Melina Schweizer
El Presidente pidió unidad nacional, anunció sanciones contra toda la cadena empresarial de Sea Lion y prometió reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia. El proyecto petrolero tiene USD 2.100 millones de financiamiento y apunta a producir en 2028; la base argentina comenzó en 2022, quedó en 9,13% de avance y no recibió fondos durante 2024. El giro puede fortalecer el reclamo soberano, pero primero deberá sobrevivir al ajuste, a la dependencia de Estados Unidos y a la campaña electoral de 2027.
Javier Milei pasó de elogiar a Margaret Thatcher a proclamar que las Malvinas “son nuestras y nos las arrebataron”. El giro es demasiado pronunciado para reducirlo a una corrección retórica y demasiado oportuno para aceptarlo sin analizar el contexto. El Presidente no solamente cambió las palabras: anunció sanciones económicas, inversión militar y una estrategia estatal para impedir que empresas extranjeras exploten el petróleo del Atlántico Sur sin autorización argentina.
La firmeza frente al Reino Unido merece ser respaldada cuando defiende intereses soberanos. Pero el discurso no puede borrar lo ocurrido desde diciembre de 2023. Milei paralizó la obra pública, dejó sin inversión durante 2024 a la Base Naval Integrada de Ushuaia, recortó recursos militares y subordinó su política exterior a Estados Unidos. Recién convirtió Malvinas en prioridad cuando Sea Lion aseguró su financiamiento, Donald Trump discutió con Londres y comenzó la carrera presidencial hacia 2027.
El resultado es una política que puede ser correcta por razones muy diferentes de aquellas que llevaron al Gobierno a adoptarla.
Sea Lion dejó de ser una amenaza lejana
El proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration constituye el motivo material de la cadena nacional. Está ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas y avanza sin autorización argentina sobre recursos pertenecientes a una plataforma continental cuya soberanía se encuentra en disputa.
Navitas controla el 65% del emprendimiento y Rockhopper conserva el 35%. La primera etapa dispone de un presupuesto de USD 2.100 millones, cerró USD 1.000 millones de financiamiento mediante deuda y apunta a producir el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028.
La decisión final de inversión fue adoptada en diciembre de 2025. Ese paso modificó completamente el escenario: las compañías comprometieron capital, contrataron servicios y aseguraron parte de los recursos necesarios para comenzar la explotación.
Milei reconoció que la Argentina dispone de poco tiempo. Si Sea Lion instala los pozos, el sistema submarino y la unidad flotante de producción, detener el proyecto será económica y jurídicamente mucho más difícil. Las sanciones anunciadas buscan intervenir antes de que la extracción se convierta en un hecho consumado.
La urgencia no fue inventada para la cadena nacional. El Gobierno llegó tarde a una carrera que las empresas ya comenzaron a correr.
El Presidente liberal descubrió que el mercado también ocupa territorios
Milei prometió aplicar “todas las herramientas del Estado” contra quienes participen directa o indirectamente en la explotación. La ofensiva alcanzaría a las petroleras, sus accionistas, directores, proveedores, bancos, aseguradoras y contratistas. Las firmas sancionadas no podrían operar ni contratar dentro de la Argentina.
La decisión choca con el principio libertario de que las relaciones entre privados deben permanecer fuera de la intervención estatal. Navitas y Rockhopper son empresas privadas, consiguieron financiamiento en el mercado y pretenden desarrollar una inversión rentable. Pero esa libertad comercial termina donde comienza la apropiación de recursos pertenecientes a un territorio disputado.
Ningún contrato privado puede convertir una ocupación en soberanía. Ninguna decisión final de inversión puede entregarle al Reino Unido un derecho definitivo sobre el petróleo argentino. El mercado no resuelve una controversia colonial: puede financiarla y beneficiarse de ella.
Milei terminó reconociendo que existen bienes, territorios e intereses colectivos que el Estado tiene la obligación de proteger. La razón de Estado ingresó al Gobierno libertario por el único lugar que todavía permanecía abierto: un pozo petrolero.
Para enfrentar a las empresas, Milei necesita una ley kirchnerista
El Gobierno presentará como nueva una arquitectura jurídica que, en gran parte, ya existía. La Ley 26.659, sancionada en 2011, prohíbe realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional y establece sanciones para quienes incumplan.
Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 2012. Navitas quedó alcanzada posteriormente por actuaciones similares. En diciembre de 2025, la Cancillería volvió a rechazar la decisión final de inversión de Sea Lion.
La reforma anunciada por Milei pretende acelerar los procedimientos y extender las consecuencias a proveedores, accionistas y directores. Esa ampliación puede aumentar el costo económico de participar en el proyecto, especialmente para compañías que también mantienen negocios en el territorio continental argentino.
El desafío aparecerá cuando las sanciones alcancen a una empresa importante para Vaca Muerta, la minería o el sistema financiero. Entonces el Gobierno deberá decidir si la soberanía pesa más que las inversiones que Caputo intenta atraer.
Aplicar la ley contra una petrolera ya inhabilitada resulta sencillo. Obligar a elegir a un banco internacional o a una multinacional con proyectos millonarios en la Argentina será la verdadera prueba.
El juicio en ausencia no es una condena automática
Milei también mencionó la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia. La herramienta fue incorporada al ordenamiento argentino durante su gobierno, pero no permite procesar indiscriminadamente a todos los inversores relacionados con Sea Lion.
Para utilizarla deberán identificarse conductas individuales, establecerse la jurisdicción argentina, determinarse qué delito habría cometido cada persona y respetarse las garantías de defensa. La responsabilidad administrativa de una empresa no se convierte automáticamente en responsabilidad penal de sus accionistas.
La advertencia puede funcionar como elemento disuasorio. Sin embargo, si el Gobierno exagera su alcance y después no consigue sostener las acusaciones, las compañías utilizarán el fracaso para presentarse como víctimas de una persecución política.
La defensa de la soberanía requiere normas firmes, pero también expedientes jurídicamente impecables.
La base que Milei promete ya estaba en construcción
El anuncio de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego fue presentado como una decisión estratégica del Presidente. En realidad, el proyecto comenzó en marzo de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández.
La obra fue diseñada para proporcionar infraestructura a la Armada, fortalecer la logística antártica y aprovechar la posición de Ushuaia como puerta de entrada al continente blanco. Incluía un muelle militar, depósitos, hangares, talleres, viviendas y servicios para embarcaciones nacionales y extranjeras.
Durante 2022 y 2023 se realizaron estudios, movimientos de suelo y trabajos preparatorios. Al finalizar ese último año, la ejecución física alcanzaba apenas el 9,13%. El Ministerio de Defensa informó al Congreso que durante 2024 no se realizó ninguna inversión presupuestaria y que las tareas permanecían interrumpidas desde diciembre de 2023.
Milei no anunció una base nueva. Anunció que destinará fondos mediante un DNU para reactivar la obra que su propio ajuste dejó paralizada.
La diferencia no es semántica. Permite saber desde dónde comienza el supuesto fortalecimiento militar: desde una estructura con menos de una décima parte construida y después de un año sin ejecución.
Una base no se levanta con una frase presidencial
El Presidente no precisó el monto que asignará, la fuente de los recursos, el cronograma de construcción ni las etapas prioritarias. Tampoco explicó por qué utilizará un decreto de necesidad y urgencia para financiar una infraestructura que requiere planificación plurianual.
Una obra naval de esa magnitud no se termina durante una campaña electoral. Necesita varios presupuestos, contratos de largo plazo, control legislativo y una política que sobreviva a los cambios de gobierno.
La proyección oficial anterior estimaba una inversión total superior a $163.000 millones a valores de 2024 y distribuía los trabajos hasta 2027. Esa cifra deberá actualizarse y probablemente aumentará por las modificaciones técnicas, la inflación y el tiempo perdido.
Sin una partida identificada, la promesa puede repetir una práctica conocida: anunciar nuevamente una obra existente, cambiarle el relato y contabilizar la reactivación como si fuera su creación.
La soberanía comienza por terminar aquello que el Estado ya empezó.
Estados Unidos aparece detrás del nuevo mapa austral
La Base Naval Integrada tiene una importancia que excede Malvinas. Ushuaia permite proyectar operaciones sobre el Atlántico Sur, asistir las campañas antárticas y participar en la competencia internacional por las rutas, los recursos y la infraestructura vinculada con el continente blanco.
Estados Unidos observa esa región como parte de su disputa estratégica con China. En abril de 2024, Milei viajó a Ushuaia para reunirse con Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur, y habló de convertir a ambos países en la puerta de entrada a la Antártida. Altos mandos estadounidenses continuaron visitando la zona durante los años siguientes.
