Rodolfo GudinoTrump apenas dijo que revisa la posición estadounidense y no anunció ningún respaldo a la soberanía argentina, pero Milei prepara una cadena nacional para presentar el gesto como un triunfo diplomático. Mientras tanto, Rockhopper y Navitas ya aprobaron una inversión de US$2.100 millones para comenzar a extraer petróleo de Sea Lion en 2028. Excombatientes y abogados ambientalistas acudieron a la Justicia Federal de Río Grande para intentar frenar las obras, los contratos y el financiamiento.
Javier Milei descubrió que Malvinas era una causa “sagrada” después de que Donald Trump pronunciara unas pocas palabras desde el Salón Oval. El presidente estadounidense dijo que estaba revisando la posición de Washington sobre las islas, pero no anunció un cambio de política, no reconoció la soberanía argentina y tampoco convocó al Reino Unido a negociar.
La declaración fue deliberadamente ambigua. “Reviso todas las posiciones”, respondió Trump, sin explicar qué alternativa analiza ni cuándo adoptaría una decisión. Reuters informó que una posible modificación había aparecido previamente entre las herramientas evaluadas por Washington para presionar a los aliados de la OTAN que se resistían a acompañar las operaciones estadounidenses contra Irán. Malvinas ingresó así en una negociación relacionada con el gasto militar europeo, no como resultado confirmado de una ofensiva diplomática argentina.
La Casa Rosada, sin embargo, se apresuró a transformar la insinuación en un acontecimiento histórico. Milei anunció una cadena nacional para el jueves y anticipó que expondrá supuestos avances en el reclamo de soberanía. El contenido permanece bajo reserva, pero el Gobierno intenta instalar que la afinidad personal del Presidente con Trump habría conseguido lo que décadas de diplomacia argentina no lograron.
Por ahora, no existe un avance concreto que justifique semejante despliegue. Existe una frase de Trump, una especulación sobre un posible giro estadounidense y una cadena nacional organizada antes de que Washington adopte una sola medida.
Mientras Milei prepara el decorado para anunciar una victoria todavía inexistente, las empresas que pretenden extraer petróleo de la plataforma continental argentina avanzan con contratos, financiamiento, equipos y fechas precisas.
Trump puede presionar a Londres, pero no devolver las islas
Estados Unidos posee capacidad para modificar el equilibrio diplomático. Podría reconocer expresamente la existencia de la disputa, respaldar el llamado de las Naciones Unidas a reanudar las negociaciones, desalentar inversiones petroleras o abandonar su tradicional protección estratégica al Reino Unido.
Ninguna de esas decisiones fue anunciada.
Incluso un eventual cambio estadounidense tampoco resolvería la disputa por sí mismo. La soberanía sobre las Malvinas debe negociarse entre Argentina y el Reino Unido conforme a la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU. Washington puede aumentar la presión sobre Londres, pero no puede transferir un territorio cuya ocupación mantiene y administra el gobierno británico.
La frase de Trump debe leerse, además, dentro de su política transaccional. El mandatario estadounidense utiliza aranceles, garantías militares, territorios y conflictos internacionales como herramientas de negociación. La posible revisión sobre Malvinas surgió mientras presiona al gobierno británico para elevar el gasto en Defensa y acompañar sus intervenciones militares.
Trump no se volvió anticolonialista. Encontró otro elemento para negociar con Londres.
Eso no significa que Argentina deba despreciar una oportunidad diplomática. Si Washington abandona su ambigüedad histórica y respalda formalmente la reanudación de las conversaciones, el cambio sería relevante. Pero una política exterior seria debería esperar la decisión, precisar sus alcances y convertirla en una posición institucional antes de proclamar una victoria.
Milei eligió el orden inverso: primero organiza la cadena nacional y después espera que Trump produzca la noticia.
La cuestión que el Gobierno no mantuvo completamente congelada
Tampoco sería exacto afirmar que la administración libertaria abandonó todos los foros internacionales. El 25 de junio de 2026, el canciller Pablo Quirno encabezó la delegación argentina ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. El organismo volvió a aprobar por consenso una resolución que reclama a Argentina y al Reino Unido la reanudación de las negociaciones de soberanía.
