Melina Schweizer
Más de 200.000 estudiantes dependen de la asistencia alimentaria escolar y la demanda aumentó casi 10% en apenas cuatro meses. Las cooperadoras denuncian descompensaciones, jóvenes que pasan el fin de semana comiendo poco y alumnos que guardan el postre para sus hermanos. A comienzos de 2026, la Provincia pagaba apenas $1.226 por cada almuerzo y $511 por una copa de leche.
El hambre dejó de ser una estadística sobre ingresos familiares y comenzó a manifestarse dentro de las aulas santafesinas. La Federación de Cooperadoras Escolares advirtió que la cantidad de raciones asignadas a comedores y copas de leche aumentó casi un 10% durante los últimos cuatro meses, impulsada por escuelas que solicitan ampliar sus cupos y por establecimientos que nunca habían tenido asistencia alimentaria y ahora necesitan abrirla.
El incremento no representa una mejora social ni una expansión planificada del sistema. Significa que cada vez más estudiantes dependen de la escuela para recibir una comida que sus familias ya no pueden garantizar.
La referente de la Federación, Ivana Pintos, relató que algunos alumnos llegan los lunes después de haber comido poco durante el fin de semana. También informó casos de estudiantes que sufrieron descompensaciones durante la jornada y de jóvenes de institutos terciarios que pasan todo el día entre el trabajo y el estudio sin dinero suficiente para comprar alimentos.
“Esto de que los lunes los chicos se desmayan no es un mito”, sostuvo Pintos. Su testimonio constituye una denuncia de las cooperadoras y debe ser investigado por las autoridades educativas y sanitarias. Hasta el momento no se difundió un registro epidemiológico provincial que determine cuántos episodios ocurrieron, en qué escuelas o cuáles fueron sus diagnósticos médicos.
La ausencia de una estadística oficial no vuelve irrelevante el problema. Expone otra deficiencia: la provincia todavía no cuenta —o no ha publicado— un relevamiento sistemático sobre el impacto del hambre en el rendimiento y la salud de los estudiantes.
Más de 200.000 alumnos dependen de los comedores
Santa Fe posee más de 5.000 establecimientos educativos. Alrededor de 2.000 brindan copa de leche y casi 900 cuentan con comedor escolar, además de las instituciones abastecidas mediante cocinas centralizadas. Según la Federación de Cooperadoras, más de 200.000 alumnos dependen de alguna modalidad de asistencia alimentaria.
El número continúa creciendo. Desde el comienzo del ciclo lectivo hasta mayo, la Provincia habría aumentado aproximadamente un 10% la cantidad de raciones otorgadas. Algunas escuelas solicitaron más cupos y otras iniciaron los trámites para ofrecer por primera vez un servicio alimentario.
El proceso demuestra que el comedor dejó de funcionar solamente como complemento para alumnos pertenecientes a los sectores históricamente más pobres. La demanda aparece también en escuelas secundarias, institutos terciarios y barrios donde hasta hace poco no existían pedidos de asistencia.
La comida escolar comenzó a reemplazar una parte del ingreso familiar. Cuando el salario no alcanza para pagar simultáneamente alquiler, servicios, transporte y alimentos, el comedor absorbe una responsabilidad que antes resolvía el hogar.
Esa transferencia produce una presión doble: llegan más estudiantes y cada uno necesita una alimentación más completa porque, en algunos casos, esa ración puede ser la principal comida del día.
Un almuerzo de $1.226
En enero de 2026, el Ministerio de Educación provincial fijó en $1.226 el monto diario por estudiante para los comedores y en $511 el correspondiente a la copa de leche. La actualización fue del 9,4% respecto de agosto de 2025 y se calculó utilizando la variación del índice de precios provincial entre julio y noviembre.
La Ley provincial 13.960 ordena actualizar esos valores periódicamente durante abril, agosto y diciembre. Sin embargo, las cooperadoras denunciaron atrasos en la aplicación de los incrementos y diferencias entre la evolución oficial de las partidas y el costo real de los alimentos.
Pintos señaló que la leche aumentó alrededor del 25% en un período durante el cual las partidas correspondientes no habrían recibido una recomposición equivalente. También advirtió que algunos proveedores continúan entregando mercadería a pesar de las demoras en los pagos, sosteniendo con crédito privado un servicio que debería financiar regularmente el Estado.
