Melina Schweizer
Cada 25 de marzo el mundo recuerda a las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de personas esclavizadas, pero ese recuerdo solo adquiere sentido político cuando abandona el terreno de la ceremonia y se convierte en una confrontación con la arquitectura histórica de la violencia moderna, porque no se trata apenas de contar cuerpos embarcados o muertos en el océano, sino de reconocer que el capitalismo atlántico, la expansión colonial europea y buena parte del orden racial contemporáneo se edificaron sobre el secuestro, la compraventa y la deshumanización sistemática de millones de africanos. El proyecto SlaveVoyages resume una parte de esa magnitud con dos cifras ya ineludibles para la historiografía: alrededor de 12,5 millones de personas fueron embarcadas desde África y unas 10,7 millones llegaron vivas a América, lo que implica que cerca de 1,8 millones murieron durante la travesía, sin contar a quienes fallecieron antes del embarque en capturas, marchas forzadas, centros de detención costeros y mercados esclavistas.
Por eso la esclavitud atlántica no puede pensarse como un episodio lateral ni como una mancha moral separada del nacimiento del mundo moderno, sino como uno de sus cimientos materiales más decisivos, ya que durante más de cuatro siglos abasteció con trabajo robado las plantaciones de azúcar, algodón, café y tabaco, alimentó las minas y las haciendas americanas y sostuvo circuitos comerciales que conectaban puertos europeos, costas africanas y economías coloniales americanas en un engranaje triangular de extraordinaria rentabilidad. La propia conmemoración internacional del 25 de marzo fue fijada por la Asamblea General de la ONU en la resolución 62/122, adoptada en 2007, justamente para vincular memoria histórica y conciencia sobre las consecuencias contemporáneas del racismo.
Ese marco conmemorativo llega en 2026 atravesado por una discusión nueva y, al mismo tiempo, largamente postergada: Ghana anunció que impulsará ante Naciones Unidas una resolución para que la trata transatlántica de personas esclavizadas sea reconocida formalmente como “el crimen más grave en la historia de la humanidad”, una iniciativa respaldada por la Unión Africana y acompañada también por países del Caribe, que busca colocar el reconocimiento jurídico y moral como antesala de debates posteriores sobre reparaciones. La presidencia ghanesa informó esa decisión en febrero y Reuters confirmó en marzo que la propuesta será presentada ante la ONU con el objetivo explícito de reforzar futuras demandas de reparación y de obligar al sistema internacional a asumir, ya no solo de manera retórica, la escala y la persistencia del daño histórico.
El racismo que heredamos
La esclavitud no fue únicamente un régimen de explotación laboral extrema, sino también una tecnología ideológica de clasificación humana, porque ninguna economía puede convertir durante siglos a millones de personas en mercancía sin producir al mismo tiempo un relato que naturalice ese crimen, y ese relato fue el racismo moderno, elaborado desde Europa para presentar a los pueblos africanos como inferiores, salvajes o biológicamente destinados a la servidumbre. Esa gramática racial no desapareció con la abolición formal de la esclavitud, sino que mutó en nuevas jerarquías sociales, jurídicas, culturales y policiales que todavía organizan el acceso desigual a la ciudadanía, a la representación y a la riqueza.
Los registros de SlaveVoyages muestran, además, que la imagen popular que sitúa el corazón de la esclavitud en lo que hoy es Estados Unidos resulta históricamente incompleta, porque la mayor parte de las personas esclavizadas desembarcó en Brasil, el Caribe y otras zonas de América del Sur. El propio resumen histórico del proyecto señala que, del total transportado, la mayoría llegó a América Latina y el Caribe, con Brasil como principal destino individual, lo que obliga a desplazar la mirada desde la narrativa anglocéntrica hacia una comprensión más amplia del sistema atlántico y de sus geografías reales.
Esa dimensión continental ayuda a entender por qué la memoria de la esclavitud pertenece al presente y no solo al pasado. Naciones Unidas sostiene que en América Latina y el Caribe viven más de 200 millones de personas afrodescendientes, y distintos organismos del sistema internacional siguen señalando que esas poblaciones enfrentan desigualdades persistentes en ingresos, acceso a derechos, representación política, educación y protección frente a la violencia institucional. En otras palabras, el racismo que justificó la trata no quedó congelado en los barcos negreros: sobrevivió como estructura social.
