. Hasta entonces, su gesto seguirá siendo una herramienta volátil para presionar a Londres.
La ley kirchnerista pone a prueba al Congreso
Milei enviará un proyecto para modificar el régimen vigente. Necesitará explicar cuáles son las nuevas figuras, qué alcance tendrán las prohibiciones y cómo se evitarán sanciones indiscriminadas.
La oposición enfrenta también una responsabilidad. No debería rechazar la iniciativa únicamente porque proviene de Milei, pero tampoco aprobar una delegación abierta basada en la invocación de la soberanía. El Congreso debe preservar la eficacia de la Ley 26.659, mejorar sus instrumentos y garantizar controles sobre las facultades del Ejecutivo.
La unidad nacional reclamada por el Presidente no equivale a firmar un cheque en blanco. Significa acordar una política capaz de sobrevivir a los gobiernos y evitar que Malvinas sea utilizada como una bandera electoral cada vez que la economía ingresa en dificultades.
También exige reconocer la continuidad histórica. El régimen sancionatorio fue creado en 2011, aplicado por diferentes administraciones y sostenido incluso durante períodos de acercamiento con el Reino Unido. Ningún presidente puede presentarlo como una creación personal.
La soberanía no empezó en la cadena nacional
La decisión de acelerar las sanciones es correcta si logra interferir con la ejecución de Sea Lion. El anuncio será relevante si identifica proveedores, dificulta el financiamiento, coordina acciones judiciales y obliga a las compañías a elegir entre el proyecto británico y sus negocios en la Argentina.
No alcanzará con volver a sancionar a quienes ya estaban sancionados.
Milei dijo que el país no permanecerá de brazos cruzados. La frase llega después de que Sea Lion consiguiera capital, cerrara contratos y fijara su calendario de producción. También llega después de casi tres años de ajuste sobre las capacidades estatales necesarias para vigilar el mar, sostener la presencia antártica y ejecutar una estrategia diplomática.
El Presidente decidió finalmente utilizar una ley de Cristina Kirchner para proteger los recursos argentinos. No debería avergonzarlo: las políticas de Estado valen precisamente porque sobreviven a quienes las crearon.
Lo que sí deberá explicar es por qué tardó hasta que el petróleo quedó financiado para descubrir que la soberanía no se defiende con el mercado libre, la amistad de Trump ni los elogios a Thatcher. Se defiende con un Estado capaz de impedir que otros conviertan una ocupación territorial en un negocio de USD 2.100 millones.
Melina Schweizer
