Melina Schweizer
Un informe federal de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral advirtió que crece la cantidad de familias, jubilados, jóvenes y trabajadores que nunca antes habían vivido a la intemperie. La pérdida de ingresos, la imposibilidad de sostener un alquiler y el agotamiento de las redes familiares están empujando a nuevos sectores sociales hacia la situación de calle.
La situación de calle dejó de afectar únicamente a personas atravesadas por trayectorias prolongadas de exclusión y comenzó a convertirse en el desenlace de una crisis económica y habitacional que alcanza a sectores que, hasta hace poco, todavía lograban conservar una vivienda. Familias completas, trabajadores, jubilados, mujeres que escapan de situaciones de violencia y jóvenes expulsados de sus hogares aparecen cada vez con mayor frecuencia entre quienes terminan durmiendo en veredas, estaciones, plazas o refugios temporarios.
El cambio fue identificado por un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, que advierte sobre una transformación profunda en la composición de la población en situación de calle. La pérdida de empleo, el deterioro de los ingresos y la imposibilidad de pagar un alquiler se consolidaron como factores centrales de expulsión habitacional.
La calle ya no aparece únicamente al final de una historia marcada por consumos problemáticos, abandono institucional o exclusión extrema. También se convirtió en el punto de llegada de personas que trabajaban, alquilaban y mantenían cierta autonomía económica, pero que dejaron de contar con recursos suficientes para sostener el techo.
La pérdida de ingresos empuja a nuevos sectores a la intemperie
La investigación sostiene que el aumento de las personas sin vivienda responde cada vez más a razones económicas directas. La secuencia suele comenzar con la pérdida de un empleo estable o la reducción de los ingresos. Después llegan el endeudamiento, los atrasos en el alquiler y la búsqueda de alternativas más precarias, como habitaciones en hoteles familiares, pensiones, conventillos o alquileres informales.
Cuando esas opciones también se vuelven imposibles de pagar y las redes familiares o comunitarias se agotan, la calle aparece como el último destino.
“El cambio más estructural es el aumento exponencial de personas que terminan en situación de calle por razones económicas simples: incapacidad de pagar alquileres en contextos de desocupación y falta de oportunidades laborales”, señalaron Daniela Valiente y Agustín Alessio, responsables del informe.
El diagnóstico cuestiona la idea de que una persona queda en la calle como resultado de una decisión individual. En la mayoría de los casos, se llega a esa situación después de haber consumido los ahorros, acumulado deudas, vendido pertenencias, recurrido a familiares, aceptado viviendas precarias y atravesado distintos dispositivos de emergencia.
El alquiler se convirtió en la frontera entre la vivienda y la calle
La crisis se desarrolla en un país donde una proporción creciente de los hogares depende del alquiler. Cerca del 21% de las familias argentinas alquila la vivienda que habita, frente al 12% registrado en 1991. Este proceso de inquilinización amplió la cantidad de personas expuestas a los aumentos de precios, a contratos inestables y a la pérdida repentina de ingresos.
La vivienda se volvió especialmente vulnerable para trabajadores informales, monotributistas, jubilados, familias monoparentales y personas que no cuentan con garantías propietarias. Cualquier interrupción en el ingreso puede traducirse rápidamente en una deuda difícil de afrontar.
Antes de llegar a la calle, muchas familias reducen gastos en alimentos, medicamentos, transporte y educación para sostener el alquiler. Otras se mudan a espacios más pequeños, comparten habitaciones o aceptan condiciones habitacionales cada vez más precarias. La intemperie aparece cuando esas estrategias dejan de funcionar.
La situación de calle representa, de este modo, el extremo visible de una crisis mucho más amplia. Por cada persona que duerme en una vereda existen otras que se encuentran a pocas semanas de perder la vivienda, acumulan meses de deuda o dependen de una ayuda familiar que puede interrumpirse en cualquier momento.
Más de la mitad sufrió violencia desde que vive en la calle
La pérdida del techo no constituye el final de la exclusión, sino el comienzo de una etapa marcada por nuevas formas de vulnerabilidad. El informe reveló que cerca del 54% de las personas consultadas sufrió algún hecho de violencia desde que comenzó a vivir en la vía pública.
Las agresiones pueden provenir de particulares, fuerzas de seguridad, comerciantes o grupos que hostigan a quienes duermen en determinados espacios. También se registran robos, amenazas, abusos y desplazamientos forzosos que obligan a cambiar constantemente de lugar.
La exposición es todavía mayor entre mujeres, jóvenes, personas mayores y miembros de la población LGBTIQ+. Para las mujeres que escapan de hogares violentos, la calle puede significar la continuidad de esa violencia bajo otras formas, sin acceso estable a protección, higiene o acompañamiento institucional.
La falta de un lugar seguro también afecta la posibilidad de conservar documentación, medicamentos, ropa, teléfonos y otras pertenencias indispensables. Cada pérdida dificulta aún más la realización de trámites, la búsqueda de empleo y el acceso a prestaciones sociales.
Seis de cada diez no reciben ayuda económica estatal
El 61,5% de las personas relevadas no recibe ningún tipo de asistencia económica estatal. El dato muestra la distancia existente entre la magnitud del problema y la cobertura efectiva de las políticas públicas.
Muchas personas quedan fuera de programas sociales por no contar con documentación actualizada, domicilio estable, conectividad o acompañamiento para completar los trámites. Otras reciben prestaciones insuficientes para acceder a una habitación o sostener un alquiler.
