Melina Schweizer
La Habana eliminó 46 de las 125 actividades prohibidas al sector no estatal y modificó otras 35. Las nuevas reglas permiten farmacias privadas reguladas, clases particulares, centros de cuidado infantil y usufructo de tierras, pero no venden el suelo ni transfieren los sistemas públicos de salud y educación. El giro busca conseguir producción, divisas y abastecimiento en una economía golpeada por la ineficiencia interna, los apagones y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
Cuba profundizó la apertura hacia el sector privado, pero no anunció la privatización de la tierra, la salud ni la educación. El título difundido por El Destape exagera el contenido de las reformas y confunde la autorización de determinadas actividades no estatales con la transferencia de sistemas públicos completos a propietarios privados.
La diferencia no es menor. Privatizar supone que un activo, una empresa o un servicio estatal pase total o parcialmente a manos privadas. Las medidas cubanas mantienen la propiedad pública de la tierra, la conducción estatal de los sistemas sanitario y educativo y la capacidad del Gobierno para autorizar, regular o cancelar cada actividad.
Lo que cambió es el perímetro permitido al capital privado. El Estado cubano, incapaz de abastecer por sí solo bienes y servicios esenciales, reconoce un espacio mayor para empresas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. No abandona la conducción de la economía, pero admite que su estructura actual ya no consigue sostenerla.
La reforma es profunda, pero el título no describe lo aprobado
Las modificaciones forman parte de un paquete de 176 transformaciones económicas anunciado en junio. La normativa posterior redujo de 125 a 79 las actividades prohibidas al sector no estatal: 46 dejaron de estar vedadas y otras 35 fueron reformuladas o flexibilizadas. Actualmente funcionan en Cuba más de 15.200 mipymes y cooperativas no agropecuarias.
El cambio amplía el objeto social de las empresas privadas, simplifica autorizaciones, facilita la apertura de cuentas, permite nuevos mecanismos de inversión y reconoce actividades que hasta ahora se desarrollaban dentro de zonas grises o directamente en la informalidad.
También habilita empresas privadas con más de cien trabajadores, nuevas formas societarias y una participación más amplia de cubanos emigrados y extranjeros con residencia permanente. Una persona podrá integrar más de una empresa y los emprendimientos tendrán mayores posibilidades de realizar operaciones comerciales sin atravesar cada vez la maquinaria burocrática estatal.
Para un sistema construido sobre la primacía absoluta de la propiedad estatal, estos cambios representan una transformación significativa. Pero Cuba no se convirtió de repente en una economía liberal ni anunció una liquidación general de los bienes públicos.
La tierra se entrega en usufructo, no se vende
Las mipymes y otras formas de gestión privada podrán solicitar tierras para utilizarlas durante un período determinado, con límites de extensión y posibilidad de prórroga. La aprobación será descentralizada y se pretende reducir los pasos administrativos que retrasan los proyectos productivos.
La propiedad del suelo continúa en manos del Estado. La empresa obtiene el derecho a utilizarlo bajo condiciones establecidas por La Habana, pero no puede equipararse ese mecanismo con la venta definitiva de tierras.
Cuba utiliza desde hace años distintas formas de usufructo para intentar poner en producción superficies estatales ociosas. El problema no ha sido solamente quién trabaja la tierra. La agricultura sufre carencia de combustible, fertilizantes, maquinaria, sistemas de riego, transporte, almacenamiento y libertad para fijar precios o decidir el destino de la producción.
Simplificar la entrega puede aumentar la superficie cultivada. No garantiza alimentos si el productor continúa atrapado entre controles administrativos, falta de insumos, mercados fragmentados y una moneda deteriorada.
La reforma reconoce que la propiedad estatal, por sí sola, no produce. Pero todavía conserva suficientes mecanismos de intervención como para limitar a quien finalmente consiga hacerlo.
Farmacias privadas no significa privatizar la salud
Las nuevas disposiciones permiten farmacias gestionadas por actores no estatales, siempre que reciban autorización, cuenten con personal profesional y respeten las reglas de almacenamiento y comercialización.
Esos establecimientos no podrán vender medicamentos hospitalarios, drogas controladas ni productos excluidos por la autoridad sanitaria. Los fármacos deberán encontrarse registrados oficialmente. Según la información difundida, se presentaron 36 proyectos: tres se encontraban en proceso de aprobación y otros 14 gestionaban los avales necesarios.
