Melina Schweizer
Los trabajadores de la ANAC realizarán medidas de fuerza el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre, de 9 a 12 y de 18 a 21. El conflicto alcanza a Ezeiza, Aeroparque y otras 25 terminales, aunque no supone el cierre continuo de los aeropuertos durante 48 horas. ATE reclama salarios adeudados, reapertura de paritarias y recursos para las áreas responsables de fiscalización, incendios y seguridad operacional.
El conflicto salarial de la Administración Nacional de Aviación Civil llegará esta semana a las pistas. Los trabajadores nucleados en ATE realizarán paros, asambleas y movilizaciones durante el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en 27 aeropuertos del país, después de denunciar que el Gobierno incumplió acuerdos paritarios y profundizó el desfinanciamiento de áreas operativas.
La protesta no se extenderá ininterrumpidamente durante 48 horas. Las medidas se concentrarán en dos franjas de tres horas por jornada: de 9 a 12 y de 18 a 21. Fuera de esos horarios, la actividad debería desarrollarse con normalidad, aunque los retrasos acumulados podrían trasladarse al resto de la programación.
Aeroparque y Ezeiza serán los puntos más sensibles por la cantidad de vuelos que concentran y porque cualquier demora en Buenos Aires se propaga rápidamente al interior. Una aeronave que sale tarde desde Aeroparque puede afectar todas las operaciones posteriores realizadas con el mismo avión, incluso cuando despeguen desde aeropuertos no alcanzados directamente por una asamblea.
ATE advirtió que podrían producirse demoras, reprogramaciones y cancelaciones. Sin embargo, todavía no existe una nómina general de vuelos suspendidos. El impacto dependerá de la adhesión, las áreas afectadas, la reorganización realizada por cada compañía y las decisiones que adopte el Gobierno durante las horas previas.
Los pasajeros con viajes programados deberán consultar directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a las terminales. Anunciar desde ahora una paralización total sería incorrecto: existe una medida nacional, pero no están cancelados todos los vuelos.
Quiénes realizan el paro
La convocatoria corresponde a los trabajadores estatales de la ANAC. No se trata de un paro de pilotos, tripulantes, maleteros ni controladores aéreos pertenecientes a otros sindicatos, aunque la ausencia de determinadas funciones de la autoridad aeronáutica puede condicionar la operación completa.
La ANAC regula, fiscaliza y administra la aviación civil. Sus trabajadores intervienen en inspecciones, habilitaciones, sanidad, control documental, seguridad operacional y servicios aeroportuarios. También cumplen tareas en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, cuya disponibilidad resulta indispensable para mantener habilitada una terminal.
Un aeropuerto no funciona solamente porque exista una pista y llegue una tripulación. Necesita controles, fiscalización, respuestas frente a incendios, personal sanitario y capacidad para garantizar que cada operación cumpla las normas de seguridad.
Por eso el deterioro laboral denunciado no debería analizarse únicamente como una discusión salarial. Cuando el ajuste alcanza a los organismos responsables de controlar el sistema aerocomercial, también aparece una cuestión relacionada con la seguridad de pasajeros y trabajadores.
Qué vuelos deberán garantizarse
ATE informó que durante las protestas garantizará los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y destinados al traslado de órganos. Pero la normativa vigente establece un universo más amplio de servicios mínimos.
La Resolución 173/2026 de la ANAC reglamentó el funcionamiento de la navegación aérea durante medidas gremiales y dispuso que debe preservarse al menos el 75% de la prestación considerada esencial. Tampoco pueden afectarse las aeronaves públicas o sanitarias, los vuelos que hayan comenzado antes del inicio de la protesta ni las rutas hacia destinos que posean una única frecuencia diaria.
Esto significa que la aplicación efectiva de la huelga será objeto de una nueva disputa. El sindicato busca ejercer presión mediante interrupciones visibles; el Gobierno cuenta con una reglamentación que limita su alcance y puede exigir una prestación mínima elevada.
La medida, por lo tanto, no debería cerrar completamente los aeropuertos. Pero seis horas diarias de protestas, distribuidas en momentos de alta actividad, todavía pueden generar alteraciones importantes.
La normativa también establece que los planes de vuelo presentados antes de cada franja deben ser procesados y que la actividad tiene que comenzar a normalizarse dentro de los treinta minutos posteriores al final de la medida. Eso reduce el margen sindical, pero no elimina el efecto acumulativo de las demoras.
Salarios acordados que el Gobierno no habría pagado
ATE atribuye el conflicto al incumplimiento de compromisos asumidos desde enero. El gremio exige que se incorporen a los salarios los aumentos correspondientes a conceptos extrap aritarios, la reapertura de la negociación sectorial y una actualización de los ingresos acorde con las responsabilidades del personal.
“El salario se encuentra absolutamente deteriorado y no se corresponde con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Según el sindicato, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública Nacional supera el 40% desde la llegada de Milei al Gobierno.
La diferencia entre un acuerdo salarial insuficiente y uno incumplido tampoco es menor. ATE no reclama solamente una nueva recomposición: denuncia que el Ejecutivo ni siquiera habría abonado correctamente incrementos ya convenidos.
