REDACCIÓN
Una causa judicial investiga la desaparición de una cosecha en tierras del Estado en San Luis.
Se trata de 2.000 hectáreas de maíz con un valor estimado en hasta USD 2 millones.
El gobierno admite irregularidades, pero niega un desfalco.
Un campo estatal en el centro del escándalo
Una investigación judicial sacude a la gestión del gobernador Claudio Poggi tras la desaparición de una cosecha de maíz en un campo de propiedad pública.
El predio, de aproximadamente 2.000 hectáreas, estaba bajo control del Estado provincial cuando se realizó la recolección.
El problema central: no existen registros claros sobre cuánto se cosechó ni qué ocurrió con los ingresos generados.
Un conflicto que se arrastra desde hace años
El origen del caso se remonta a una cesión del campo a la empresa El Caburé SA para un emprendimiento de cría de caballos que nunca se concretó.
- En 2017 se ordenó la restitución del predio al Estado
- La empresa nunca devolvió efectivamente el inmueble
- Durante ese tiempo, el campo siguió siendo explotado
Con la llegada de la actual gestión, el gobierno avanzó en la recuperación del terreno.
La irregularidad clave: una cosecha sin respaldo
El escándalo se desata cuando, ya bajo control estatal, se detecta una cosecha en curso.
El funcionario Darío Oviedo quedó a cargo de:
- la recolección del maíz
- la comercialización de los granos
Pero, según reconocieron desde el propio gobierno:
no hubo contratos formalizados
no existe documentación completa de la operación
no hay registros verificables del volumen cosechado
“La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó”, admitieron fuentes oficiales.
Una cifra en disputa
Productores que denunciaron la maniobra estiman que:
- la operación habría generado hasta USD 2 millones
Sin embargo, desde el gobierno provincial rechazan ese número y sostienen que:
- los ingresos no habrían cubierto los costos de cosecha
La falta de registros impide confirmar cualquiera de las versiones.
Imputaciones, renuncias y avance judicial
La causa avanzó rápidamente en la Justicia y ya tiene consecuencias políticas.
El ex secretario de Ética Pública:
- Ricardo Bazla
fue imputado por múltiples delitos:
- peculado
- falsedad ideológica
- falsificación de instrumento público
- estafa procesal
- incumplimiento de deberes de funcionario público
- abuso de autoridad
Tras la imputación, presentó su renuncia.
Además, el funcionario a cargo de la operatoria fue desplazado y denunciado por el propio Estado.
La cadena de responsabilidades
La investigación apunta a reconstruir cómo fue posible una operación de esta magnitud sin controles adecuados.
Las preguntas clave:
- ¿Quién autorizó la cosecha?
- ¿Quién supervisó la venta?
- ¿Dónde están los registros contables?
El hecho de que se trate de un bien estatal agrava la situación.
Fallas estructurales en el control público
Más allá del caso puntual, el episodio deja al descubierto problemas de fondo:
- debilidad en los mecanismos de control
- falta de trazabilidad en operaciones estatales
- manejo irregular de activos públicos
Cuando el Estado administra recursos productivos, la exigencia de transparencia es mayor.
En este caso, esos estándares no se cumplieron.
Denuncias y clima de tensión
El conflicto también se trasladó al plano político:
- denunciantes hablan de presiones a testigos
- el oficialismo reconoce “desprolijidades”
- niega la existencia de corrupción
La causa avanza en un clima de alta tensión y exposición pública.
Más que una cosecha perdida
El caso pone el foco sobre algo más profundo que un faltante de granos.
Expone una falla en la administración de recursos públicos.
Cuando no hay contratos, registros ni controles, el problema deja de ser técnico.
Pasa a ser político.
Porque lo que está en juego no es solo una cosecha valuada en millones.
Es la capacidad del Estado de rendir cuentas sobre lo que administra.
Melina Schweizer
