Melina Schweizer
Un relevamiento nacional de Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional reveló que el 29,7% de los hogares que alquilan atraviesa una situación de emergencia habitacional. La desregulación del mercado no alivió la crisis: aumentó el endeudamiento, los alquileres absorben una parte cada vez mayor de los ingresos y casi la mitad de los inquilinos necesita más de un trabajo para sostener la vivienda.
La promesa de que la desregulación del mercado inmobiliario abarataría los alquileres y ampliaría la oferta no se tradujo en una mejora para quienes alquilan. Por el contrario, un nuevo relevamiento nacional muestra que la crisis habitacional se profundizó durante el último año y que casi uno de cada tres hogares inquilinos ya se encuentra en una situación considerada de emergencia.
La Encuesta Nacional Inquilina, elaborada por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, relevó 808 hogares de 16 provincias y concluyó que el 29,7% de los inquilinos reúne simultáneamente varios indicadores críticos: destina una proporción excesiva de sus ingresos al alquiler, acumula deudas, registra atrasos en los pagos y enfrenta un riesgo creciente de mudanzas forzadas.
El informe sostiene que el acceso a la vivienda se volvió uno de los principales factores de deterioro económico para miles de familias, en un contexto marcado por la eliminación de la Ley de Alquileres, contratos más cortos, actualizaciones más frecuentes y un incremento sostenido de los valores locativos.
Alquilar ya no garantiza poder llegar a fin de mes
El estudio revela que el alquiler mediano en Argentina alcanzó los $656.500 mensuales, aunque las diferencias regionales muestran un escenario aún más complejo. En la Ciudad de Buenos Aires el valor mediano asciende a $700.000, mientras que en muchas provincias del interior ya supera incluso los niveles registrados en territorio bonaerense, con una mediana de $665.000.
Ese incremento golpea sobre ingresos que crecieron a un ritmo considerablemente menor. Como consecuencia, cada vez más familias destinan una parte desproporcionada de sus salarios únicamente a conservar un techo.
La situación se agrava por la modalidad predominante de contratación. Según la encuesta, el 78% de los contratos privados contempla actualizaciones cada tres o cuatro meses, trasladando casi de manera inmediata la inflación a los alquileres y generando una incertidumbre permanente para los hogares.
Endeudarse para comer y para pagar el alquiler
Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es el nivel de endeudamiento.
Actualmente, el 72,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, el porcentaje más elevado desde que comenzó la serie estadística elaborada por las organizaciones.
Pero el problema no reside únicamente en el volumen de deuda, sino en su destino.
El 55% de los hogares tomó préstamos o contrajo obligaciones para poder comprar alimentos, mientras que el 37% debió endeudarse específicamente para afrontar el pago del alquiler.
El resultado es un círculo difícil de romper: las familias utilizan crédito para cubrir gastos básicos, pero luego deben destinar parte de sus ingresos a cancelar esas obligaciones, reduciendo aún más su capacidad para afrontar los aumentos mensuales del costo de vida.
La encuesta también muestra que el 38% de los inquilinos ya registra atrasos en el pago del alquiler, una cifra que se dispara hasta el 73% entre quienes destinan más del 70% de sus ingresos exclusivamente a la vivienda.
Trabajar más ya no alcanza
El deterioro de los ingresos también modificó la dinámica laboral de los hogares.
Según el informe, el 47% de los inquilinos tiene dos o más trabajos, reflejando un fuerte crecimiento del pluriempleo como estrategia para sostener el pago del alquiler.
Lo llamativo es que la precariedad no afecta únicamente a trabajadores informales. El 68% de las personas consultadas posee empleo registrado, pero aun así sus ingresos resultan insuficientes para afrontar contratos que se actualizan varias veces por año.
La combinación de salarios rezagados, alquileres crecientes y aumentos frecuentes obliga a miles de familias a extender sus jornadas laborales sin lograr mejorar significativamente su situación económica.
Las familias con hijos son las más perjudicadas
El estudio también identifica un fuerte impacto sobre los hogares más numerosos.
Mientras una persona sola conserva, en promedio, $950.000 disponibles luego de pagar el alquiler, una familia integrada por cuatro personas dispone de apenas $367.000 por integrante para afrontar alimentación, transporte, salud, educación y el resto de los gastos cotidianos.
Las organizaciones sostienen que el mercado actual castiga especialmente a quienes necesitan viviendas de mayor tamaño, ya que los alquileres de inmuebles con más ambientes aumentan a un ritmo aún mayor que los departamentos pequeños.
Como consecuencia, el alquiler se transforma en un mecanismo regresivo que absorbe una proporción creciente del ingreso familiar cuanto mayor es la cantidad de integrantes del hogar.
La mayoría rechaza el nuevo esquema
Los resultados de la encuesta muestran además un amplio rechazo al funcionamiento actual del mercado locativo.
El 96% de los inquilinos manifestó estar en desacuerdo con que las actualizaciones de los contratos se realicen siguiendo la inflación, mientras que el 84% considera necesario volver a contratos de mayor duración, de entre tres y cinco años, para brindar mayor previsibilidad.
Para Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, las sucesivas mediciones confirman que la crisis continúa agravándose.
Según afirmó, los relevamientos trimestrales muestran un deterioro constante de las condiciones de acceso a la vivienda mientras el mercado inmobiliario mantiene niveles históricamente elevados de rentabilidad para los propietarios.
Una crisis que la desregulación no logró revertir
Cuando el Gobierno eliminó la Ley de Alquileres argumentó que una mayor libertad contractual incrementaría la oferta y moderaría los precios. Sin embargo, los datos de la Encuesta Nacional Inquilina muestran que, más de un año después de aquella decisión, los principales indicadores sociales continúan deteriorándose.
Lejos de aliviar la carga económica sobre quienes alquilan, el nuevo esquema consolidó contratos con actualizaciones más frecuentes, incrementó el endeudamiento de los hogares y obligó a una parte creciente de los trabajadores a multiplicar empleos para evitar perder la vivienda.
Con casi tres de cada diez hogares en emergencia habitacional, niveles récord de endeudamiento y alquileres que absorben una porción cada vez mayor de los ingresos, el acceso a una vivienda dejó de ser solamente un problema inmobiliario para convertirse en uno de los principales factores de vulnerabilidad social de la Argentina actual.
