GONZALO SCHWEIZER
El boleto mínimo subió a $887,86 en la Ciudad y a $1.268,20 en las líneas provinciales bonaerenses con SUBE registrada. Para recorridos de más de 27 kilómetros en Provincia, la tarifa alcanza los $2.177,59. El aumento vuelve a convertir un gasto indispensable para trabajar y estudiar en una porción cada vez mayor del presupuesto familiar.
Septiembre comenzó con otro aumento para millones de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las tarifas de colectivos volvieron a subir y el boleto mínimo ya cuesta $887,86 en las líneas bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y $1.268,20 en las que dependen de la provincia de Buenos Aires, siempre que el pasajero tenga la SUBE registrada.
La actualización es del 4,1%, producto del mecanismo que combina la inflación utilizada como referencia con un adicional del 2%. Esto significa que el transporte no solamente acompaña el movimiento general de los precios: por diseño tarifario, aumenta por encima de la inflación tomada para calcular cada actualización.
La diferencia parece pequeña cuando se observa un solo mes. Pero la acumulación transforma el resultado. Si una tarifa se actualiza sistemáticamente con inflación más un adicional, el transporte gana peso frente a otros precios y, especialmente, frente a salarios que no necesariamente reciben una recomposición equivalente.
El boleto deja entonces de ser simplemente otro precio de la economía. Para millones de trabajadores es el costo que deben pagar antes de empezar a trabajar.
En Provincia, apenas subir al colectivo cuesta $1.268
La diferencia entre las tarifas porteñas y bonaerenses vuelve a ser considerable.
En las líneas de la Ciudad, un viaje de hasta 3 kilómetros cuesta $887,86 con SUBE registrada. Entre 3 y 6 kilómetros asciende a $986,56; entre 6 y 12 kilómetros, a $1.062,55; y entre 12 y 27 kilómetros llega a $1.138,61.
En las líneas provinciales bonaerenses, en cambio, el piso comienza en $1.268,20. Entre 3 y 6 kilómetros se pagan $1.398,11; entre 6 y 12 kilómetros, $1.560,77; entre 12 y 27 kilómetros, $1.871,76; y para distancias superiores a 27 kilómetros el boleto alcanza los $2.177,59.
La comparación muestra además una desigualdad territorial: quienes viven más lejos de los grandes centros de empleo pueden terminar pagando más precisamente porque necesitan recorrer mayores distancias para llegar hasta ellos.
El problema adquiere una dimensión social cuando se abandona la tarifa individual y se calcula la movilidad mensual.
Ir a trabajar puede superar los $100.000 mensuales solamente en colectivo
Un trabajador bonaerense que necesite realizar dos viajes diarios de más de 27 kilómetros durante 22 jornadas laborales gastará aproximadamente $95.814 al mes solamente en esos dos boletos cotidianos.
Pero una parte importante de los habitantes del conurbano no llega a su trabajo utilizando un único colectivo.
Si el recorrido exige dos colectivos para ir y otros dos para regresar, incluso utilizando solamente boletos mínimos provinciales, cuatro pasajes diarios de $1.268,20 representan aproximadamente $111.602 mensuales durante 22 días laborales.
Y esa cuenta contempla únicamente el traslado al trabajo.
No incluye viajes para realizar compras, estudiar, concurrir al médico, llevar hijos a la escuela, visitar familiares ni cualquier otra actividad cotidiana.
Ahí aparece el verdadero impacto de las tarifas: el transporte no es un consumo que pueda eliminarse fácilmente cuando el ingreso no alcanza. Para quien debe desplazarse para generar su salario, recortar viajes puede significar directamente recortar oportunidades laborales.
La SUBE sin registrar duplica el castigo en Provincia
No tener registrada la tarjeta vuelve todavía más costoso el viaje.
En las líneas provinciales, el boleto mínimo pasa de $1.268,20 a $2.536,39. Para trayectos de entre 3 y 6 kilómetros aumenta a $2.796,23; entre 6 y 12 kilómetros, a $3.121,53; entre 12 y 27 kilómetros, a $3.743,53; y para distancias superiores a 27 kilómetros alcanza los $4.355,19.
En la Ciudad también existe una penalización importante. El mínimo de $887,86 con tarjeta registrada pasa a $1.411,71 sin registrar, mientras el recorrido de 12 a 27 kilómetros aumenta de $1.138,61 a $1.810,39.
El registro de la SUBE dejó así de ser una cuestión administrativa menor: puede determinar una diferencia de miles de pesos en pocos días de utilización.
La Tarifa Social amortigua el aumento, pero no elimina el gasto
Los beneficiarios de la Tarifa Social mantienen una reducción importante en las líneas provinciales.
