Melina Schweizer
Frigerio, Cornejo y Weretilneck respaldaron el plan económico nacional, pero exigieron un nuevo pacto fiscal. Reclaman baja de impuestos, cambios en la coparticipación y mayor autonomía provincial. El debate redefine el equilibrio entre Nación y provincias y el futuro del modelo económico.
En medio del rediseño económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, un grupo de gobernadores comenzó a delinear una posición que combina respaldo político con demandas concretas. No se trata de una adhesión sin condiciones, sino de una negociación estructural: acompañar la estabilización macroeconómica a cambio de una reconfiguración profunda del sistema fiscal argentino.
El escenario donde esta tensión se hizo visible fue el AmCham Summit, un espacio donde confluyen empresarios, funcionarios y actores clave del poder económico. Allí, gobernadores como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Alberto Weretilneck expresaron una coincidencia central: el rumbo económico nacional debe sostenerse, pero necesita una segunda etapa basada en reformas fiscales profundas .
El respaldo: estabilidad macro como condición básica
Los gobernadores que hoy orbitan cerca del oficialismo parten de un diagnóstico compartido: sin estabilidad macroeconómica no hay margen para el desarrollo provincial. Este punto explica por qué, a diferencia de otros sectores políticos, optaron por no confrontar abiertamente con el plan de ajuste.
La baja de la inflación, el ordenamiento fiscal y la reducción del déficit son vistos como condiciones necesarias para cualquier estrategia de crecimiento. Cornejo lo expresó con claridad: la macroeconomía es responsabilidad de la Nación y su estabilidad es el piso sobre el cual se construye la competitividad regional.
Este respaldo, sin embargo, no es ideológico sino pragmático. Las provincias dependen de variables que no controlan —tipo de cambio, inflación, acceso al crédito— y necesitan que el gobierno central estabilice esos factores para poder planificar.
El reclamo: un nuevo pacto fiscal
El apoyo tiene un límite claro: la necesidad de un nuevo acuerdo fiscal federal. La demanda no es nueva, pero adquiere ahora una urgencia distinta.
El último gran pacto fiscal data de 2017. Desde entonces, el sistema tributario argentino se volvió más complejo, regresivo y descoordinado. Los gobernadores sostienen que la presión impositiva no solo es alta, sino también ineficiente.
El planteo central es triple:
- eliminar impuestos considerados “distorsivos”
- redefinir la distribución de los recursos
- coordinar la política tributaria entre Nación, provincias y municipios
Frigerio fue explícito: la baja de impuestos debe ser simultánea en todos los niveles del Estado. La Nación debería reducir retenciones y el impuesto al cheque; las provincias, Ingresos Brutos; y los municipios, tasas locales que en muchos casos funcionan como tributos encubiertos .
¿Por qué bajar impuestos?
El argumento económico detrás de esta propuesta se apoya en una lógica de competitividad. Según distintos estudios de organismos como la CEPAL y el BID, Argentina tiene una de las estructuras tributarias más distorsivas de la región, con fuerte peso en impuestos indirectos que afectan la producción.
Ingresos Brutos, por ejemplo, es señalado por economistas de distintas corrientes como un impuesto en cascada que encarece los costos a lo largo de toda la cadena productiva.
Los gobernadores no ignoran este problema. Pero tampoco pueden prescindir de esos recursos sin una compensación.
Aquí aparece la dimensión política del reclamo: la baja de impuestos requiere una nueva distribución de fondos que garantice la sustentabilidad fiscal de las provincias.
Coparticipación: el corazón del conflicto
El sistema de coparticipación federal es uno de los nudos estructurales de la Argentina. Regido por una ley de 1988, nunca fue reemplazado por el régimen definitivo que ordena la Constitución de 1994.
Esto genera una situación paradojal:
- la Nación concentra la recaudación
- las provincias asumen buena parte del gasto (salud, educación, seguridad)
Los gobernadores reclaman una reforma que genere incentivos para la producción y no penalice a las jurisdicciones más dinámicas.
Cornejo planteó que no se puede discutir la baja de impuestos sin revisar la coparticipación. En otras palabras, el problema no es solo cuánto se recauda, sino cómo se reparte.
Autonomía vs. coordinación: dos modelos en tensión
No todos los gobernadores coinciden en la estrategia. Mientras Frigerio y Cornejo apuestan a un acuerdo nacional coordinado, Weretilneck introduce una mirada distinta.
El gobernador de Río Negro plantea que, en el contexto actual, es difícil lograr un pacto integral. Propone, en cambio, avanzar en acuerdos regionales o en estrategias provinciales individuales para atraer inversiones .
Esta diferencia refleja una tensión de fondo:
- modelo coordinado (acuerdo federal)
- modelo descentralizado (competencia entre provincias)
Ambas estrategias tienen riesgos. La coordinación requiere consensos políticos complejos; la competencia puede profundizar desigualdades territoriales.
Qué buscan las provincias
Más allá de las diferencias, hay objetivos comunes:
- Atraer inversiones
Las provincias compiten por capitales en un contexto de escasez. La reducción de impuestos es vista como una herramienta clave para mejorar la competitividad. - Recuperar autonomía
Varios gobernadores apoyan la idea de devolver competencias a las provincias, especialmente en materia de regulación de recursos naturales. - Garantizar financiamiento
La baja de impuestos debe ir acompañada de mecanismos que compensen la pérdida de ingresos. - Impulsar infraestructura
Sin inversión en rutas, energía y logística, la competitividad es limitada. Este punto aparece como un consenso transversal.
Los beneficios políticos
El alineamiento parcial con el gobierno nacional también tiene beneficios políticos.
Para los gobernadores:
- evita confrontaciones con la Casa Rosada
- facilita el acceso a recursos discrecionales
- mejora la relación con inversores y sectores empresariales
Para el gobierno:
- amplía su base de apoyo territorial
- legitima el programa económico
- reduce la conflictividad política
Se trata, en definitiva, de un equilibrio inestable donde ambas partes obtienen ganancias, pero también asumen costos.
Los riesgos del modelo
El esquema propuesto no está exento de riesgos.
- Desfinanciamiento provincial
La baja de impuestos sin compensación puede afectar servicios básicos. - Aumento de desigualdades
Provincias con mayor capacidad productiva podrían atraer más inversiones, profundizando brechas. - Conflictos políticos
La reforma de la coparticipación requiere consensos difíciles de alcanzar. - Dependencia del ciclo económico
Si la macroeconomía no se estabiliza, todo el esquema pierde sentido.
La dimensión estructural
Más allá de la coyuntura, el debate remite a una pregunta de fondo: ¿qué tipo de federalismo quiere Argentina?
El modelo actual combina centralización fiscal con descentralización del gasto, una fórmula que genera tensiones permanentes.
El nuevo pacto fiscal que reclaman los gobernadores podría ser una oportunidad para reordenar ese esquema. Pero también implica redefinir relaciones de poder.
Un acuerdo en construcción
El respaldo de los gobernadores al plan económico de Milei no es un cheque en blanco.
Es una negociación.
Apoyan la estabilización, pero exigen condiciones para sostener sus economías provinciales. Reclaman menos impuestos, pero también más recursos. Buscan competitividad, pero sin perder autonomía.
En ese equilibrio se juega algo más que una reforma fiscal.
Se define el nuevo mapa del poder económico y político en la Argentina.
