Melina Schweizer
El juez Ariel Lijo aceptó parcialmente el pedido del exjefe de Gabinete y autorizó que su defensa acceda a archivos extraídos del teléfono del constructor Matías Tabar. La Fiscalía le exige responder veinte puntos sobre inmuebles, obras, vehículos, viajes, criptomonedas y préstamos familiares. La prórroga no suspende la investigación ni implica que las diferencias hayan sido justificadas.
El juez federal Ariel Lijo concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días hábiles para responder el requerimiento de justificación patrimonial presentado por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno de Javier Milei.
El plazo original vencía el miércoles 26 de agosto. La defensa del exjefe de Gabinete, encabezada por el abogado Matías Ledesma, sostuvo que necesitaba acceder a documentación y archivos utilizados por la Fiscalía antes de contestar las veinte observaciones formuladas sobre su evolución económica.
Lijo rechazó suspender completamente el plazo hasta que la defensa examinara la prueba, pero autorizó la entrega de copias y concedió quince días adicionales contados desde el vencimiento original. La decisión fue fundamentada en el derecho de defensa y en la necesidad de permitir que Adorni conozca los elementos vinculados con el objeto de la investigación.
La resolución no significa que la Justicia haya aceptado las explicaciones patrimoniales del exfuncionario ni que haya descartado las sospechas. Adorni todavía no presentó el descargo definitivo y deberá aportar documentos capaces de demostrar el origen lícito de los fondos cuestionados.
Los números que deberá explicar
El requerimiento de Pollicita comprende el período transcurrido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y el 27 de junio de 2026, fecha de su salida de la Jefatura de Gabinete.
Según la reconstrucción fiscal, los ingresos comprobados del grupo familiar alcanzaron los 229.752.283,20 pesos. Durante el mismo período se identificaron gastos por 272.820.832,20 pesos, incluidos consumos con tarjetas, seguros, expensas, impuestos, servicios, electrodomésticos y viajes.
La diferencia asciende a 43.068.549 pesos. Este desfasaje no constituye por sí mismo una prueba de enriquecimiento ilícito, pero obliga al investigado a demostrar si existieron ingresos, ahorros o fuentes de financiamiento legítimas que todavía no fueron acreditadas.
La Fiscalía también detectó desembolsos por 402.578,12 dólares cuyo origen no habría podido ser corroborado con la información disponible. Parte de ese dinero habría sido destinado a operaciones inmobiliarias, obras, muebles, viajes y otros pagos realizados en efectivo.
El dictamen fiscal contiene 207 páginas y organiza el requerimiento en veinte puntos. Pollicita sostiene que los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos no encuentran, hasta el momento, una explicación suficiente cuando se los compara con los ingresos lícitos comprobados.
La expresión “hasta el momento” es jurídicamente decisiva. La Fiscalía no declaró culpable a Adorni: le exige que presente la documentación faltante antes de resolver si corresponde avanzar hacia una declaración indagatoria.
El teléfono del constructor
La defensa solicitó acceder a documentos, conversaciones y archivos extraídos del teléfono de Matías Tabar, el contratista vinculado con las obras realizadas en una propiedad de Adorni dentro del complejo privado Indio Cuá.
Tabar habría declarado que cobró aproximadamente 245.000 dólares por la remodelación integral de la vivienda. La Fiscalía pretende establecer de dónde salió ese dinero, cómo fue entregado y si existen facturas, recibos, transferencias bancarias u otros comprobantes que acrediten los pagos.
El contenido del teléfono es relevante porque habría sido utilizado por Pollicita para reconstruir la relación entre el exfuncionario y el constructor, los trabajos realizados y los montos involucrados.
Lijo autorizó que la defensa obtenga copias del material relacionado con el objeto de la causa. La diligencia quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y debía realizarse el miércoles 26 de agosto.
La autorización busca garantizar que Adorni pueda confrontar la evidencia utilizada en su contra. Al mismo tiempo, permite que el expediente continúe avanzando sin anular ni paralizar el requerimiento patrimonial.
