Rodolfo Gudino
Periodistas acreditados encontraron cajones abiertos, pertenencias revueltas y alimentos desaparecidos dentro de la Casa de Gobierno, un edificio custodiado por Casa Militar. Mientras se investiga el robo, las estufas donadas para calefaccionar la sala permanecen retenidas por la Secretaría General. La libertad de prensa sigue vigente: los periodistas pueden elegir entre pasar hambre o pasar frío.
La Casa Rosada es uno de los edificios más custodiados de la Argentina. Allí trabajan el Presidente, sus ministros y la secretaria general de la Presidencia. Para ingresar hay que identificarse, atravesar controles de seguridad y aceptar restricciones de circulación. Sin embargo, alguien consiguió entrar en la sala de periodistas, abrir cajones, revolver pertenencias y llevarse comida.
La seguridad del lugar depende de Casa Militar, la misma estructura encargada de proteger a Javier Milei y subordinada a la órbita de Karina Milei. La secretaria general ordenó iniciar una investigación junto con la Policía Federal. El Estado libertario, que promete vigilar a 47 millones de argentinos, ahora intenta descubrir quién se llevó una merienda debajo de sus propias cámaras.
Los periodistas acreditados denunciaron que encontraron sus objetos tirados y varios cajones abiertos. Fabián Waldman, de FM La Patriada, recordó que antes de la llegada de La Libertad Avanza los trabajadores de prensa poseían una llave para abrir y cerrar la sala. Ahora no la tienen y, según afirmó, la seguridad es peor.
La llave pasó al Gobierno, pero el control desapareció. Es una síntesis bastante completa de la gestión.
Un robo todavía sin autor ni teoría confirmada
El episodio resulta grave, pero debe ser contado con precisión. Hasta el momento no se demostró que el ingreso haya sido ordenado por funcionarios ni que constituya una operación destinada a intimidar periodistas.
El acreditado Ignacio Ortelli recordó que durante el gobierno anterior también desaparecieron objetos de la sala, entre ellos un mouse, un teclado y hasta una pasta dental. Aunque señaló que esta vez el episodio fue más generalizado, dijo no creer que pueda vincularse automáticamente con un ataque contra la libertad de expresión.
Su observación establece un límite necesario. Un robo ocurrido dentro de la sala de prensa no se convierte por sí mismo en persecución política. Pero tampoco puede ser tratado como una anécdota doméstica, porque ocurrió dentro de la sede del Poder Ejecutivo, en un espacio sometido a controles oficiales y después de reiterados enfrentamientos del Gobierno con los periodistas acreditados.
La investigación deberá establecer quién ingresó, en qué horario, cómo accedió a los cajones y por qué no funcionaron los mecanismos de seguridad. Si existen cámaras, registros de entradas o personal de guardia, el misterio debería durar menos que una conferencia de Manuel Adorni.
La sala donde la prensa puede trabajar, pero no calentarse
El robo no es el único problema. Según nuestros informantes, un gobernador donó estufas destinadas a calefaccionar la sala de periodistas, pero los aparatos quedaron bajo control de la Secretaría General de la Presidencia y no fueron entregados a sus destinatarios.
Los acreditados continúan trabajando con frío mientras Karina conserva las estufas. No se informó si la hermana presidencial piensa incorporarlas al patrimonio nacional, utilizarlas en otro sector o esperar a que llegue el verano para entregarlas sin riesgo de que calienten a alguien.
La escena parece pequeña frente a los grandes conflictos nacionales, pero el poder suele exhibirse justamente en sus gestos menores. Retener una estufa no modifica la política económica ni altera una elección. Sirve, en cambio, para recordar quién controla hasta la temperatura del lugar donde trabajan quienes hacen preguntas incómodas.
En la nueva Casa Rosada, la calefacción también necesita alineamiento político.
De las restricciones a la teoría de Putin
La relación entre el Gobierno y los periodistas acreditados lleva meses deteriorándose. Los trabajadores de prensa tienen limitada la circulación dentro de la sede gubernamental y no pueden ingresar libremente a sectores históricamente utilizados para buscar información y conversar con funcionarios.
Entre los lugares restringidos se encuentra el Patio de las Palmeras. El Gobierno sostiene que las limitaciones responden a motivos de seguridad y organización. Los periodistas denuncian que forman parte de una política destinada a impedir el contacto directo con las fuentes y concentrar toda la información en los canales controlados por la Presidencia.