Con $1.226 resulta extremadamente difícil garantizar un plato que contenga proteínas, vegetales, hidratos de carbono y fruta. La cocina escolar puede reducir costos comprando grandes cantidades, pero no puede modificar el precio de la carne, la leche o los productos frescos.
Cuando la partida no alcanza, las escuelas reemplazan ingredientes, simplifican menús, solicitan aportes a las cooperadoras o dependen de donaciones. La diferencia termina siendo cubierta por docentes, familias y proveedores. El Estado fija el valor de una comida completa, pero otra parte de la comunidad paga el costo que falta.
Estudiantes que guardan comida para llevarla a casa
Una de las escenas relatadas por las cooperadoras resume la profundidad de la crisis: algunos chicos guardan la fruta o el postre para llevárselo a sus hermanos menores o compartirlo con sus padres.
Ese comportamiento demuestra que el hambre no termina cuando el alumno abandona la escuela. La ración individual ingresa en una economía familiar donde cada alimento debe distribuirse entre varias personas.
También aparecieron experiencias de estudiantes secundarios que organizaron sus propias copas de leche. En la Escuela Juan Bautista Bustos N.º 256, por ejemplo, el centro de estudiantes impulsó encuestas, reclamos y acciones colectivas hasta conseguir la implementación del servicio.
La organización estudiantil puede celebrarse como una muestra de solidaridad y compromiso. Pero existe algo profundamente anormal cuando adolescentes deben movilizarse para conseguir que sus compañeros puedan desayunar.
La escuela debería enseñar derechos, no obligar a sus alumnos a administrar el hambre.
Los desmayos exigen investigación, no utilización política
Las declaraciones sobre chicos que se desmayan deben manejarse con responsabilidad. Una pérdida de conocimiento puede responder a múltiples causas y solamente una evaluación médica permite determinar si está relacionada con ayuno prolongado, deshidratación, anemia, enfermedades previas u otros factores.
Pintos habló de descompensaciones conocidas por las cooperadoras y mencionó especialmente a estudiantes que llegan los lunes con una “vigilia” alimentaria importante. También fue informado el caso de una estudiante embarazada que habría sufrido una descompensación después de pasar la jornada sin comer.
La respuesta estatal no puede limitarse a cuestionar si la palabra “desmayo” resulta exagerada. Debe relevar cada episodio, garantizar atención médica, comunicar los casos y determinar cuántos estudiantes llegan a clase sin haber desayunado o cenado.
Las escuelas registran asistencia, calificaciones y trayectorias pedagógicas. También deberían disponer de herramientas para identificar la inseguridad alimentaria antes de que aparezca una descompensación.
Esperar a que un chico caiga en el aula para reconocer que no comió durante el fin de semana significa intervenir demasiado tarde.
La pobreza bajó en las estadísticas, pero la indigencia creció
Los últimos datos disponibles muestran una aparente contradicción. Durante el segundo semestre de 2025, la pobreza en el Gran Santa Fe descendió al 30,6%, desde el 35,8% registrado durante el semestre anterior. Sin embargo, la indigencia aumentó hasta el 9,3%, dos puntos y medio por encima del período previo.
La diferencia resulta central para comprender lo que ocurre en los comedores. La pobreza mide si los ingresos alcanzan para cubrir una canasta total que incluye alimentos y otros servicios. La indigencia identifica a quienes ni siquiera pueden comprar la canasta básica alimentaria.
Puede disminuir la proporción general de pobres y, al mismo tiempo, profundizarse la situación del núcleo más vulnerable. Una parte de la población mejora apenas por encima de la línea estadística, mientras otra pierde incluso la capacidad de garantizar comida.
Los promedios tampoco reflejan cómo se distribuyen los gastos dentro de cada hogar. Una familia puede aumentar nominalmente sus ingresos y continuar perdiendo capacidad alimentaria porque debe destinar más dinero a alquileres, electricidad, gas, transporte, medicamentos o deudas.
La macroeconomía puede anunciar una desaceleración inflacionaria mientras la heladera continúa vacía. Los chicos no comen porcentajes interanuales.