La exclusión también alcanza al sistema de salud. Apenas una de cada tres personas entrevistadas pudo realizarse un control médico durante el último año, pese a que vivir a la intemperie agrava enfermedades preexistentes y aumenta la exposición al frío, la humedad, infecciones, accidentes y problemas de salud mental.
El nivel educativo constituye otro indicador de vulnerabilidad. Solo el 14,8% de las personas en situación de calle completó la escuela secundaria, lo que limita sus posibilidades de obtener empleos formales y dificulta la reconstrucción de una vida autónoma.
Sin embargo, la presencia creciente de personas con experiencia laboral y antecedentes habitacionales estables muestra que la educación o el empleo previo ya no garantizan quedar al margen del problema. La caída de ingresos puede arrastrar incluso a quienes hasta hace poco permanecían integrados al mercado de trabajo.
Familias, jubilados y jóvenes: los nuevos rostros de la exclusión
El informe destaca que la población en situación de calle se volvió más heterogénea. Ya no predominan exclusivamente los varones adultos que atravesaron largos períodos de marginación. Aumentó la presencia de familias con niños, personas mayores, jóvenes sin redes de contención y trabajadores que continúan realizando actividades informales.
Los jubilados conforman uno de los grupos más expuestos. Los haberes insuficientes, el encarecimiento de los medicamentos y la imposibilidad de sostener un alquiler pueden llevarlos a perder la vivienda después de toda una vida de trabajo. En muchos casos, además, enfrentan enfermedades crónicas y menores posibilidades de reinserción laboral.
También crece la cantidad de jóvenes que abandonan hogares atravesados por conflictos, violencia o precariedad extrema. Sin ingresos estables ni políticas de acompañamiento, pueden alternar entre casas de conocidos, alojamientos temporarios y la vía pública.
Las familias con niños enfrentan un problema adicional: los dispositivos de emergencia no siempre permiten que el grupo permanezca unido. Algunas terminan separándose para acceder a distintos refugios, mientras otras evitan recurrir al sistema por temor a perder la convivencia familiar.
Los paradores no alcanzan para reconstruir una vida
La Fundación advirtió que la problemática no puede abordarse únicamente mediante refugios nocturnos o dispositivos especiales durante el invierno. Aunque estos espacios resultan indispensables para reducir riesgos inmediatos, no resuelven la ausencia de vivienda estable ni las causas que empujaron a las personas hacia la calle.
Dormir algunas noches bajo techo no garantiza acceso a un empleo, documentación, salud, tratamiento psicológico o una solución habitacional permanente. Tampoco permite necesariamente conservar pertenencias, cocinar, recibir visitas o organizar la vida cotidiana.
El informe reclama un sistema federal e integral que articule vivienda, salud, empleo, asistencia económica y acompañamiento psicosocial. La respuesta debería incluir herramientas para prevenir desalojos, sostener alquileres, acompañar a quienes egresan de instituciones y garantizar alternativas habitacionales antes de que la persona llegue a la intemperie.
También plantea la necesidad de producir información pública confiable. La falta de registros homogéneos impide conocer la dimensión real del fenómeno, seguir las trayectorias de las personas y evaluar la eficacia de las políticas aplicadas.
La prevención debe comenzar antes del desalojo
Uno de los principales planteos del informe es que el Estado suele intervenir demasiado tarde. La asistencia aparece cuando la familia ya perdió la vivienda, cuando el trabajador ya agotó sus recursos o cuando la persona mayor ya se encuentra durmiendo en la calle.
Un abordaje preventivo debería actuar ante los primeros atrasos, la amenaza de desalojo o la pérdida del empleo. Subsidios habitacionales adecuados, mediación en conflictos de alquiler, programas de vivienda transitoria y apoyo económico temporal podrían evitar que una crisis coyuntural se transforme en una exclusión prolongada.
La reconstrucción de redes comunitarias también resulta fundamental. Muchas personas sostienen la vivienda gracias al apoyo de familiares, amistades, organizaciones sociales, iglesias o comedores. Cuando esas redes se debilitan, el riesgo de quedar en la calle aumenta de manera abrupta.
El acompañamiento no puede limitarse a la entrega de alimentos o ropa. Requiere seguimiento profesional, atención de salud, acceso a documentación, formación laboral y una solución habitacional que permita reconstruir un proyecto de vida.
La calle como último eslabón del ajuste
La situación de calle expone el punto más extremo de un proceso que comienza mucho antes de que una persona duerma en la intemperie. Empieza con un salario que deja de alcanzar, continúa con la pérdida del empleo o la reducción de horas de trabajo, avanza con las deudas y termina con la imposibilidad de sostener el alquiler.
La expansión del fenómeno entre personas que nunca antes habían atravesado esa experiencia revela que la crisis habitacional dejó de estar confinada a los márgenes. La frontera entre tener un techo y perderlo se volvió más delgada para amplios sectores sociales.
Cuando el trabajo no garantiza ingresos suficientes, los alquileres consumen una parte cada vez mayor del presupuesto y las redes familiares se encuentran también empobrecidas, la vivienda deja de ser un derecho asegurado y se transforma en una permanencia precaria.
La calle ya no constituye una excepción distante. Se convirtió en el destino posible de familias, jubilados y jóvenes que agotaron todas las estrategias para sostener el último refugio que todavía conservaban.
