Enzo Cabrera
La presentación de Aldo Sergio Parodi fue registrada como causa 4317/2026, caratulada “Navitas Petroleum s/averiguación de delito”, y remitida a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1. La apertura del expediente confirma que la denuncia ingresó al fuero federal, pero todavía no implica que existan imputados ni que la Justicia haya probado sus acusaciones. Además, Navitas aún no extrae petróleo: Sea Lion proyecta iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028.
La denuncia presentada por Aldo Sergio Parodi contra la petrolera israelí Navitas Petroleum ya tiene número de expediente y fiscalía interviniente. De acuerdo con la comunicación judicial recibida por el denunciante, la causa quedó registrada con el número 4317/2026 bajo la carátula “Navitas Petroleum s/averiguación de delito” y fue remitida a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1.
El documento acredita un avance procesal concreto: la denuncia fue recibida y se abrió una actuación para analizar si los hechos relatados podrían constituir algún delito federal. No acredita, en cambio, que Navitas haya sido imputada, que Javier Milei esté investigado ni que la Justicia haya comprobado la existencia de encubrimiento por parte del Gobierno.
La expresión “averiguación de delito” indica precisamente que el expediente se encuentra en una etapa inicial. Ahora corresponde que la fiscalía examine la presentación, verifique la documentación aportada y determine si impulsa una investigación penal, solicita nuevas pruebas, remite la causa a otra jurisdicción o pide su archivo.
También debe corregirse un dato informado por el denunciante: la captura identifica como interviniente a la Fiscalía Federal N.º 1, pero Ramiro González es titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7. Por lo tanto, con la constancia disponible no puede afirmarse que González sea el fiscal de la causa.
Navitas todavía no está extrayendo petróleo
La denuncia afirma que “en estos mismos momentos” se está robando petróleo argentino en las Malvinas. Esa descripción no coincide con la situación operativa del proyecto Sea Lion.
Navitas y la británica Rockhopper ya adoptaron la decisión final de inversión, cerraron contratos y consiguieron financiamiento para comenzar el desarrollo del yacimiento. Sin embargo, la primera extracción está prevista para el primer trimestre de 2028.
La fase inicial tiene un presupuesto de US$2.100 millones, apunta a recuperar aproximadamente 170 millones de barriles y proyecta alcanzar un máximo cercano a 50.000 barriles diarios. El avance confirmado actualmente consiste en la preparación de la infraestructura necesaria para explotar el yacimiento, no en la extracción presente de petróleo.
La diferencia no debilita el reclamo soberano. Por el contrario, permite formularlo con precisión: el objetivo jurídico debe ser impedir que la explotación comience en 2028, antes de que la perforación y la producción transformen el proyecto en otro hecho consumado.
La denuncia acusa a Milei, pero debe aportar pruebas
Parodi sostiene que el Presidente habría omitido denunciar la actividad de Navitas y habla de un “encubrimiento” relacionado con supuestos vínculos entre el Gobierno y la compañía. Esa es la acusación del denunciante, no una conclusión judicial.
Para avanzar sobre una eventual responsabilidad penal de Milei o de otros funcionarios no alcanza con cuestionar la política exterior del Gobierno. Será necesario identificar una conducta concreta, el deber legal presuntamente incumplido, la intención atribuida y las pruebas de un eventual beneficio concedido a la petrolera.
Además, no es exacto afirmar que el Poder Ejecutivo permaneció completamente en silencio. La Cancillería rechazó en diciembre de 2025 la decisión final de inversión de Rockhopper y Navitas, recordó que ambas compañías están inhabilitadas para operar en Argentina y advirtió sobre posibles sanciones contra quienes financien o faciliten el proyecto.
En junio de 2026, el canciller Pablo Quirno volvió a denunciar Sea Lion ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. Allí sostuvo que la explotación unilateral contradice las resoluciones internacionales que reconocen la disputa de soberanía.
Puede discutirse si esas respuestas fueron suficientes, tardías o puramente declarativas. Lo que no corresponde es presentarlas como inexistentes.
El punto políticamente cuestionable es otro: pese a las protestas diplomáticas, las compañías consiguieron cerrar el financiamiento y continúan avanzando con el proyecto. La Argentina anunció que tomaría medidas contra bancos, aseguradoras y proveedores, pero todavía no logró detener la estructura económica de Sea Lion.
Dos acciones judiciales con alcances diferentes
La presentación de Parodi no debe confundirse con la acción preventiva iniciada por el CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ante la Justicia Federal de Río Grande.
Los excombatientes y ambientalistas solicitaron una medida cautelar para suspender las obras, impedir nuevos contratos e identificar a los bancos, fondos, aseguradoras y proveedores que sostienen el emprendimiento. Su planteo combina la defensa de la soberanía con la prevención de un posible daño ambiental colectivo.
Parodi, en cambio, presentó una denuncia penal que busca determinar si existen delitos y responsabilidades empresariales o políticas. La causa 4317/2026 confirma que esa denuncia ingresó formalmente al sistema judicial, pero todavía debe superar el análisis inicial del Ministerio Público Fiscal.
Por eso, el dato publicable y comprobado es preciso: se abrió una causa federal para analizar la denuncia contra Navitas.
Todavía no puede publicarse como hecho que Milei encubrió a la empresa, que Ramiro González interviene, que existen funcionarios imputados ni que actualmente se está extrayendo petróleo. Esas afirmaciones requieren resoluciones judiciales o pruebas adicionales.
La gravedad del avance sobre Malvinas no necesita exageraciones. Navitas y Rockhopper ya comprometieron US$2.100 millones, contrataron financiamiento y pretenden comenzar a producir en 2028. La amenaza es real y está documentada. La nueva causa deberá determinar ahora si, además de una explotación ilegítima en preparación, existieron conductas penalmente perseguibles desde la Argentina.
GONZALO SCHWEIZER