Quirno también denunció ante el Comité el avance de Sea Lion y recordó que la explotación unilateral de los recursos contradice la Resolución 31/49, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones mientras continúe pendiente la disputa.
La Cancillería había rechazado formalmente en diciembre de 2025 la decisión final de inversión de Rockhopper y Navitas. Recordó que ambas empresas operan sin autorización argentina y que fueron sancionadas e inhabilitadas conforme a la Ley 26.659.
Esas acciones existen y deben ser reconocidas. El problema es que no consiguieron detener el proyecto ni fueron acompañadas hasta ahora por una estrategia capaz de comprometer a bancos, aseguradoras, proveedores y mercados internacionales.
La diplomacia argentina cumplió las formalidades; las petroleras consiguieron los dólares.
Sea Lion ya no es una amenaza futura
El verdadero avance sobre Malvinas no ocurre en una cadena nacional. Ocurre 220 kilómetros al norte de las islas, donde Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum preparan la explotación del yacimiento Sea Lion.
En diciembre de 2025, las dos compañías adoptaron la decisión final de inversión y cerraron el esquema financiero de la primera fase. El presupuesto previsto desde esa decisión hasta la finalización del proyecto es de US$2.100 millones. También contrataron deuda por US$1.000 millones y realizaron colocaciones de capital para financiar las obras.
La primera fase busca recuperar aproximadamente 170 millones de barriles, alcanzar una producción máxima cercana a los 50.000 barriles diarios y obtener el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028.
Estos datos permiten corregir una confusión importante. Los 120.000 o 125.000 barriles diarios mencionados en distintas publicaciones no corresponden a la producción inicial prevista para 2028. Esa cifra se relaciona con una segunda unidad flotante que Navitas pretende incorporar para acelerar fases posteriores.
En agosto de 2026, una subsidiaria de Navitas ejerció una opción para comprar por unos US$125 millones la unidad flotante OSX-1. La compañía proyecta utilizarla en el desarrollo del área central de Sea Lion, que podría incluir 38 pozos adicionales y elevar la capacidad en otros 125.000 barriles diarios. Esa expansión todavía necesita un nuevo plan, aprobación y decisión de inversión; su eventual producción apunta hacia finales de 2030.
El dato político no cambia: mientras Milei promete revelar avances diplomáticos, las compañías aceleran la infraestructura necesaria para transformar la ocupación territorial en explotación económica permanente.
La demanda que intenta golpear donde más duele
Frente al avance empresarial, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo ante el Juzgado Federal de Río Grande.
La demanda está dirigida contra Rockhopper y Navitas. Solicita suspender las obras, impedir nuevos contratos e identificar a los bancos, fondos, proveedores, aseguradoras y demás actores que sostienen financieramente Sea Lion.
La estrategia combina soberanía y protección ambiental. Los demandantes sostienen que la explotación afectaría las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur, con posibles consecuencias sobre ecosistemas conectados con la Antártida. También advierten sobre los riesgos propios de perforaciones submarinas, oleoductos y unidades flotantes de almacenamiento en una zona ambientalmente sensible y sometida a una disputa internacional.
La acción preventiva busca intervenir antes de que aparezca el daño. Esa característica resulta central porque, una vez perforados los pozos e instaladas las unidades de producción, detener la actividad sería mucho más difícil y costoso.
La demanda también intenta afectar la viabilidad económica. Aunque Rockhopper afirma tener financiada la primera fase, el proyecto depende de acreedores, mercados de capitales, seguros y empresas con operaciones en distintas jurisdicciones. Una orden judicial, un embargo o una advertencia formal a esos participantes podría aumentar los riesgos legales y financieros.
Argentina quizá no pueda ejecutar fácilmente una sentencia dentro de las islas ocupadas, pero sí puede perseguir activos, contratos y actores que mantengan presencia en territorio continental o utilicen sistemas financieros sujetos a otras jurisdicciones.
Ahí aparece un camino más concreto que una declaración televisiva: elevar el costo legal de participar en el saqueo.