El Gobierno todavía debe explicar qué conceptos reconoce como adeudados, por qué no fueron incorporados y qué respuesta ofreció durante las negociaciones anteriores. Sin esa información, la discusión queda reducida a responsabilizar a los trabajadores por las consecuencias del paro sin analizar el origen del conflicto.
Aguiar sostuvo que la medida fue comunicada con anticipación suficiente para que las autoridades pudieran responder o reorganizar los vuelos. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores”, afirmó.
La advertencia busca trasladar el costo político hacia el Poder Ejecutivo: el gremio anunció fechas y horarios, pero no recibió una propuesta que permitiera suspender las protestas.
El reclamo por incendios y fiscalización
La discusión más sensible aparece en el pedido de partidas presupuestarias para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y las áreas de fiscalización aeroportuaria.
El servicio contra incendios no es accesorio. La categoría operativa de cada aeropuerto determina qué aeronaves pueden aterrizar y exige una cantidad específica de personal, vehículos y agentes extintores. Si esos recursos no están disponibles, la terminal puede perder capacidad operativa.
ATE denuncia que las condiciones laborales y materiales empeoraron, mientras aumentan las exigencias sobre quienes deben garantizar la seguridad. También cuestiona que se anuncien obras de ampliación en Ezeiza sin actualizar paralelamente los fondos destinados al personal, los equipos y las tareas de control.
La contradicción es evidente: inaugurar infraestructura sin financiar a quienes deben fiscalizarla puede producir aeropuertos más grandes con organismos cada vez más debilitados.
La política libertaria suele presentar la reducción del gasto estatal como si cada partida eliminada correspondiera a una oficina innecesaria. En el sistema aerocomercial, ese relato encuentra un límite material. Un inspector, un bombero aeroportuario o un agente sanitario no representan burocracia abstracta: cumplen funciones necesarias para que un avión pueda despegar con seguridad.
Un conflicto que el Gobierno ya intentó frenar
No es la primera protesta de la ANAC durante 2026. En marzo, la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria para impedir medidas de ATE en los aeropuertos. El conflicto continuó y en abril volvieron a anunciarse acciones después del vencimiento de aquella instancia.
La reiteración demuestra que las conciliaciones pueden postergar el problema, pero no reemplazan una negociación salarial. Si después del período obligatorio no existe una propuesta, el conflicto reaparece con mayor desgaste.
El Gobierno podría volver a recurrir a esa herramienta, especialmente porque considera la actividad aeronáutica un servicio esencial. También puede apoyarse en la obligación de garantizar el 75% de las prestaciones.
Pero utilizar normas para reducir el impacto del paro no responde por qué los salarios perdieron poder adquisitivo, por qué existen conceptos supuestamente impagos ni por qué faltan partidas para áreas operativas.
La estrategia oficial parece orientada a asegurar que los aviones continúen saliendo sin revisar las condiciones de quienes sostienen el sistema.
Lo que deben hacer los pasajeros
Quienes tengan vuelos el 3 o 4 de septiembre no deberían cancelar anticipadamente sus viajes ni dirigirse al aeropuerto sin verificar la programación.
Las mayores posibilidades de alteraciones se concentran de 9 a 12 y de 18 a 21, aunque una demora puede afectar servicios posteriores. Cada pasajero debe revisar el correo y las notificaciones de la compañía, consultar el estado del vuelo y confirmar cualquier modificación antes de salir.
Las aerolíneas pueden adelantar, retrasar o reprogramar partidas para evitar las franjas de protesta. Los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales, de traslado de órganos, los que ya estén en operación y aquellos vinculados con destinos de una única frecuencia diaria deberán ser preservados.
En caso de cancelación, corresponde exigir a la aerolínea información clara sobre reprogramación y asistencia. La existencia de un conflicto gremial no elimina automáticamente todos los derechos de los pasajeros.
El ajuste también compromete la seguridad
El Gobierno intentará presentar la protesta como otro privilegio sindical que perjudica a quienes necesitan viajar. ATE buscará demostrar que los responsables son los funcionarios que incumplieron acuerdos y dejaron deteriorar salarios y condiciones de trabajo.
Detrás de esa confrontación existe una discusión más profunda. La aviación civil funciona mediante procedimientos estrictos porque cualquier falla puede producir consecuencias irreversibles. Debilitar al organismo encargado de fiscalizarlos no genera eficiencia por sí mismo.
El Estado puede reorganizar estructuras, revisar gastos y exigir productividad. Lo que no puede hacer es tratar a los trabajadores responsables de la seguridad operacional como un costo prescindible y luego sorprenderse cuando el conflicto llega a las pistas.
El 3 y 4 de septiembre no estarán cerrados todos los aeropuertos durante 48 horas, pero el sistema operará bajo presión en cuatro franjas críticas. Las demoras podrán atribuirse inmediatamente al paro; la causa de fondo comenzó mucho antes, cuando el Gobierno creyó que también podía ajustar la seguridad aérea sin que nadie levantara vuelo.
Rodolfo Gudino
