Melina Schweizer
Con el aval del Senado, el Gobierno oficializó más de 50 nombramientos en juzgados, cámaras y tribunales federales de todo el país. Sin embargo, Javier Milei dejó sin firmar el pliego de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, pese a que ya había sido aprobado por la Cámara alta.
El gobierno de Javier Milei dio uno de los movimientos más importantes desde su llegada al poder en materia judicial. A través de una batería de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó más de 50 designaciones de jueces nacionales y federales, además de fiscales y defensores públicos, completando una de las mayores tandas de nombramientos de los últimos años y consolidando una nueva etapa en la conformación del mapa judicial argentino.
La decisión se produjo pocas semanas después de que el Senado aprobara en bloque más de 74 pliegos enviados por el Ejecutivo. Con ese respaldo parlamentario, la Casa Rosada avanzó sobre decenas de vacantes que permanecían sin cubrir en juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y tribunales orales distribuidos en distintas provincias.
Sin embargo, la masiva ola de designaciones quedó atravesada por una ausencia que rápidamente generó repercusiones políticas. Entre los decretos firmados por Milei no figura María Verónica Michelli, designada por el Senado para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata y cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.
La omisión no pasó inadvertida. El pliego de Michelli había sido remitido originalmente por el propio Poder Ejecutivo y posteriormente obtuvo el acuerdo de la Cámara alta junto al resto de las postulaciones. No obstante, distintas versiones sostienen que, una vez advertido el vínculo familiar con Alconada Mon —uno de los periodistas que más investigaciones publicó sobre el Gobierno—, la Casa Rosada decidió frenar su designación definitiva.
Aunque formalmente el Ejecutivo conserva la facultad de firmar el decreto de nombramiento luego del acuerdo del Senado, la decisión de excluir únicamente ese pliego alimentó cuestionamientos sobre un eventual uso discrecional de las facultades presidenciales para premiar o castigar perfiles considerados políticamente incómodos.
Más allá de esa polémica, la mayoría de los pliegos aprobados sí fueron convertidos en designaciones efectivas. Entre ellos aparecen Santos Enrique Cifuentes como juez del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 25; Lucila Inés Córdoba como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Laura Fabiana Kvitko al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23; Santiago Alberto Poncio en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13; Gerardo Daniel Cacace en el Tribunal Federal de Juicio de Formosa y Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal N.º 2 de Salta, entre numerosos nombramientos distribuidos en distintos fueros del país.
Las designaciones también alcanzaron al Ministerio Público, donde fueron oficializados cuatro defensores públicos y un fiscal, completando una amplia renovación institucional que el oficialismo presenta como una respuesta al elevado número de vacantes existentes en el sistema judicial.
Desde el Gobierno sostienen que cubrir esos cargos permitirá acelerar procesos judiciales y reducir la sobrecarga de expedientes que afecta a numerosos tribunales. Sin embargo, sectores de la oposición y especialistas en derecho advierten que semejante volumen de nombramientos también fortalece la capacidad del oficialismo para proyectar influencia dentro de un Poder Judicial que durante los próximos años deberá intervenir en causas sensibles vinculadas a la administración nacional.
El respaldo parlamentario resultó determinante para concretar la maniobra. El 4 de junio, el Senado aprobó los pliegos con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, tras un acuerdo político alcanzado durante la reunión de Labor Parlamentaria. Esa negociación permitió destrabar una extensa lista de cargos que permanecían pendientes desde hacía meses.
La oficialización de los decretos confirma además un cambio de estrategia de la administración libertaria. Tras los conflictos generados por los intentos de designar jueces de la Corte Suprema mediante decreto y las tensiones con distintos sectores del Poder Judicial, el Ejecutivo optó por avanzar utilizando el mecanismo constitucional tradicional: obtener primero el acuerdo del Senado y luego formalizar las designaciones mediante decreto presidencial.
No obstante, el caso de Michelli abre un nuevo frente de discusión. Si bien el Senado ya prestó conformidad para su nombramiento, el Ejecutivo decidió no completar el último paso administrativo necesario para que asuma el cargo. Esa situación deja abierto un interrogante sobre si finalmente será designada o si el Gobierno mantendrá congelado indefinidamente su decreto.
Mientras tanto, los hermanos Milei logran un objetivo estratégico: cubrir decenas de vacantes judiciales y consolidar una presencia institucional que tendrá impacto durante años en la estructura del Poder Judicial argentino. La exclusión de un único nombre, sin embargo, terminó convirtiéndose en el dato político que eclipsó la mayor renovación de magistrados impulsada desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.
REDACCIÓN
