El PAMI se queda sin médicos, camas ni empleados: Lugones les recetó motosierra a los jubilados

ATE denunció que algunas agencias podrían quedar sin personal por los retiros voluntarios y el deterioro salarial. En Mar del Plata, oficinas claves funcionarían con apenas el 30% de su planta; una de las agencias más grandes de Tandil quedaría con cinco trabajadores. Más de cien clínicas y sanatorios realizaron un paro de 48 horas por aranceles atrasados y deudas impagas. El PAMI todavía conserva la “P” de programa; la atención médica quedó en observación.

El Gobierno avanza con una reforma silenciosa del PAMI: donde había trabajadores, deja escritorios; donde había médicos, instala demoras; y donde había atención, coloca un cartel con la palabra “emergencias”. No fue necesario presentar un proyecto en el Congreso ni explicarlo por cadena nacional. Bastó con reducir salarios, promover retiros voluntarios, atrasar pagos y esperar que el sistema se vaciara solo. La motosierra también aprendió a trabajar por abandono.

ATE Mar del Plata denunció que los trabajadores del organismo perdieron alrededor del 60% de su poder adquisitivo y que la política de retiros voluntarios amenaza con dejar agencias enteras sin personal. Según el gremio, algunas oficinas importantes de esa ciudad quedarían funcionando con menos de diez empleados y apenas el 30% de su planta. El Gobierno lo llama eficiencia: antes había tres personas para atender un problema; ahora habrá un problema para atender a trescientas.

La situación se extiende hacia otras localidades bonaerenses. En Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, la agencia podría quedarse sin trabajadores. Una de las dependencias más grandes de Tandil quedaría reducida a cinco empleados. El afiliado deberá sacar turno, esperar seis meses y rezar para que ninguno se jubile antes que él. La única cobertura inmediata será la de polvo sobre los escritorios vacíos.

El recorte no alcanza únicamente al personal administrativo. ATE advirtió que también desaparecen médicos y trabajadores sociales. Madariaga, Pinamar, Tandil y la Agencia Puerto de Mar del Plata ya no contarían con profesionales de Trabajo Social. Es una decisión notable para una obra social destinada a una población que necesita gestionar residencias geriátricas, subsidios, cuidados domiciliarios y prestaciones por dependencia. El Gobierno eliminó al trabajador social para comprobar si el jubilado puede resolver solo el problema de estar solo.

Las consecuencias ya no caben en una planilla de Recursos Humanos. Según los trabajadores, existen demoras superiores a seis meses para acceder a vacantes en residencias geriátricas, mientras algunos centros de día abandonan el sistema porque los aranceles no cubren los costos. También se denuncian subsidios que tardan hasta un año en autorizarse y que, cuando finalmente llegan, conservan montos desactualizados. El beneficio completa todo el circuito administrativo justo a tiempo para convertirse en una pieza de museo.

El cuadro más grave aparece en el Hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata. Allí, ATE aseguró que permanecen cerradas 25 camas de internación por falta de personal. Tampoco se estarían realizando cirugías cardiovasculares ni otras intervenciones de alta complejidad por falta de insumos. Los equipos médicos no reciben las reparaciones necesarias y las endoscopias fueron reducidas al mínimo. El hospital sigue siendo “de alta complejidad”, pero ahora el término describe la dificultad para conseguir atención.

Mientras las agencias pierden personal y los hospitales cierran camas, los prestadores también llevaron su reclamo a un límite inédito. Más de cien clínicas, sanatorios y hospitales privados realizaron un paro de 48 horas por la falta de actualización de los aranceles y las deudas acumuladas por el PAMI. Durante la medida solo se atendieron emergencias. En la obra social más grande del país, recibir atención regular empieza a requerir que el paciente se convierta previamente en una urgencia.

Esta semana, el Sanatorio Belgrano de Mar del Plata dejó de atender a ocho mil afiliados que tenían allí asignada su cápita, incluidos pacientes internados. Ocho mil personas tuvieron que descubrir que la palabra “cobertura” puede desaparecer sin que desaparezcan los descuentos de sus recibos. Porque el aporte siempre encuentra la ventanilla; quien suele perderse en el camino es el servicio.

Los médicos denuncian aranceles insuficientes y sobrecarga de trabajo. Las clínicas reclaman pagos. Los trabajadores advierten que no queda personal. Los afiliados esperan meses. Ante esta combinación, ATE declaró una “alerta sanitaria en la tercera edad” para Mar del Plata y la región. El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, parece haber respondido con el tratamiento favorito del Gobierno: dejar evolucionar el cuadro hasta que la estadística mejore por agotamiento.

La parálisis ocurre mientras dentro del oficialismo continúa la disputa por el control del PAMI. La interna entre sectores vinculados a los Menem y a Santiago Caputo atraviesa al organismo, acompañada por denuncias de corrupción y peleas por los cargos. La administración se queda sin médicos, pero nunca sin padrinos. Para gestionar una residencia geriátrica faltan empleados; para disputar una caja política siempre aparece personal altamente calificado.

El PAMI es una institución especialmente codiciada porque administra contratos, medicamentos, prestaciones y una red enorme de proveedores. Esa dimensión económica ayuda a entender por qué tantos dirigentes quieren controlarlo. Lo que todavía nadie explicó es por qué quienes pelean con semejante entusiasmo por conducirlo muestran tan poco interés en garantizar que funcione. Al parecer, el organismo está lleno de recursos estratégicos y vacío únicamente cuando llega el afiliado.

Los retiros voluntarios merecen, además, una traducción menos publicitaria. Cuando un trabajador perdió el 60% de su salario real y acepta irse porque permanecer se volvió económicamente inviable, la voluntariedad tiene la misma libertad que un jubilado obligado a elegir entre medicamentos y alimentos. No hace falta despedir masivamente si primero se consigue que quedarse sea una forma de castigo. La crueldad también sabe completar formularios.

El Gobierno podría sostener que busca reducir estructuras burocráticas y ordenar las cuentas. Pero cerrar camas, interrumpir cirugías, perder trabajadores sociales y dejar agencias con cinco empleados no constituye una reforma administrativa: representa una reducción material de la capacidad de atención. La eficiencia no se mide contando cuántos trabajadores fueron eliminados, sino comprobando si los afiliados reciben las prestaciones. Si nadie atiende, el gasto baja de manera impecable; también baja la persiana.

El desguace del PAMI no sucede de una sola vez ni llega anunciado mediante un decreto que diga “abandónese a los jubilados”. Avanza con cada vacante que no se cubre, cada profesional que renuncia, cada clínica que suspende servicios, cada cama cerrada y cada expediente que envejece junto con la persona que espera. Es una demolición por cuotas, aunque las cuotas, a diferencia de los subsidios, llegan puntualmente.

Lugones puede seguir mirando hacia otro lado y las distintas facciones libertarias pueden continuar disputándose el control del organismo. Pero el resultado ya se observa desde Mar del Plata hasta Tandil: menos personal, menos prestaciones, más demoras y afiliados obligados a peregrinar con su credencial en la mano. El Gobierno prometió terminar con los privilegios. Empezó por quitarles a los jubilados el extravagante privilegio de ser atendidos.