La Década Internacional y el reclamo de reparación
En 2013 la Asamblea General proclamó la Década Internacional para las Personas Afrodescendientes para el período 2015-2024, bajo el lema “reconocimiento, justicia y desarrollo”, y ese programa funcionó como un intento de convertir una denuncia histórica dispersa en una agenda política y estadística más consistente, alentando a los Estados a producir datos, revisar marcos legales, reconocer trayectorias históricas borradas y discutir medidas concretas frente al racismo estructural. La ONU mantuvo durante esa primera década esos tres ejes como núcleo del programa de actividades y, lejos de dar por cerrado el proceso al final de 2024, decidió en diciembre de ese mismo año proclamar un Segundo Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes entre 2025 y 2034, precisamente porque consideró que los avances habían sido insuficientes y que las herencias de la esclavitud y el colonialismo seguían exigiendo acciones concretas.
Esa continuidad institucional no es menor, porque muestra que el problema dejó de ser leído por la ONU como una deuda simbólica del pasado y pasó a ser tratado como una cuestión estructural del presente global. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha definido expresamente al Segundo Decenio como una oportunidad para confrontar los legados de la esclavización y el colonialismo, impulsar justicia reparadora y garantizar derechos plenos para las personas afrodescendientes, formulación que acerca el lenguaje de los derechos humanos a debates que durante años fueron considerados políticamente incómodos, entre ellos el de las reparaciones.
En esa arquitectura institucional también ocupa un lugar central el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Personas Afrodescendientes, formalmente operacionalizado por la Asamblea General en agosto de 2021 como mecanismo consultivo y órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Su creación consolidó un espacio específico para discutir seguridad, calidad de vida, derechos y políticas públicas vinculadas con las poblaciones afrodescendientes, y desde entonces el Foro se volvió uno de los ámbitos más visibles para instalar debates sobre racismo sistémico, memoria histórica y justicia reparadora.
Argentina y la visibilidad afrodescendiente
El caso argentino resulta especialmente revelador porque durante más de un siglo el país se narró a sí mismo como una nación homogénea, blanca y mayoritariamente europea, una ficción estatal y escolar que no solo minimizó la presencia afro en el pasado colonial y decimonónico, sino que además proyectó esa invisibilización sobre el presente. Sin embargo, los datos oficiales ya no permiten sostener esa negación sin fricciones: el INDEC informó en 2024, sobre la base del Censo 2022, que 302.936 personas en viviendas particulares se reconocen afrodescendientes o tienen antepasados negros o africanos en la Argentina.
La importancia de esa cifra no radica únicamente en su volumen, sino en lo que desarma: la vieja narrativa de la desaparición afroargentina. El relevamiento oficial mostró, además, que más de la mitad de esa población se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, lo que desmiente la idea de una presencia marginal o residual y obliga a revisar, tanto en el sistema educativo como en los medios y en la política, un relato nacional construido a costa del borramiento.
Pero la discusión argentina no se agota en el plano estadístico. En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino en el caso Acosta Martínez y otros vs. Argentina por la detención y muerte de José Delfín Acosta Martínez, un activista afrouruguayo fallecido bajo custodia policial en 1996, y tanto la sentencia como la implementación posterior reconocieron que los hechos ocurrieron en un contexto de discriminación racial, violencia policial y perfilamiento racial. Que un tribunal interamericano señalara de manera tan explícita la dimensión racial del caso resultó decisivo, porque quebró la comodidad con la que Argentina había tendido a pensarse al margen del racismo institucional.
¿Qué significa reparar?
Hablar de reparación, entonces, no significa reducir la discusión a una suma de dinero ni imaginar un acto administrativo capaz de saldar por sí solo cuatro siglos de violencia acumulada, sino asumir que en el lenguaje de los derechos humanos la reparación incluye reconocimiento histórico, garantías de no repetición, reformas institucionales, restitución cultural, memoria pública y, allí donde corresponda, mecanismos materiales de compensación o inversión reparadora. La propia evolución del sistema de Naciones Unidas, desde Durban hasta el Segundo Decenio, muestra que el vocabulario de la reparación dejó de estar confinado a militancias y comisiones especializadas para convertirse en parte de la conversación multilateral.
En este punto la iniciativa impulsada por Ghana y la Unión Africana resulta estratégica, porque no intenta empezar por la cifra sino por la calificación histórica y jurídica del crimen. Mahama sostuvo, según la presidencia ghanesa, que existe una “base jurídica sólida” y una “obligación moral innegable” para que la ONU reconozca la trata transatlántica como el crimen más grave contra la humanidad, mientras que Reuters informó que la iniciativa busca curar heridas históricas a través del reconocimiento de la verdad y no simplemente reabrir agravios del pasado. En términos políticos, la apuesta es clara: sin reconocimiento internacional fuerte, las reparaciones pueden ser presentadas como reclamos emocionales; con ese reconocimiento, pasan a inscribirse en un horizonte de justicia histórica.
