Melina Schweizer
Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por 144 votos contra 102 y 9 abstenciones. Entre las promesas de “independencia”, el artículo 13 autoriza al BCRA a utilizar oro, divisas y otros activos de las reservas como garantía de operaciones financieras. La oposición denuncia que la norma permite tomar deuda sin autorización del Congreso y podría blanquear, después de los hechos, la misteriosa salida de lingotes al exterior.
Luis Caputo volvió a demostrar que en la Argentina las palabras dependen de quién administra el diccionario. Cuando el Estado utiliza recursos para financiar políticas públicas, se llama populismo. Cuando el Banco Central compromete sus reservas para conseguir dólares en el exterior, se llama “operación propia de banca central”. La diferencia técnica consiste en que al populismo lo anuncian por cadena nacional y al oro lo sacan de madrugada.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central obtuvo media sanción en Diputados con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. El Gobierno la presentó como una muralla institucional contra la emisión, la inflación y cualquier futura tentación política de utilizar la autoridad monetaria para financiar al Tesoro. Una independencia tan rigurosa que el Central ya no podrá socorrer al Estado, pero sí podrá sentarse a negociar con bancos internacionales y llevar las reservas de garantía, como quien pide un préstamo y deja las joyas de la abuela sobre el mostrador.
El corazón del escándalo está en el artículo 13. Allí se establece que los bienes que integran las reservas son inembargables, pero inmediatamente se autoriza al BCRA a utilizar parte de sus activos externos como garantía en operaciones propias de banca central. El menú incluye depósitos, oro, activos financieros líquidos y papeles pagaderos en moneda extranjera. En castellano común: ningún tercero puede llevarse las reservas por la fuerza, pero las autoridades pueden ofrecerlas voluntariamente. La soberanía monetaria quedó convertida en una casa con alarma cuyo dueño entrega la llave al prestamista.
El proyecto también amplía las fuentes de financiamiento del Central. La institución podrá operar con organismos multilaterales, otros bancos centrales y bancos internacionales, además de celebrar contratos financieros bajo condiciones habituales del mercado global. La oposición advierte que esta combinación permitiría contraer obligaciones externas y respaldarlas con las reservas sin requerir una autorización específica del Congreso. El Gobierno habla de modernización; sus críticos ven una ventanilla para endeudarse sin soportar la molesta costumbre democrática de explicar cuánto, con quién, a qué tasa y para qué.
La inclusión del oro no cayó precisamente sobre un terreno virgen. Durante 2024, el sindicato La Bancaria denunció el traslado de lingotes de las reservas al exterior mediante operaciones que no fueron comunicadas públicamente. Caputo terminó reconociendo que parte del oro había sido enviado fuera del país para obtener rendimiento, pero las autoridades no revelaron de manera completa cuánto salió, dónde quedó depositado, bajo qué contratos ni si fue utilizado como respaldo de alguna operación financiera. El secreto fue tan bien custodiado que lo único verdaderamente transparente terminó siendo la falta de transparencia.
Por eso, operadores del mercado citados por La Política Online sostienen que el artículo podría servir para “blanquear” aquella maniobra. Es una denuncia, no una conclusión judicial ni una prueba definitiva de que los lingotes hayan sido empeñados. Sin embargo, la secuencia despierta una pregunta elemental: si las operaciones realizadas con el oro ya eran perfectamente legales, ordinarias y beneficiosas, ¿por qué el Gobierno nunca informó sus condiciones y ahora necesita incorporar expresamente la posibilidad de usarlo como garantía? En la administración libertaria, la explicación siempre llega después de la valija.
La contradicción jurídica también merece atención. Las reservas quedarían protegidas contra embargos promovidos por acreedores, pero podrían ser afectadas voluntariamente por decisión del propio Banco Central. La inembargabilidad funciona, entonces, como un cartel que dice “prohibido tocar”, acompañado por una cláusula que permite entregar el bien si la operación recibe un nombre suficientemente sofisticado. No es embargo si viene con presentación de PowerPoint y café de banco internacional.
El asunto se vuelve todavía más delicado porque las reservas brutas no constituyen una caja de ahorro libre de compromisos. Parte de las divisas registradas por el Central tiene como contrapartida los encajes de los depósitos bancarios en dólares. Es decir, dentro de esa cifra espectacular que el Gobierno exhibe cuando necesita transmitir solidez también aparecen fondos asociados con obligaciones del sistema financiero. El proyecto no establece en el artículo cuestionado una separación explícita entre las distintas procedencias de esos activos. El colchón puede ser muy mullido, pero una parte del relleno pertenece a los ahorristas.
La discusión estalló durante la votación en particular. El oficialista Santiago Pauli pidió tratar el proyecto por títulos, mientras Germán Martínez reclamó separar los artículos más sensibles. La pelea con Martín Menem escaló hasta los gritos y obligó a intervenir a Cristian Ritondo. Finalmente, el título que contenía el artículo 13 fue aprobado con 138 votos. La independencia del Banco Central nació entre acusaciones, dedos levantados y una votación agrupada: el parto institucional más parecido a esconder una hipoteca entre los términos y condiciones.
El oficialismo sostiene que la reforma busca impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la emisión y las reservas para cubrir desequilibrios fiscales. Pero el proyecto no elimina el poder financiero: modifica quién puede ejercerlo y ante quién debe rendir cuentas. Le cierra una puerta al Tesoro y abre otra hacia la banca internacional. Prohíbe financiar directamente al Estado elegido, mientras facilita operaciones con instituciones privadas que ningún ciudadano eligió. La política sale del directorio y entra el contrato en inglés.
La reforma todavía debe atravesar el Senado, donde el Gobierno tendrá que explicar por qué una ley presentada como garantía de independencia contiene una autorización tan amplia para comprometer activos estratégicos. También deberá responder qué ocurrió con los lingotes enviados al exterior. No alcanza con asegurar que están produciendo rendimiento, del mismo modo que nadie aceptaría que el encargado de una bóveda retire las joyas y responda que están “trabajando”.
Caputo no descubrió la piedra filosofal, pero parece haber encontrado algo más útil: una norma capaz de convertir el oro en garantía, la deuda en operación técnica y la falta de control parlamentario en independencia. Los lingotes, mientras tanto, siguen fuera del país y sin domicilio conocido. En la Argentina libertaria hasta las reservas alcanzaron la libertad: son libres de irse, de respaldar préstamos y, sobre todo, de no dar explicaciones.
Rodolfo Gudino