El boleto de hasta 3 kilómetros queda en $608,74; el de 3 a 6 kilómetros, en $671,10; entre 6 y 12 kilómetros cuesta $749,17; entre 12 y 27 kilómetros, $898,45; y para recorridos superiores a 27 kilómetros asciende a $1.045,25.
La cobertura funciona como un amortiguador fundamental para los sectores alcanzados, pero incluso una tarifa subsidiada puede representar un gasto considerable cuando debe multiplicarse por cuatro viajes diarios y por varias personas dentro del mismo hogar.
Ese es uno de los problemas de analizar los aumentos exclusivamente en porcentajes.
Un 4,1% puede parecer moderado aislado del resto de la economía. Pero el pasajero no paga porcentajes: paga boletos. Y debe hacerlo todos los días.
Inflación más 2%: una carrera que el salario tiene que alcanzar
El mecanismo de actualización agrega otro problema de largo plazo.
Si la tarifa aumenta sistemáticamente según inflación más 2%, no alcanza con que los salarios simplemente acompañen la inflación para conservar la misma capacidad de viajar.
El transporte puede ir ganando participación dentro del ingreso aun en un escenario de desaceleración inflacionaria.
Eso resulta particularmente importante porque la caída de la inflación suele ser presentada como equivalente a una recuperación del poder adquisitivo. Son fenómenos distintos.
Que los precios aumenten más lentamente no significa que bajen.
Un boleto que llegó a $1.268 seguirá costando $1.268 aunque la inflación del mes siguiente sea menor. Y si vuelve a aplicarse otro incremento, el nuevo porcentaje se calcula sobre esa base ya aumentada.
La desaceleración inflacionaria puede reducir la velocidad con que empeora el gasto, pero no devuelve automáticamente el poder adquisitivo perdido.
El transporte también define quién puede acceder a la ciudad
La discusión excede finalmente al bolsillo.
El transporte público conecta vivienda con empleo, educación, salud y servicios. Su precio determina cuánto cuesta acceder a oportunidades que se encuentran distribuidas de manera desigual en el territorio.
Esto golpea especialmente al conurbano bonaerense. Una persona que vive lejos de los principales centros laborales no solamente puede dedicar más tiempo a trasladarse: también debe pagar más por la distancia que la separa de su trabajo.
Por eso una tarifa elevada puede funcionar como una barrera económica.
Aceptar un empleo ubicado lejos deja de depender solamente del salario ofrecido. También hay que descontar cuánto cuesta llegar, cuánto tiempo demanda y cuántas combinaciones hacen falta.
Un trabajo puede existir y, sin embargo, volverse económicamente menos conveniente si una parte creciente del ingreso termina utilizada simplemente para presentarse cada mañana.
El boleto sube mientras caen los viajes
El nuevo tarifazo aparece además sobre una tendencia preocupante. Los viajes registrados mediante SUBE venían acumulando doce meses consecutivos de caída interanual y en julio habían retrocedido 11,6% respecto del mismo mes del año anterior, con alrededor de 317,9 millones de operaciones.
Ese dato no permite atribuir toda la caída exclusivamente al precio: la cantidad de viajes también depende del empleo, la actividad económica, las modalidades de trabajo y los medios de pago utilizados.
Pero la reducción también alcanzó operaciones mediante QR frente al mes anterior, debilitando la explicación de que todo se deba simplemente a una migración tecnológica entre sistemas de pago.
El cuadro merece atención porque cuando cae sostenidamente el uso del transporte público también puede estar cayendo la movilidad económica de la población.
Menos viajes pueden significar menos consumo, menos empleo presencial, menos actividades o familias que empiezan a seleccionar qué desplazamientos pueden afrontar.
Septiembre trae otra factura para quienes necesitan moverse
La actualización tarifaria vuelve a demostrar por qué el transporte no puede analizarse como cualquier otro precio.
El mínimo porteño quedó en $887,86. El bonaerense, en $1.268,20. Un recorrido provincial superior a 27 kilómetros cuesta $2.177,59, y sin SUBE registrada puede alcanzar los $4.355,19.
Detrás de esos números existe una pregunta mucho más importante que cuánto cuesta un boleto individual: qué proporción del salario necesita destinar una familia simplemente para poder desplazarse.
Porque el transporte es uno de esos gastos que revelan con particular crudeza el deterioro del poder adquisitivo. Una persona puede postergar una compra, cambiar una marca o eliminar una salida. Pero quien vive en el conurbano y trabaja a treinta kilómetros de su casa no puede achicar esa distancia.
Septiembre volvió a aumentar el precio de algo que millones de personas no compran por elección: compran porque necesitan llegar al trabajo. Y cuando viajar para ganar un salario se vuelve cada vez más caro, el ajuste empieza antes incluso de marcar tarjeta.