La Provincia reconoce la crisis, pero el refuerzo continúa detrás de la demanda
El Gobierno de Maximiliano Pullaro reconoció en abril que había aumentado la demanda alimentaria y anunció una suba del 20% en las partidas de ayuda social. La vocera provincial, Virginia Coudannes, admitió entonces que la estabilización macroeconómica nacional no se traducía en bienestar para las familias y citó estudios según los cuales casi seis de cada diez niños argentinos vivían en la pobreza y un 30% no accedía regularmente a una alimentación adecuada.
El reconocimiento representa una diferencia frente al discurso nacional que suele presentar la reducción de determinados indicadores como prueba de que la crisis social quedó atrás. Sin embargo, admitir el problema no equivale a resolverlo.
Las cooperadoras sostuvieron en abril que, incluso después del refuerzo, las raciones continuaban siendo insuficientes. Cuatro meses después, la demanda había vuelto a crecer y aparecían nuevas escuelas solicitando comedores.
La Provincia tiene responsabilidad directa sobre la alimentación escolar y debe garantizar que los valores se actualicen en tiempo y forma. No puede atribuir toda la crisis a Milei mientras las cooperadoras denuncian partidas insuficientes y proveedores que esperan pagos.
Pero el Gobierno nacional tampoco puede considerarse ajeno. La reducción de transferencias, el deterioro de los salarios públicos y privados, el desempleo, la precarización laboral y el aumento del costo de servicios esenciales recaen sobre los mismos hogares cuyos hijos llegan con hambre a la escuela.
Pullaro administra los comedores; Milei administra una política económica que multiplica la necesidad de utilizarlos.
El hambre también destruye el aprendizaje
Un alumno que no comió adecuadamente presenta mayores dificultades para sostener la atención, memorizar contenidos y participar de una clase. Puede sufrir cansancio, irritabilidad, dolores de cabeza, mareos o somnolencia.
Cuando estas situaciones se repiten, la inseguridad alimentaria deja marcas en el rendimiento, la asistencia y la permanencia escolar. El Estado puede entregar computadoras, modificar programas o extender la jornada, pero ningún proyecto pedagógico funciona correctamente si el estudiante debe concentrarse mientras siente hambre.
Las cooperadoras explicaron que el pedido de más raciones suele comenzar cuando docentes y directivos observan bajo rendimiento o cambios en el comportamiento de los alumnos. La necesidad aparece primero en el cuerpo y después en el expediente administrativo.
El comedor no constituye entonces una política secundaria de asistencia. Forma parte de las condiciones necesarias para ejercer el derecho a la educación.
También debe garantizar calidad nutricional. Cubrir el cupo con alimentos baratos y abundantes puede reducir momentáneamente el hambre, pero no asegura una alimentación adecuada. La respuesta necesita nutricionistas, controles sanitarios, menús equilibrados y partidas suficientes para comprar productos frescos.
La escuela se convirtió en la última red familiar
El aumento del 10% no cuenta únicamente raciones. Cuenta hogares que perdieron capacidad para alimentar a sus hijos, escuelas que incorporaron una función de emergencia y estudiantes que aprendieron a compartir una fruta porque saben que en su casa puede no haber otra.
La situación exige publicar datos completos: cantidad total de beneficiarios, establecimientos en lista de espera, valores actualizados por ración, demoras en los pagos, solicitudes rechazadas y episodios sanitarios vinculados con la falta de alimentación.
También requiere garantizar asistencia durante los fines de semana y recesos. Si los lunes aparecen alumnos que pasaron dos días comiendo poco, el sistema escolar está resolviendo de lunes a viernes una emergencia que continúa cuando la escuela cierra.
El hambre infantil no puede depender del calendario de clases.
El Gobierno nacional exhibe estadísticas para sostener que la pobreza retrocede. La Provincia anuncia refuerzos presupuestarios. Pero las cooperadoras cuentan otra realidad: más de 200.000 alumnos necesitan comida, las solicitudes aumentan, las partidas no alcanzan y algunos chicos guardan el postre para llevarlo a sus hermanos.
Cuando un estudiante debe organizar una copa de leche para poder aprender, el problema ya no consiste solamente en que falta comida. Falta un Estado capaz de llegar antes que el hambre.
Rodolfo Gudino