La cooperación logística no constituye por sí misma una cesión de soberanía. El peligro aparece si el financiamiento, la tecnología o la operación de la base conceden a Washington capacidad para decidir sobre su utilización.
Milei reclama que el Reino Unido abandone una ocupación colonial, pero mantiene una relación de dependencia política y financiera con Trump. Esa contradicción obliga a establecer condiciones transparentes: la base debe permanecer bajo mando argentino, sin instalaciones permanentes extranjeras y con control del Congreso.
Cambiar una tutela británica por una llave estadounidense no fortalecería la soberanía nacional.
Trump no se convirtió en aliado de Malvinas
Milei justificó su giro afirmando que existen “vientos de cambio” favorables al reclamo argentino. Se refería a Donald Trump, quien dijo que revisa la posición de Estados Unidos y puso en duda la capacidad británica para defender las islas.
Pero Trump no reconoció la soberanía argentina. Utilizó Malvinas dentro de su enfrentamiento con Londres por la negativa británica a acompañar la guerra contra Irán. Su mensaje fue una represalia política contra un aliado que no cumplió con sus exigencias militares.
La posición puede beneficiar transitoriamente a la Argentina, pero también puede desaparecer si el Reino Unido aumenta el gasto en defensa, envía barcos o negocia otra concesión con Washington. Trump es un dirigente volátil y su política exterior está basada en intercambios inmediatos.
Milei no puede construir una estrategia soberana sobre el enojo temporal de otro presidente. Debe convertir esa grieta en una posición institucional estadounidense: apoyo a las negociaciones bilaterales, presión financiera sobre Sea Lion y acompañamiento en Naciones Unidas.
Mientras eso no ocurra, los “vientos de cambio” pueden girar nuevamente antes de que la Argentina termine de desplegar las velas.
La unidad nacional también tiene destinatarios internos
La cadena fue escrita con un tono inusual para Milei. El Presidente no insultó a la oposición y convocó a la dirigencia política, económica y social a construir una misma voz.
La moderación no es casual. Malvinas le permite ocupar un lugar presidencial, apropiarse de una causa transversal y desplazar una agenda dominada por la caída del consumo, las deudas familiares, los conflictos salariales y el deterioro productivo.
La convocatoria también debe leerse dentro de la campaña hacia 2027. Milei necesita ampliar su base electoral y neutralizar a sectores nacionalistas que cuestionan su alineamiento con Estados Unidos y sus antiguos elogios a Thatcher. Victoria Villarruel, enfrentada con la Casa Rosada y vinculada con el universo militar, representa una competencia concreta dentro de ese territorio político.
Al adoptar la causa Malvinas, Milei intenta quitarles a sus adversarios una bandera capaz de unir al peronismo, el radicalismo, los excombatientes y buena parte de la sociedad.
Eso no convierte automáticamente las medidas en una maniobra falsa. Significa que la política exterior también está siendo utilizada para reorganizar el escenario electoral.
La política de soberanía deberá sobrevivir a Milei
La cadena nacional dejó elementos positivos: reconoció la urgencia de Sea Lion, recuperó la importancia geopolítica de Tierra del Fuego, anunció sanciones sobre la cadena empresarial y colocó nuevamente a Malvinas en el centro de la agenda.
También dejó preguntas decisivas. No se conoce el presupuesto de la base, el proyecto de ley todavía no ingresó al Congreso, la participación estadounidense continúa sin límites definidos y las sanciones deberán enfrentarse con los intereses financieros que Caputo busca atraer.
Milei pidió unidad alrededor de una política que aún depende de decretos, anuncios y proyectos futuros. La unidad nacional no consiste en acompañar al Presidente sin condiciones. Consiste en construir una estrategia que pueda ser controlada, financiada y continuada por gobiernos de signos diferentes.
El giro será verdadero si las sanciones afectan el financiamiento de Sea Lion, si la base recupera las obras, si las Fuerzas Armadas reciben recursos sostenidos y si Estados Unidos respalda formalmente una negociación.
De lo contrario, Milei habrá conseguido algo mucho más pequeño: ponerse por una noche la causa Malvinas después de elogiar a la dirigente británica que envió la flota para impedir su recuperación.
Rodolfo Gudino
CONCHITA PRETA