Las sanciones existen, pero las empresas continúan financiándose
Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina durante veinte años en 2013. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. La legislación nacional también permite sancionar a personas y compañías que presten servicios o financien actividades hidrocarburíferas no autorizadas sobre la plataforma continental.
Sin embargo, las sanciones vigentes no impidieron que Rockhopper cotizara en Londres, captara capital ni consiguiera financiamiento para Sea Lion. Tampoco evitaron que Navitas adquiriera equipamiento y celebrara contratos.
La diferencia entre una protesta diplomática y una política efectiva consiste precisamente en perseguir toda la cadena económica. No alcanza con declarar ilegal a la petrolera principal si sus bancos, aseguradoras, proveedores tecnológicos y compradores potenciales pueden continuar operando sin consecuencias.
El Gobierno podría actualizar la nómina de compañías involucradas, iniciar procedimientos contra prestadores, comunicar el riesgo jurídico a los mercados bursátiles, coordinar acciones con países aliados y advertir que cualquier barril extraído tendrá origen en una actividad no autorizada por Argentina.
También podría respaldar institucionalmente la demanda iniciada por los excombatientes. Hasta el momento, quienes fueron a la Justicia para impedir el comienzo de la explotación no pertenecen al Gobierno que anunciará por cadena nacional sus supuestos avances.
Del HMS Medway al buque petrolero en Ushuaia
La credibilidad de la nueva épica malvinera también debe medirse contra las respuestas recientes de la administración libertaria.
En julio, el patrullero británico HMS Medway, destacado ilegalmente en las Malvinas, realizó movimientos hacia la costa continental y transitó por el mar territorial argentino sin cumplir con las notificaciones contempladas en los acuerdos bilaterales. La Cancillería finalmente presentó una protesta formal y calificó la conducta como una violación de los compromisos vigentes.
Después se produjo el ingreso a Ushuaia del VS Promise, un buque británico vinculado con actividades petroleras. El episodio generó cuestionamientos sobre los controles en el puerto intervenido y sobre la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales.
Ambos casos mostraron que la soberanía no se defiende solamente con discursos presidenciales. También se juega en el control portuario, el seguimiento marítimo, las sanciones administrativas y la capacidad para impedir que la infraestructura continental argentina facilite actividades asociadas con la ocupación.
Milei, admirador confeso de Margaret Thatcher, llegó tarde a una discusión que volvió a ocupar el centro de la escena después del partido entre Argentina e Inglaterra y de la reivindicación realizada por los jugadores. Con la campaña de 2027 en marcha, el Gobierno encontró en la causa Malvinas una oportunidad para corregir su aislamiento político.
El giro no es necesariamente negativo. Un presidente puede revisar sus posiciones. Lo que no puede hacer es reemplazar una política de Estado con una puesta en escena.
Una cadena no detiene un pozo petrolero
La eventual modificación de la posición estadounidense sería una noticia importante si finalmente ocurre. Podría erosionar el respaldo diplomático de Londres y crear condiciones más favorables para exigir la reanudación de las negociaciones.
Pero hasta ahora Trump no concedió nada. Dijo que revisaría el asunto.
En cambio, Rockhopper y Navitas ya adoptaron la decisión de inversión, cerraron el financiamiento, firmaron contratos, compraron equipos y fijaron el primer trimestre de 2028 como objetivo para extraer petróleo.
Esa es la diferencia entre la expectativa y el hecho consumado.
Milei puede utilizar la cadena nacional para explicar qué compromiso concreto obtuvo, cuál será la nueva posición oficial de Estados Unidos y qué medidas aplicará Argentina contra Sea Lion. Si no presenta nada de eso, el anuncio quedará reducido a una apropiación electoral de la causa.
Los excombatientes eligieron otro camino. Mientras el Presidente prepara cámaras, banderas y adjetivos, ellos fueron a la Justicia para intentar detener una inversión de US$2.100 millones sobre recursos argentinos.
Malvinas no necesita que Milei anuncie que Trump podría revisar una postura. Necesita impedir que en 2028 el Reino Unido comience a convertir el petróleo argentino en otro hecho consumado. Porque la soberanía puede proclamarse durante una cadena nacional, pero un pozo submarino no se detiene con aplausos.
Melina Schweizer
