Melina Schweizer
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este 5 de septiembre y redujo de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal. La Ley 27.801 permite imponer penas de hasta 15 años y recibió una partida inicial de $23.739 millones, aunque las provincias advierten que faltan institutos, equipos especializados y dispositivos de seguimiento. Bullrich celebró la reforma con una consigna que borra de un plumazo la diferencia jurídica, biológica y social entre un adolescente y un adulto.
Patricia Bullrich eligió cinco palabras para presentar una de las transformaciones penales más delicadas de las últimas décadas: “Desde hoy no importa la edad”. La frase tiene la contundencia que exige una campaña electoral, pero contradice el principio sobre el cual debería construirse cualquier sistema penal juvenil: la edad importa precisamente porque una persona de 14 años no posee el mismo grado de madurez, autonomía ni capacidad para evaluar las consecuencias de sus actos que un adulto.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado celebró la entrada en vigencia de la Ley 27.801 con otra fórmula conocida: “Si delinquís, las pagás”. El Gobierno consiguió así condensar una política pública compleja en una advertencia destinada a circular por las redes. No explicó cómo se evitará la reincidencia, dónde serán alojados los adolescentes, cuántos equipos interdisciplinarios están disponibles ni qué harán las provincias que no cuentan con infraestructura suficiente. Presentó el castigo como si fuera, por sí mismo, una política de seguridad.
La ley fue sancionada el 27 de febrero, publicada el 9 de marzo y estableció un plazo de 180 días antes de su entrada en vigencia. Desde este 5 de septiembre, los adolescentes de 14 y 15 años que hasta ahora no eran punibles pueden ser investigados, juzgados y condenados penalmente. El cambio reemplaza el régimen de minoridad establecido por la dictadura mediante la Ley 22.278, vigente desde 1980.
La derogación de aquella legislación era una deuda democrática. Pero reemplazar una norma de la dictadura no convierte automáticamente a su sucesora en una respuesta adecuada. El Gobierno utilizó una reforma necesaria para introducir su principal bandera punitiva: bajar la edad de responsabilidad penal.
De los 13 años que quería el Gobierno a los 14 que aceptaron sus aliados
El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo pretendía comenzar la persecución penal a los 13 años. Milei incluso sostuvo públicamente que la edad podía reducirse hasta los 10. La negociación con el PRO, la UCR y otros bloques aliados terminó fijando el límite en 14.
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 149 votos afirmativos y 100 negativos. El Senado la convirtió en ley por 44 votos contra 27 y una abstención. No fue, por lo tanto, una reforma exclusivamente libertaria. El oficialismo aportó la narrativa, pero necesitó que fuerzas que se presentan como moderadas transformaran esa narrativa en legislación.
El impulso político llegó después de crímenes de enorme repercusión pública protagonizados por adolescentes. Cada caso fue utilizado para presentar la baja de edad como una respuesta urgente, aunque una tragedia individual, por estremecedora que resulte, no reemplaza una política criminal basada en información nacional, evaluación de resultados y planificación institucional.
La propia estadística utilizada en el debate permite dimensionar el fenómeno. Durante el primer semestre de 2025 se iniciaron en la Justicia Nacional de Menores 945 causas contra niños y adolescentes. Nueve de cada diez involucrados eran varones, principalmente de 16 y 17 años, y más del 80% de los hechos correspondía a delitos contra la propiedad. Al mismo tiempo, la tasa nacional de homicidios de 2025 fue informada en 3,7 cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región.
Nada de esto significa que los delitos cometidos por adolescentes deban quedar sin respuesta ni que las víctimas tengan que ser abandonadas. Significa que la imagen de una criminalidad juvenil dominando las calles no coincide necesariamente con la magnitud ni con la composición de las causas judiciales disponibles.
Lo que Bullrich dice y lo que establece la propia ley
La consigna “no importa la edad” resulta todavía más contradictoria cuando se lee el texto que Bullrich ayudó a aprobar. La Ley 27.801 reconoce que la edad sí importa y establece un régimen diferenciado del sistema penal para adultos.
Su artículo 4 determina que la finalidad debe ser fomentar la responsabilidad del adolescente y procurar su educación, resocialización e integración social. La norma conserva las garantías de la Convención sobre los Derechos del Niño, exige operadores especializados y contempla medidas alternativas al encarcelamiento.
También prohíbe las condenas perpetuas, establece un máximo de 15 años de privación de libertad e impide que los adolescentes sean alojados junto con adultos. Para determinados delitos permite aplicar reglas de conducta, servicios comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico, mediación y suspensión del proceso a prueba.
La prisión, según la ley defendida por la propia Bullrich, debe ser una medida excepcional. Su discurso público, en cambio, presenta el encierro como la prueba principal de que finalmente existe justicia.
No es una diferencia menor. Una cosa es construir un sistema especializado que responsabilice a los adolescentes sin renunciar a su reinserción. Otra es utilizar a chicos de 14 años como materia prima para una campaña de mano dura.
Bullrich también sostuvo que “durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad”. Esa afirmación simplifica el régimen anterior. Los menores de 16 años no podían recibir una condena penal, pero podían ser sometidos a intervenciones judiciales, medidas de protección e incluso restricciones de libertad cuestionadas durante años por su discrecionalidad. Entre los 16 y los 18 ya existía responsabilidad penal para delitos graves.
La reforma no terminó con una inexistencia absoluta del Estado. Cambió la edad desde la cual puede imponerse una pena.
Un presupuesto que no garantiza la implementación
La ley asignó $23.739.155.303,08 para su primer año de aplicación. Del total, poco más de $3.131 millones corresponden al Ministerio de Justicia y aproximadamente $20.607 millones a la Defensoría General de la Nación.
