Melina Schweizer
El Presidente endureció las sanciones contra el proyecto Sea Lion, una inversión de USD 2.100 millones financiada con USD 1.000 millones de deuda. Al mismo tiempo, el Banco Central continúa ocultando el destino, la cantidad y las condiciones del oro enviado al exterior en 2024. La ofensiva soberanista abre una contradicción con Caputo, que prepara una Argentina Week en Londres para atraer los mismos capitales británicos que ahora podrían quedar alcanzados por las sanciones.
Javier Milei decidió enfrentar al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas sin aclarar previamente si una parte del oro argentino permanece bajo jurisdicción británica. La contradicción ya no pertenece únicamente al terreno discursivo: involucra reservas del Banco Central, posibles contratos financieros, inversiones energéticas y la relación con uno de los principales centros mundiales de operaciones con oro.
La existencia de una tensión con Luis Caputo fue informada por La Política Online a partir de fuentes de Economía y, por el momento, no recibió confirmación oficial. Tampoco existe información pública que demuestre que los lingotes se encuentren actualmente en Londres. Lo comprobado es que el Banco Central trasladó parte de sus reservas al exterior en 2024 y nunca reveló cuánto oro salió, dónde quedó depositado, quién ejerce su custodia ni si fue utilizado para generar intereses o respaldar una operación financiera.
Ese secreto, defendido durante dos años como una cuestión de seguridad, se convirtió ahora en un problema político. Milei anunció represalias económicas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas, pero el Estado no puede evaluar completamente los riesgos de esa decisión mientras la ubicación y el régimen jurídico de sus propios activos continúen escondidos.
La cadena nacional cambió el alcance del conflicto
Milei no se limitó a reiterar el reclamo de soberanía. Anunció que enviará al Congreso una modificación de la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra las empresas que exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. La iniciativa extendería las penalidades a proveedores, accionistas y directivos e impediría que los infractores contraten tanto con el Estado como con empresas privadas dentro del país.
También anticipó un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la asignación de mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. Parte de la estructura legal invocada ya existe: Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada en 2012 y el procedimiento contra Navitas comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández. La novedad reside en ampliar el universo de afectados y convertir esa política en el centro de una ofensiva nacional.
El mensaje presidencial fue inequívoco: quienes participen en proyectos británicos alrededor de Malvinas deberán elegir entre esas operaciones y el mercado argentino. “No se pueden hacer las dos cosas”, afirmó.
Ese ultimátum alcanza una zona mucho más amplia que dos compañías petroleras. Un proyecto offshore necesita bancos, aseguradoras, constructoras, transportistas marítimos, proveedores tecnológicos, estudios jurídicos, firmas de auditoría y operadores financieros. Si el Gobierno cumple lo anunciado, el conflicto puede extenderse hacia compañías radicadas en el Reino Unido y hacia actores que Caputo pretende convencer para que inviertan en la Argentina.
Sea Lion consiguió lo que Caputo todavía busca
La dureza presidencial tiene una explicación material. Sea Lion ya no es una promesa proyectada sobre un mapa. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y completaron el cierre financiero de la primera etapa.
El desarrollo tiene un presupuesto de USD 2.100 millones, contratos centrales firmados y USD 1.000 millones de financiamiento mediante deuda. Rockhopper declara que el primer petróleo está previsto para el primer trimestre de 2028. Navitas controla el 65% del emprendimiento y Rockhopper conserva el 35%.
La decisión final de inversión constituye el punto que separa un anuncio de una obra en ejecución. Los accionistas aprueban el desembolso, se cierra el financiamiento y comienzan a firmarse contratos que vuelven mucho más costoso abandonar el proyecto.
Sea Lion cruzó esa frontera. Varios emprendimientos que el Gobierno exhibe como futuros motores de la economía argentina —entre ellos desarrollos de gas natural licuado y proyectos mineros— todavía deben conseguirla.
La paradoja incomoda a Caputo: Milei pretende frenar mediante sanciones estatales una inversión energética que ya obtuvo en Malvinas aquello que el ministro busca ofrecer como prueba del éxito de su programa económico en el territorio continental.
El misterio del oro dejó de ser una discusión administrativa
En 2024, el Banco Central confirmó que había realizado transferencias de parte de sus reservas de oro entre diferentes cuentas. Informó entonces que el volumen total se mantenía equivalente a aproximadamente USD 4.981 millones y sostuvo que la confidencialidad era necesaria para proteger los activos.
No reveló la cantidad trasladada, su destino ni la operación realizada. Milei y Caputo argumentaron que mantener los lingotes inmovilizados impedía obtener rendimiento y señalaron que podían ser utilizados como garantía para conseguir financiamiento.
En el mercado circularon dos destinos posibles: el Banco de Inglaterra, en Londres, y el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea. Ninguno fue confirmado oficialmente.
Por eso no corresponde afirmar como un hecho que el oro esté en poder británico. Tampoco puede descartarse. Ese es precisamente el problema: después de dos años, los argentinos conocen la explicación financiera de Caputo, pero no disponen de los datos indispensables para comprobarla.
La discusión tampoco se reduce a saber en qué bóveda están guardadas las barras. El riesgo depende de quién figura jurídicamente como custodio, bajo qué legislación fue firmado el contrato, si el oro permanece asignado al Banco Central, si fue dado en garantía y qué cláusulas regulan su disponibilidad.
Un lingote depositado en Londres como reserva propia no se encuentra en la misma situación jurídica que un activo comprometido en un préstamo, un swap o una operación de recompra. Sin conocer los contratos resulta imposible determinar si existe una exposición real frente a una represalia o solamente una preocupación política.