La propuesta, desde luego, reabre preguntas incómodas. Una de ellas aparece cada vez que se emplea la fórmula “el crimen más grave”: si la trata transatlántica es nombrada así, ¿se jerarquizan los horrores históricos y se relativizan otros exterminios?. Los promotores de la iniciativa responden que no se trata de competir en sufrimientos, sino de reconocer la singularidad de un sistema que duró siglos, atravesó continentes enteros, contribuyó decisivamente a la formación del racismo moderno y sigue produciendo efectos visibles en la distribución global de riqueza, poder y reconocimiento. Reuters recogió que el proyecto ghanés se presenta precisamente como un paso para reconocer la duración, la escala y las consecuencias perdurables de la esclavitud.
Otra cuestión inevitable es la participación de élites africanas en la captura y venta de personas esclavizadas, un punto que el propio Mahama dijo que no debe omitirse si se quiere contar la verdad completa. Reconocer esa dimensión histórica, sin embargo, no altera el hecho central de que el comercio atlántico fue organizado, financiado y expandido en escala planetaria por potencias europeas y economías coloniales americanas, que transformaron formas previas y localizadas de esclavitud en una maquinaria transoceánica de acumulación racializada. La complejidad histórica no absuelve a los imperios que convirtieron esa violencia en sistema-mundo.
Experiencias actuales de reparación
La discusión reparacionista no parte de cero. En el Caribe, CARICOM lleva años reclamando a las antiguas potencias coloniales europeas medidas que incluyan disculpas, transferencia de recursos y programas de desarrollo; en Estados Unidos, distintas jurisdicciones avanzaron con comisiones y fondos vinculados a daños históricos de discriminación racial; y en América Latina, varias políticas de acción afirmativa, especialmente en educación superior, se consolidaron como respuestas parciales frente a desigualdades racializadas persistentes. El debate global, por tanto, ya no se pregunta si el legado de la esclavitud existe, sino qué instrumentos resultan legítimos y eficaces para enfrentarlo.
Lo novedoso de 2026 es que la ofensiva diplomática africana puede alterar la escala del debate. Si la Asamblea General adoptara una resolución en la línea impulsada por Ghana, el efecto no sería automático en términos de indemnización, pero sí podría reordenar la conversación internacional, fortalecer reclamos en curso y aumentar la presión sobre Estados europeos que durante décadas evitaron toda formulación que acercara memoria esclavista y responsabilidad contemporánea. En ese sentido, el movimiento africano no discute solo el pasado: discute quién tiene autoridad para definir la gramática moral del presente.
La memoria como resistencia
Recordar la esclavitud, entonces, no es una práctica piadosa ni un ritual museístico, sino un acto de disputa sobre el sentido del mundo actual. Cuando la ONU conmemora a las víctimas cada 25 de marzo, cuando el Segundo Decenio insiste en reconocimiento, justicia y desarrollo, cuando el Foro Permanente coloca la justicia reparadora en agenda y cuando Ghana exige que la trata atlántica sea nombrada como el crimen más grave en la historia de la humanidad, lo que está en juego no es solo la manera de contar el pasado, sino la voluntad de aceptar que el racismo contemporáneo no es un accidente ni una simple deformación cultural, sino una estructura heredada de un orden esclavista global.
En Argentina esa discusión resuena con especial fuerza porque interpela una tradición nacional edificada sobre silencios. El reconocimiento censal de más de 302 mil personas afrodescendientes, la condena interamericana por el caso Acosta Martínez y la persistencia de desigualdades que todavía rara vez se nombran en clave racial indican que el problema no es la falta de historia, sino la negativa persistente a mirarla de frente. La memoria de la esclavitud, en este contexto, no pide solemnidad vacía: exige revisión del relato nacional, ampliación de derechos, transformación institucional y una política democrática capaz de admitir que ningún país que haya construido su identidad sobre el borramiento puede pensarse realmente igualitario.
Más de cuatro siglos después del inicio de la trata transatlántica, la pregunta decisiva sigue siendo la misma: qué significa justicia cuando el crimen fue tan extenso, tan lucrativo y tan constitutivo del presente. La respuesta todavía está en disputa, pero algo parece ya irreversible: la historia de la esclavitud dejó de pertenecer solo a los archivos y regresó al centro de la política internacional, donde memoria, verdad y reparación vuelven a ser, no consignas del pasado, sino exigencias del presente.