La cifra puede parecer elevada cuando se presenta aislada, pero debe financiar una transformación que alcanza a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. El sistema exige jueces, fiscales y defensores especializados; psicólogos, trabajadores sociales, educadores, supervisores, centros diferenciados, dispositivos electrónicos y programas de seguimiento.
La norma invita a las provincias y a la Ciudad a adaptar sus procedimientos y permite firmar convenios de cooperación. Sin embargo, buena parte de la ejecución recaerá sobre gobiernos locales que sufrieron recortes de transferencias nacionales y que presentan capacidades institucionales profundamente desiguales.
Un adolescente sometido al régimen en la Ciudad de Buenos Aires podría encontrar juzgados especializados y equipos técnicos que no existen en una localidad del interior. La misma ley corre así el riesgo de producir respuestas diferentes dependiendo del código postal del acusado.
El problema es todavía más grave en materia de alojamiento. La norma prohíbe mezclar adolescentes con adultos, pero una prohibición escrita no construye institutos, no contrata profesionales y no garantiza condiciones dignas. Si las provincias carecen de espacios adecuados, aparecerán la sobreocupación, los traslados lejos de las familias o el encierro en dependencias que no cumplen los requisitos legales.
El Gobierno puso fecha a la entrada en vigor, pero no demostró que todo el país estuviera materialmente preparado para aplicarla.
Las víctimas no necesitan propaganda
Bullrich justificó la reforma en nombre de las víctimas y afirmó que durante décadas la legislación protegió a quienes delinquían. Es una falsa oposición. Reconocer los derechos de un adolescente acusado no elimina los derechos de la persona que sufrió el delito.
La nueva ley garantiza a las víctimas asistencia especializada, información, participación en el proceso y posibilidad de intervenir frente a determinadas decisiones fiscales. También contempla mecanismos de reparación. Esos instrumentos pueden ofrecer respuestas más concretas que una consigna pronunciada desde el Senado.
La política de seguridad fracasa cuando obliga a elegir entre las víctimas y las garantías constitucionales. Un Estado democrático debe investigar el delito, establecer responsabilidades, reparar a quien sufrió el daño y evitar que el autor vuelva a delinquir. Castigar sin reducir la reincidencia puede satisfacer una demanda inmediata, pero no mejora la seguridad futura.
UNICEF advirtió durante el debate que la privación habitual de libertad no demostró reducir el delito ni prevenir la reincidencia. Sus investigaciones señalan mejores resultados cuando existen medidas alternativas, intervenciones socioeducativas y prácticas restaurativas. En algunos programas relevados, la reincidencia registrada fue de apenas el 2%.
La cárcel temprana, especialmente cuando carece de educación, tratamiento de consumos problemáticos y acompañamiento familiar, puede convertirse en una escuela de violencia. El adolescente eventualmente recuperará la libertad. La cuestión de seguridad verdaderamente importante es cómo regresará a la sociedad.
El delito juvenil comienza mucho antes del expediente
La celebración de Bullrich elimina deliberadamente todo lo ocurrido antes del delito. El chico aparece en su discurso en el preciso momento en que roba, hiere o mata, como si no hubiera existido hasta entonces.
Desaparecen la deserción escolar, el hambre, la violencia familiar, los consumos problemáticos, el reclutamiento por organizaciones criminales, la explotación de menores por adultos y la ausencia del Estado en los barrios. Mencionar esos factores no significa justificar un crimen. Significa intentar comprenderlo para impedir que vuelva a producirse.
Responsabilidad y contexto no son conceptos incompatibles. Un adolescente puede ser responsable de una conducta grave y, al mismo tiempo, haber crecido dentro de condiciones que limitaron sus oportunidades y facilitaron su incorporación a circuitos delictivos.
El punitivismo necesita borrar esa complejidad porque convierte un fracaso colectivo en una falla exclusivamente individual. Si el problema es únicamente el menor que delinque, el Estado no tiene que explicar por qué llegó tarde a la escuela, al sistema sanitario, a la asistencia social y a la protección familiar, pero aparece puntualmente con un patrullero.
La cárcel resulta así la política pública que comienza cuando todas las demás terminaron de fracasar.
La reforma también es una pieza electoral
La entrada en vigencia del régimen encuentra al oficialismo preparando la campaña de 2027. La seguridad ofrece una ventaja discursiva: permite construir un enemigo reconocible, prometer una respuesta inmediata y acusar de complicidad a cualquiera que reclame evidencia o garantías.
“No importa la edad” no busca explicar una ley. Busca trazar una frontera política. De un lado quedan Bullrich, Milei y quienes prometen orden; del otro, según el relato oficial, quienes supuestamente defienden delincuentes.
Esa división reemplaza el debate serio por una extorsión moral. Criticar la reducción de la edad no implica defender la impunidad. Exigir institutos adecuados no significa desconocer a las víctimas. Recordar que un adolescente no es un adulto tampoco equivale a negar su responsabilidad.
El Gobierno consiguió aprobar una reforma que gran parte de la sociedad acompaña porque está cansada de la inseguridad y de un Estado que con frecuencia no ofrece respuestas. Pero esa legitimidad social no garantiza su eficacia. Una ley penal puede obtener votos, producir titulares y continuar siendo incapaz de reducir el delito.
Bullrich celebró que desde ahora “no importa la edad”. La Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y hasta la ley que ella misma promovió dicen exactamente lo contrario.
La edad importa. Importa para establecer la responsabilidad, para determinar la pena, para elegir el tratamiento y para saber qué clase de sociedad devuelve el Estado después del encierro. Si el único logro del nuevo régimen consiste en llenar institutos con adolescentes cada vez más jóvenes, no habrá terminado la impunidad: habrá comenzado el abandono con sentencia judicial.
GONZALO SCHWEIZER
