El Gobierno modificó el cálculo de la Tarifa Social y el descuento del 55% dejará de actualizarse con cada aumento del boleto. Jubilados, beneficiarios de la AUH y otros sectores vulnerables perderán poder de compra frente a las próximas subas del transporte.
El Gobierno nacional modificó el esquema de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE y congeló la base sobre la que se calcula el descuento destinado a millones de usuarios del transporte público. La medida comenzó a regir este 1 de julio mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte y representa un cambio que reducirá progresivamente el beneficio cada vez que aumente el precio de los boletos.
Hasta ahora, el descuento equivalía al 55% del valor vigente del pasaje, por lo que el subsidio acompañaba automáticamente cada actualización tarifaria. Con la nueva reglamentación, ese porcentaje seguirá existiendo, pero únicamente se aplicará sobre una «tarifa de referencia» congelada al 30 de junio de 2026, independientemente de cuánto aumente el boleto en el futuro.
En la práctica, esto significa que el aporte estatal dejará de crecer junto con las tarifas. Si el precio del transporte continúa aumentando, la diferencia deberá ser afrontada íntegramente por los beneficiarios, reduciendo el alcance real del subsidio.
La modificación impacta sobre algunos de los sectores con menores ingresos del país. Entre los alcanzados se encuentran jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, pensiones no contributivas, personal de casas particulares, monotributistas sociales, excombatientes de Malvinas y personas que perciben prestaciones por desempleo, entre otros grupos incluidos en el régimen de Tarifa Social.
La Secretaría de Transporte justificó el cambio al sostener que las tarifas del transporte presentan «una dinámica frecuente y heterogénea» debido a que muchas actualizaciones dependen de provincias y municipios. Según el Gobierno, esa situación dificultaba proyectar el costo fiscal del beneficio, por lo que decidió establecer una referencia fija para calcular el subsidio.
Sin embargo, el efecto económico recaerá directamente sobre los usuarios. Cada incremento del boleto reducirá el porcentaje efectivo del descuento, obligando a millones de pasajeros a destinar una mayor parte de sus ingresos al transporte público.
La decisión se conoce en un contexto de sucesivos aumentos tarifarios. Desde el inicio de la actual gestión, los boletos de colectivos y trenes registraron incrementos superiores al 1.000% en algunas jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que distintos informes privados advierten que el gasto en transporte representa una porción cada vez mayor del presupuesto familiar.
El cambio en la Tarifa Social se suma a otros recortes implementados sobre subsidios a los servicios públicos y forma parte de la estrategia oficial para reducir el gasto del Estado. A partir de ahora, aunque continúen las subas en el transporte, el Estado nacional dejará de actualizar automáticamente la ayuda destinada a los usuarios de menores recursos, trasladando una mayor parte del costo de los viajes al bolsillo de los pasajeros.



