Londres no puede apropiarse del oro mediante una orden telefónica
La hipótesis de que el Reino Unido podría confiscar automáticamente las reservas argentinas necesita cautela. Los activos de los bancos centrales suelen contar con protecciones especiales frente a embargos y ejecuciones. Una disputa diplomática por Malvinas tampoco habilita por sí sola al Gobierno británico a quedarse con bienes del BCRA.
Para que existiera una inmovilización serían necesarios fundamentos jurídicos, sanciones formales o una decisión adoptada dentro de un régimen extraordinario. Argentina no está sometida a sanciones económicas británicas y el anuncio de medidas contra empresas vinculadas a Sea Lion no convierte automáticamente al país en un objetivo financiero.
Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la inmunidad no elimina todos los riesgos políticos. Las reservas venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra quedaron bloqueadas durante años por una disputa sobre el reconocimiento de las autoridades con capacidad para disponer de ellas. El conflicto no es equivalente al argentino, pero revela que custodiar activos estratégicos en el exterior implica someter su acceso a decisiones judiciales y políticas extranjeras.
La pregunta responsable no consiste en anunciar que Londres puede robarse mañana los lingotes. Consiste en determinar por qué el BCRA eligió ocultar una información que ahora resulta imprescindible para evaluar la seguridad de las reservas.
Caputo necesita a la plaza que Milei acaba de confrontar
La ofensiva también interfiere con la estrategia de atracción de inversiones. El Gobierno trabaja desde julio en la realización de una Argentina Week en Londres, inspirada en el encuentro celebrado durante marzo en Nueva York. Incluso se evaluó que Milei encabezara el foro, lo que habría representado la primera visita bilateral de un presidente argentino al Reino Unido en más de 25 años.
Para Caputo, Londres no es solamente la capital del país que ocupa las islas. Es un centro financiero global, sede de fondos, bancos, aseguradoras y empresas vinculadas con energía y minería. Es también el mayor mercado físico de oro del mundo, utilizado por los bancos centrales porque permite convertir rápidamente las reservas en liquidez.
Milei afirmó que el Reino Unido recorre un “camino de declive” precisamente cuando su ministro de Economía prepara una vidriera destinada a explicarles a los inversores británicos por qué deberían colocar capital en la Argentina.
La contradicción no invalida el reclamo soberano. Un país puede defender Malvinas y mantener relaciones comerciales con el Reino Unido. Lo que expone es la ausencia de una coordinación visible entre la estrategia diplomática, la política financiera y la administración de las reservas.
Caputo necesita previsibilidad para atraer inversiones. Milei acaba de anunciar una legislación capaz de castigar no solamente a quienes extraigan petróleo, sino también a quienes los financien, aseguren o abastezcan. Antes de viajar a Londres, el ministro deberá explicar hasta dónde llegará esa prohibición y qué empresas podrían quedar comprometidas.
El libertarismo descubrió la razón de Estado
El discurso presidencial también quebró una parte de la doctrina económica libertaria. Milei sostuvo durante años que el Estado no debía interferir en decisiones empresariales voluntarias. Frente a Sea Lion, reivindicó sanciones, prohibiciones de contratar, persecución económica de proveedores y utilización integral del aparato estatal.
La contradicción existe, pero no demuestra que la decisión sea incorrecta. Demuestra que incluso el Gobierno más dogmático reconoce un límite para el mercado cuando intervienen la soberanía, los recursos naturales y la seguridad nacional.
Navitas y Rockhopper adoptaron una decisión empresarial, consiguieron financiamiento y firmaron contratos. Para el Estado argentino, sin embargo, esa operación es ilegal porque pretende explotar recursos pertenecientes a un territorio en disputa sin su autorización.
La soberanía aparece así como aquello que el mercado no puede resolver. Ningún contrato entre privados puede transformar unilateralmente la ocupación británica en un derecho definitivo sobre el petróleo.
El problema político de Milei no consiste en haber utilizado al Estado. Consiste en haberlo debilitado, desfinanciado y paralizado durante casi tres años, para luego anunciar una estrategia que necesita capacidad diplomática, administrativa, militar, científica y jurídica.
El oro obliga a Caputo a contestar
La tensión entre Milei y Caputo no debe presentarse como un enfrentamiento confirmado mientras ninguno de los protagonistas lo reconozca. Sí existe una contradicción objetiva entre las políticas que ambos administran.
Milei declaró que todo avance sobre Malvinas afecta la seguridad nacional. Caputo, responsable político de la estrategia financiera, promovió el traslado de un activo estratégico sin permitir que se conociera su destino. El Presidente quiere sancionar intereses británicos mientras el ministro prepara una gira para seducirlos. El Gobierno reclama transparencia a las empresas que operan en las islas, pero conserva bajo secreto los contratos relacionados con las reservas nacionales.
La respuesta no exige publicar rutas de transporte, características de las bóvedas ni mecanismos de seguridad. El Banco Central puede informar la jurisdicción, el custodio, la cantidad involucrada, el tipo de operación y las garantías jurídicas sin revelar datos operativos capaces de poner en peligro los activos.
Después de la cadena nacional, continuar ocultándolo ya no protege al oro: protege a quienes decidieron sacarlo.
Milei puede endurecer las sanciones contra Londres y Caputo puede defender la necesidad de mantener reservas líquidas en el exterior. Lo que ninguno puede seguir haciendo es pedir una política de soberanía a ciegas. Antes de enfrentar al Reino Unido, la Argentina necesita saber si una parte de su patrimonio estratégico quedó depositada precisamente bajo las llaves de la potencia a la que acaba de desafiar.
Rodolfo Gudino