La casa, el lote y los muebles
Uno de los ejes principales de la investigación es la adquisición del lote 380 del complejo Indio Cuá y el costo de las obras ejecutadas posteriormente. La Fiscalía quiere reconstruir cada etapa del financiamiento, desde la compra del terreno hasta la remodelación y el equipamiento de la propiedad.
Adorni deberá identificar el origen de las sumas pagadas al constructor y acompañar comprobantes suficientes. También tendrá que explicar cómo se financiaron los muebles de un departamento ubicado en Miró 550, que habrían sido abonados en dólares y en efectivo.
La pesquisa incluye además la compra y las mejoras de un inmueble en el barrio porteño de Caballito, la adquisición de un vehículo Jeep y distintos gastos vinculados con propiedades y bienes registrables.
No alcanza con declarar que el dinero provenía de ahorros. La Fiscalía exige establecer cuándo se obtuvieron esos fondos, dónde fueron conservados, cómo ingresaron al patrimonio y de qué manera se utilizaron.
Dólares, créditos familiares y criptomonedas
Entre los veinte puntos aparecen dólares en efectivo declarados por Adorni y dos préstamos atribuidos a familiares. El exfuncionario deberá acreditar la existencia real de esos mutuos, las fechas en que fueron celebrados, la entrega efectiva del dinero, las condiciones pactadas y su aplicación posterior.
Los préstamos familiares son operaciones legales, pero dentro de una investigación patrimonial deben contar con trazabilidad. Un documento elaborado después de los hechos o una declaración genérica no necesariamente alcanza para demostrar que el dinero fue entregado en el momento indicado.
La Fiscalía también solicitó precisiones sobre inversiones en criptoactivos. Adorni deberá explicar con qué capital comenzó a comprar bitcoins, en qué plataformas operó, cómo evolucionaron esas tenencias y si las ganancias declaradas coinciden con los registros disponibles.
Las criptomonedas suelen dificultar las investigaciones patrimoniales porque pueden adquirirse mediante plataformas extranjeras, transferirse entre billeteras o conservarse fuera del sistema bancario tradicional. Sin embargo, las operaciones dejan registros que pueden ser contrastados si se identifican correctamente las cuentas y direcciones utilizadas.
Viajes y gastos cotidianos
El requerimiento no se concentra únicamente en grandes propiedades. También analiza viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, gastos escolares, consumos con tarjetas y pagos de servicios.
La finalidad es reconstruir el flujo completo de dinero del grupo familiar. En una investigación por enriquecimiento ilícito no solamente se comparan bienes acumulados e ingresos declarados: también deben considerarse los gastos necesarios para sostener el nivel de vida durante el período analizado.
La Fiscalía intenta determinar si algunas compras o pagos fueron realizados a través de terceros. Esta hipótesis todavía debe ser comprobada y no puede presentarse como una maniobra demostrada.
Adorni tendrá la oportunidad de aportar recibos, extractos, contratos, declaraciones fiscales y cualquier otro elemento que permita explicar las diferencias detectadas.
Qué puede suceder después
Una vez presentado el descargo, Pollicita deberá evaluar si la documentación responde satisfactoriamente las veinte preguntas. Si considera acreditado el origen lícito de los fondos, la investigación podría perder sustento o requerir nuevas medidas de comprobación.
Si las explicaciones resultan insuficientes, el fiscal podrá solicitar que Adorni sea citado a declaración indagatoria. La decisión final de convocarlo como imputado formal corresponde al juez Lijo.
La indagatoria tampoco equivaldría a una condena. Es el acto mediante el cual una persona conoce detalladamente la acusación y puede defenderse antes de que la Justicia decida si la procesa, la sobresee o continúa reuniendo pruebas.
La causa permanece, por lo tanto, en una etapa previa. Existen diferencias patrimoniales identificadas por la Fiscalía, pero Adorni todavía conserva el derecho de explicarlas y controvertir los cálculos.
Lo concreto es que obtuvo quince días más, pero no una respuesta judicial favorable sobre el fondo. El reloj fue extendido; los 43 millones de pesos, los 402.578 dólares y las veinte preguntas siguen esperando documentación.
Rodolfo Gudino