La apertura intenta responder a una crisis visible. Las farmacias estatales padecen faltantes persistentes y el sistema sanitario enfrenta dificultades para conseguir medicamentos, material descartable, combustible y refrigeración. Los apagones comprometen incluso la cadena de frío requerida para vacunas y otros productos sensibles.
Permitir establecimientos privados puede aumentar la disponibilidad para quienes tengan dinero. También corre el riesgo de consolidar una salud dividida: un circuito estatal desabastecido para quienes dependen de salarios y pensiones, y otro privado con productos importados para familias que reciben divisas desde el exterior.
El Estado no privatiza el sistema de salud, pero puede terminar privatizando de hecho el acceso oportuno a determinados medicamentos si no garantiza que la apertura complemente, en lugar de sustituir, la provisión pública.
Tampoco se privatizó la educación
La reforma autoriza clases particulares, enseñanza de idiomas, servicios de repaso, mecanografía, taquigrafía y centros privados de cuidado infantil. Para ejercer estas actividades se exigirán niveles educativos determinados, con algunas excepciones dentro de los servicios de cuidado.
Nada de eso implica entregar escuelas, universidades o planes de estudio a empresas. El sistema educativo permanece bajo conducción estatal.
Sin embargo, la expansión de los servicios particulares revela el deterioro de una de las principales conquistas sociales de la Revolución. El curso escolar comenzó en medio de una escasez estimada de 21.000 docentes, falta de uniformes y materiales, problemas de transporte y establecimientos afectados por cortes de electricidad.
Cuando las escuelas no consiguen sostener las clases y las familias deben pagar apoyo particular, el derecho continúa siendo público en las normas, pero su ejercicio depende cada vez más de recursos privados.
La desigualdad no necesita que el Estado venda una escuela. Puede crecer cuando algunos alumnos acceden a profesores, iluminación, dispositivos y conectividad mientras otros estudian en aulas sin energía y regresan a viviendas sometidas a apagones.
El vendedor ambulante también entra en la legalidad
La reforma reconoce al vendedor ambulante como una categoría formal del trabajo por cuenta propia. La actividad podrá realizarse de manera habitual u ocasional sin un establecimiento permanente y contará con una identificación específica.
La medida parece menor frente a la apertura empresarial, pero reconoce una realidad extendida: buena parte de la supervivencia cotidiana cubana ya ocurre por fuera de las estructuras estatales tradicionales.
Formalizar puede ofrecer seguridad jurídica y permitir controles sanitarios o tributarios. También puede convertirse en otra capa burocrática si el carnet funciona principalmente como mecanismo de vigilancia y recaudación.
El éxito dependerá de que la legalización facilite el trabajo y no se limite a colocar un permiso sobre una pobreza que el Estado no consigue resolver.
Una apertura forzada por la peor crisis en décadas
Cuba atraviesa una crisis económica y humanitaria agravada durante los últimos seis años. La producción se contrajo, el turismo perdió dinamismo, la inflación erosionó los ingresos y los apagones se convirtieron en parte de la vida cotidiana. La falta de combustible paraliza transportes, fábricas, bombas de agua y servicios sanitarios.
Durante 2026, el endurecimiento estadounidense sobre los suministros energéticos profundizó el colapso. La población soporta extensos cortes de electricidad, dificultades para conservar alimentos, escasez de agua y problemas crecientes para obtener medicamentos.
El bloqueo y las sanciones de Estados Unidos tienen responsabilidad directa. Obstaculizan transacciones bancarias, encarecen importaciones, intimidan proveedores y restringen el acceso a combustible, crédito y tecnología. Washington no castiga únicamente al Gobierno: las consecuencias recaen sobre la población.
Pero atribuir toda la crisis al cerco exterior también resulta insuficiente. La centralización, la burocracia, los errores monetarios, la baja productividad, el deterioro de la infraestructura y la desconfianza hacia la iniciativa privada contribuyeron a la fragilidad económica.
Las sanciones apretaron el cuello de una economía que ya respiraba con dificultad.
Trump busca que la apertura ocurra de rodillas
La administración de Donald Trump endureció las sanciones mientras La Habana anunciaba las reformas. Washington castigó a nuevas empresas cubanas y a integrantes de la familia Castro, además de afectar compañías relacionadas con energía, banca y minería.
