Rodolfo Gudino
La Legislatura porteña aprobó que los trabajadores del Gobierno de la Ciudad que combatieron en Malvinas continúen percibiendo después de jubilarse el subsidio creado en 1984. El beneficio será mensual, vitalicio, personal, compatible con jubilaciones y pensiones, pero no podrá transferirse a familiares. Una iniciativa similar había sido sancionada por unanimidad en 2012 y vetada por Mauricio Macri. La memoria fue permanente; el reconocimiento económico necesitó cuatro décadas y dos oportunidades.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires resolvió finalmente que un veterano de Malvinas no deja de serlo cuando se jubila. La conclusión parece sencilla, pero al Estado porteño le llevó 42 años incorporarla al sistema administrativo. Hasta ahora, el subsidio creado en 1984 para excombatientes que trabajaban en el Gobierno de la Ciudad estaba vinculado con la continuidad de la relación laboral. El veterano podía sobrevivir a una guerra, pero el beneficio no siempre sobrevivía al trámite previsional.
La nueva ley extiende de manera permanente el subsidio mensual a quienes se jubilen y también a quienes ya hayan concluido su actividad laboral. Para acceder deberán acreditar su condición de veteranos mediante el certificado expedido por el organismo competente. El beneficio tendrá carácter personal, vitalicio e intransferible y será compatible con jubilaciones y pensiones. La Ciudad decidió que el reconocimiento puede convivir con otros ingresos sin considerar que la memoria constituye una forma de enriquecimiento ilícito.
La medida alcanza específicamente a excombatientes que se desempeñan o se desempeñaron en la Administración Pública porteña y estaban comprendidos por la Ordenanza 39.827. No se trata de un subsidio general para todos los veteranos residentes en la Ciudad, porque existe otro régimen regulado por la Ley 1.075. La norma aprobada corrige una discontinuidad dentro de un beneficio laboral particular. Hasta para reconocer héroes, Buenos Aires necesita más de una ventanilla.
La Ordenanza 39.827 fue sancionada el 22 de mayo de 1984, menos de dos años después de finalizada la guerra. Otorgó un subsidio mensual y permanente a los agentes municipales que hubieran participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Originalmente equivalía al 100% del sueldo básico. Con modificaciones posteriores, se estableció en el 130% de la asignación total correspondiente a la categoría, agrupamiento y tramo de revista del trabajador. La guerra duró 74 días; actualizar su reconocimiento institucional demoró varias décadas.
Con la nueva regulación, quienes se jubilen después de su promulgación conservarán como referencia la categoría, el agrupamiento y el tramo que ocupaban al momento de retirarse. Para quienes ya estén jubilados, se tomará la situación laboral que tenían cuando dejaron la administración. El proyecto procura evitar que el subsidio desaparezca precisamente cuando el veterano ingresa en una etapa de mayor vulnerabilidad económica, sanitaria y emocional. Al Estado se le ocurrió tarde, pero al menos se le ocurrió antes de quedarse sin destinatarios.
Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, resumió el fundamento con una frase imposible de discutir: “Un trabajador puede jubilarse de su empleo, pero nadie se jubila de ser veterano de Malvinas”. La afirmación desnuda el absurdo de la normativa anterior. El vínculo con la Ciudad terminaba; el vínculo con la guerra, evidentemente, no.
Un veterano puede dejar de fichar, entregar su credencial, vaciar un escritorio y comenzar a cobrar una jubilación. Lo que no puede devolver es la experiencia de haber sido enviado a combatir, el frío de las islas, la pérdida de compañeros, las secuelas físicas ni las heridas psicológicas. El expediente laboral tiene fecha de cierre; la memoria traumática suele carecer de sello de salida.
La norma aclara que el subsidio solo podrá ser percibido por el titular y no se transferirá a cónyuges, hijos u otros familiares. Esta limitación la diferencia de una propuesta anterior que había contemplado la continuidad del beneficio después del fallecimiento del veterano. El reconocimiento aprobado es vitalicio en el sentido más literal: dura exactamente lo que dure la vida de la persona reconocida. Después, el Estado vuelve a archivar la carpeta.
La demora resulta todavía más difícil de justificar porque no es la primera vez que la Legislatura intenta resolver el problema. En diciembre de 2012 aprobó por unanimidad la Ley 4.437, que establecía el carácter vitalicio del subsidio y permitía conservarlo después de la jubilación. Aquel texto incluía además mecanismos de continuidad para determinados familiares. Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno, lo vetó completamente en enero de 2013. La unanimidad legislativa chocó contra una sola firma; la épica de Malvinas no logró superar el control de gastos.
Pasaron casi catorce años desde aquel veto. Durante ese tiempo, los veteranos siguieron envejeciendo, jubilándose y reclamando que un beneficio denominado “mensual y permanente” no se volviera transitorio cuando dejaban de trabajar. La burocracia porteña encontró una interpretación notable de la permanencia: duraba para siempre, siempre que la persona siguiera empleada.
El nuevo proyecto fue presentado en 2025 por la Defensoría del Pueblo y recuperó impulso después de que La Blunda asumiera al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Antes de llegar al recinto atravesó un prolongado debate en comisiones. Incluso para corregir una injusticia evidente, la Legislatura necesitó consultar Presupuesto, calcular impacto y confirmar que un veterano jubilado continuaba siendo la misma persona que el día anterior. La identidad histórica quedó sujeta a dictamen.
La aprobación tiene un valor concreto, pero también expone la distancia entre los discursos patrióticos y las políticas públicas. Cada 2 de abril, funcionarios de todos los partidos pronuncian frases sobre memoria, soberanía y honor. Depositan coronas, cantan el himno y publican fotografías junto a una bandera. Después, los veteranos deben pasar el resto del año demostrando que el reconocimiento no puede suspenderse porque cumplieron la edad jubilatoria. La patria suele ser eterna durante el acto y presupuestaria cuando llega el lunes.
“Malvinizar en democracia significa reconocer a los veteranos durante toda su vida”, sostuvo La Blunda. También significa honrar a los caídos, acompañar a las familias, preservar la verdad histórica y sostener el reclamo de soberanía mediante vías diplomáticas y pacíficas. No debería significar utilizar Malvinas como decoración discursiva mientras se discute durante décadas si corresponde mantener un subsidio.
La medida llega, además, en un momento en que la cuestión Malvinas volvió al centro del debate por decisiones del Gobierno nacional sobre el Atlántico Sur, el puerto de Ushuaia y la relación con el Reino Unido. Mientras algunos funcionarios llaman “opereta” a los cuestionamientos por la presencia de un petrolero británico, la Legislatura porteña reconoce que la soberanía también se defiende atendiendo a quienes combatieron. Una política exterior puede escribirse en comunicados; una política de memoria se comprueba en los recibos.
La extensión no constituye un privilegio ni una recompensa ornamental. Es una reparación económica para personas que participaron en una guerra decidida por una dictadura y regresaron a un país que durante años prefirió ocultarlas. Muchos veteranos enfrentaron desempleo, enfermedades, problemas de salud mental, aislamiento y un reconocimiento tardío. El subsidio no borra esa historia, pero evita agregarle una nueva humillación administrativa.
La Legislatura hizo lo correcto. No corresponde satirizar el beneficio ni a sus destinatarios. Lo satírico es que haya sido necesario explicar en 2026 que jubilarse no modifica el pasado de una persona.
Los veteranos nunca dejaron de ser veteranos. Lo único que se había jubilado antes de tiempo era la responsabilidad del Estado.
GONZALO SCHWEIZER
Melina Schweizer
