GONZALO SCHWEIZER
El Gobierno corrigió un «error material» en el cálculo de las tarifas eléctricas y aplicó fuertes aumentos para usuarios no residenciales de Edenor. Comercios, industrias, profesionales y empresas enfrentarán incrementos que rondan el 40% en el precio del kilovatio, además de las subas generales ya aplicadas en junio y julio.
En medio de una política de reducción de subsidios y aumentos permanentes en los servicios públicos, el Gobierno nacional oficializó una fuerte corrección en las tarifas eléctricas que impactará sobre miles de comercios, industrias, oficinas, empresas y actividades productivas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida fue justificada como la rectificación de un «error material» cometido durante la elaboración del cuadro tarifario vigente desde junio.
La modificación fue establecida mediante la Resolución 233/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), que reconoce que en la resolución anterior se aplicaron por equivocación precios subsidiados correspondientes a usuarios residenciales en lugar de los valores que debían abonarse para la categoría General.
Según el organismo, la falla fue de carácter técnico y aritmético. Sin embargo, la corrección implica aumentos que en algunos casos superan el 43%, trasladando el costo del error administrativo directamente a quienes desarrollan actividades comerciales y productivas.
Los nuevos valores
La actualización afecta exclusivamente a los usuarios no residenciales abastecidos por Edenor bajo el sistema de medición autoadministrada.
Los nuevos precios por kilovatio hora (kWh) quedaron establecidos de la siguiente manera:
| Categoría | Valor anterior | Nuevo valor | Aumento |
|---|---|---|---|
| G1 | $176,19 | $252,09 | 43,1% |
| G2 | $193,44 | $269,34 | 39,2% |
| G3 | $182,65 | $258,54 | 41,6% |
| G4 | $180,03 | $255,93 | 42,2% |
Los porcentajes reflejan el fuerte salto que experimentarán las facturas eléctricas para miles de usuarios que ya venían absorbiendo incrementos mensuales en distintos servicios públicos.
Un nuevo impacto sobre los costos
El aumento llega en un contexto particularmente complejo para la actividad económica.
Durante los últimos meses numerosos informes privados registraron caída del consumo, aumento de la morosidad, reducción de ventas minoristas y dificultades crecientes para sostener la actividad comercial e industrial.
En ese escenario, la electricidad constituye uno de los principales costos fijos para supermercados, almacenes, panaderías, restaurantes, talleres, pequeñas industrias, oficinas, centros de salud privados y una amplia variedad de emprendimientos productivos.
El incremento tarifario podría trasladarse parcialmente a los precios finales o reducir aún más los márgenes de rentabilidad de sectores que ya enfrentan una demanda debilitada.
Se suma a los aumentos anteriores
La corrección no reemplaza los incrementos ya aplicados durante junio y julio.
En ambos meses el Gobierno había autorizado una actualización cercana al 1,5% para las tarifas de electricidad dentro del esquema de recomposición de precios que impulsa el Ministerio de Economía.
Ahora, esa suba mensual se complementa con la rectificación de los cuadros tarifarios para usuarios no residenciales, generando un impacto significativamente mayor sobre este segmento.
Subsidios sólo para hogares
Mientras los usuarios comerciales deberán afrontar íntegramente la corrección, el Ejecutivo decidió ampliar levemente los descuentos destinados a algunos hogares de menores ingresos incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
Durante julio, la bonificación para esos usuarios pasó del 11,97% al 16,59% sobre el costo de la energía.
Sin embargo, ese beneficio no alcanza a comercios, pequeñas industrias ni empresas, que deberán absorber completamente el incremento derivado de la corrección oficial.
Más presión sobre la actividad económica
La decisión se suma a una larga serie de aumentos registrados durante el invierno, entre ellos las actualizaciones en las tarifas de gas, combustibles y transporte público.
Para numerosos sectores productivos, el incremento de la electricidad representa un nuevo factor de presión sobre estructuras de costos ya afectadas por la caída del consumo interno y la desaceleración de la actividad.
Aunque el Gobierno sostiene que la recomposición tarifaria resulta necesaria para reducir subsidios y ordenar las cuentas públicas, cámaras empresarias y comerciantes advierten que la acumulación de aumentos en los servicios públicos continúa deteriorando la competitividad de muchas pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas que dependen intensivamente del consumo energético para desarrollar su actividad.