La presión persigue algo más amplio que corregir políticas económicas. Estados Unidos pretende provocar una crisis de gobernabilidad, dividir a la dirigencia cubana y forzar una transformación política en condiciones definidas desde Washington.
La apertura privada aparece entonces bajo una doble presión. La población necesita alimentos, medicamentos y electricidad, pero cada intento de captar inversiones tropieza con las sanciones que amenazan a bancos y empresas extranjeras.
Trump exige reformas mientras dificulta que produzcan resultados. Si fracasan, presentará el colapso como prueba de la inviabilidad del sistema cubano; si prosperan, intentará atribuirlas a la presión estadounidense.
La política consiste en obligar a Cuba a cambiar sin permitirle controlar el cambio.
La Habana mira a China y Vietnam, pero llega debilitada
El modelo que inspira parte de la transformación combina conducción política del Partido Comunista con mayor participación del mercado, la inversión extranjera y las empresas privadas. China y Vietnam realizaron aperturas económicas profundas sin entregar el control político.
Cuba intenta adoptar algunos de esos mecanismos, pero enfrenta condiciones mucho menos favorables. Su mercado interno es pequeño, la infraestructura está deteriorada, la emigración redujo la población económicamente activa y el país se encuentra a pocos kilómetros de una potencia que utiliza sanciones como instrumento permanente.
Además, la reforma cubana continúa sometida a una elevada discrecionalidad administrativa. El Estado autoriza las empresas, define las actividades, administra las divisas y conserva la capacidad de modificar las reglas. Sin seguridad jurídica, acceso estable a moneda extranjera y libertad operativa suficiente, muchos inversores pueden considerar que el riesgo supera cualquier oportunidad.
Abrir una puerta no sirve demasiado si el funcionario que entrega la llave puede cambiar la cerradura al día siguiente.
El sector privado puede producir riqueza y también desigualdad
La expansión de mipymes ya modificó el paisaje económico cubano. Los negocios privados abastecen productos que el Estado no consigue ofrecer, generan empleos y crean circuitos de importación. Pero operan con precios inaccesibles para quienes cobran salarios públicos o pensiones en pesos cubanos.
Las familias que reciben remesas comienzan con una ventaja decisiva. Pueden invertir, importar, comprar en mercados dolarizados y pagar servicios privados. Quienes no tienen parientes en el extranjero quedan atrapados dentro de una economía estatal cada vez más empobrecida.
La apertura puede aumentar la producción sin mejorar automáticamente la igualdad. Incluso puede consolidar nuevas diferencias de clase, territorio, color de piel y acceso a divisas.
La población afrocubana, históricamente con menor presencia en las redes migratorias más rentables y menor recepción de remesas, corre el riesgo de quedar subrepresentada entre los propietarios y sobrerrepresentada entre quienes dependen del deteriorado salario estatal. Una reforma que no incluya crédito accesible y políticas distributivas puede reproducir mediante el mercado desigualdades que el discurso oficial afirma haber superado.
No es el final del socialismo, sino la admisión de un límite
La Habana no privatizó Cuba. Reconoció que el Estado no dispone de capacidad suficiente para administrar, producir y distribuir todo lo que la sociedad necesita.
Las farmacias privadas no reemplazan al sistema sanitario. Las clases particulares no sustituyen la educación pública. El usufructo no convierte la tierra estatal en propiedad empresarial. Pero cada apertura muestra una función que el Estado dejó de cubrir adecuadamente.
El dilema cubano no se resuelve regresando al monopolio estatal ni entregando los derechos sociales al mejor postor. Necesita producción privada con regulación pública, inversión con soberanía, protección social, seguridad jurídica y una democratización económica que no concentre las oportunidades entre quienes poseen dólares o conexiones políticas.
Llamar “privatización” a toda la reforma impide comprender su verdadera importancia. Cuba no está vendiendo la isla: está permitiendo que actores privados ocupen espacios que el aparato estatal ya no puede sostener solo.
El peligro no consiste únicamente en que avance el mercado. Consiste en que llegue antes que las reglas, crezca más rápido que los salarios y convierta en mercancía aquello que el Estado continúa prometiendo como derecho.
Rodolfo Gudino
REDACCIÓN