La hostilidad alcanzó uno de sus puntos más absurdos cuando se les impidió ingresar a la sala bajo el argumento de una supuesta campaña vinculada con Vladimir Putin para perjudicar a Milei. La medida terminó retrocediendo, pero dejó una enseñanza: para el oficialismo, una pregunta incómoda puede comenzar en un pasillo de Balcarce 50 y terminar, mediante una pirueta narrativa, en el Kremlin.
El Gobierno que prometía terminar con las operaciones de prensa descubrió que la mejor manera de evitar una operación es convertir cada periodista en agente ruso.
La libertad de prensa según Milei
Javier Milei mantiene una ofensiva verbal permanente contra medios y periodistas. Los llama mentirosos, ensobrados, corruptos y operadores. También amplifica mensajes agresivos contra profesionales específicos, convirtiéndolos en blancos de hostigamiento digital.
Criticar al periodismo es legítimo. Los medios poseen intereses, cometen errores, seleccionan temas y también pueden participar en operaciones políticas. El problema aparece cuando el jefe de Estado utiliza el peso de su cargo para desacreditar de forma sistemática a quienes controlan su gestión.
Un presidente no es un usuario más de las redes sociales. Cuando señala a un periodista, activa a funcionarios, seguidores, cuentas anónimas y estructuras digitales dispuestas a perseguirlo. La asimetría transforma una respuesta política en una forma de disciplinamiento.
Esa situación vuelve imposible separar completamente el robo del contexto. Tal vez alguien solo buscaba comida. Pero cuando los periodistas ya padecen insultos oficiales, restricciones, expulsiones y pérdida de acceso, encontrar sus cajones abiertos adquiere otro significado.
No demuestra una operación. Demuestra que el Gobierno permitió construir un ambiente donde hasta un robo ordinario puede sentirse como una advertencia.
Casa Militar busca al ladrón y la Federal investiga
Karina Milei ordenó que Casa Militar y la Policía Federal investiguen el episodio. Resulta razonable que las autoridades intervengan, aunque la elección de las fuerzas tiene una ironía difícil de evitar: la Federal que debe averiguar quién tocó las pertenencias de los periodistas es la misma institución denunciada por golpearlos durante coberturas de las protestas frente al Congreso.
Los trabajadores de prensa pueden confiar en que se investigará la desaparición de su comida. Para recuperar una cámara rota durante una represión, probablemente deberán sacar otro número.
La pesquisa debería ser sencilla si la Casa Rosada posee el nivel de seguridad que corresponde a la sede presidencial. Si no aparecen imágenes, registros ni responsables, el problema será mayor que el valor de lo robado. Significará que cualquier persona puede ingresar en un área de trabajo, revisar objetos privados y marcharse sin ser detectada dentro del edificio más sensible del Poder Ejecutivo.
Y si eso puede ocurrirle a un periodista, también podría suceder en una oficina con documentación oficial.
El Gobierno que controla todo menos su propia casa
La Libertad Avanza suele explicar cada dificultad mediante enemigos gigantescos: la casta, el comunismo, el periodismo, el kirchnerismo, los gobernadores, los economistas, los artistas y, cuando hace falta, Rusia. Sin embargo, alguien abrió unos cajones dentro de la Casa Rosada y el formidable aparato presidencial no consiguió impedirlo.
El episodio resume una forma de ejercer el poder. El Gobierno restringe la circulación de los periodistas, pero no garantiza la seguridad de sus pertenencias. Les quita la llave, pero deja entrar a quien revisa los cajones. Retiene las estufas, pero promete transparencia. Los acusa de ensobrados, aunque esta vez ni siquiera les dejaron la comida.
Todavía no se sabe quién robó. Tampoco existe evidencia que permita responsabilizar políticamente a Karina Milei por el ingreso. Lo que sí se conoce es que las estufas destinadas a la sala continúan retenidas bajo su órbita y que la relación del Gobierno con la prensa se encuentra atravesada por un hostigamiento persistente.
La Casa Rosada debería ser un lugar donde los periodistas puedan trabajar con seguridad, acceso y condiciones mínimas. Bajo el gobierno de Milei, hasta eso parece una concesión excesiva.
La libertad de prensa no fue eliminada. Simplemente quedó encerrada en una sala sin llave, sin calefacción y ahora también sin almuerzo.
GONZALO SCHWEIZER
