Melina Schweizer
Docentes porteños iniciaron este lunes 3 de agosto un paro contra la pérdida salarial, el recorte de más de $3.300 millones en asistencia alimentaria y la modificación unilateral de la reglamentación del Estatuto Docente. El conflicto también expone cierres de cursos y programas, pérdida de puestos de trabajo y el avance de controles privados sobre las licencias médicas.
El paro docente nacional convocado para este lunes 3 de agosto encontró en la Ciudad de Buenos Aires un escenario particularmente conflictivo. En la jurisdicción con mayor capacidad económica del país, los sindicatos denuncian que los recursos no se traducen en mejores salarios ni en una expansión de la educación pública: durante 2026 se registraron recortes en asistencia alimentaria, cierres de cursos y programas socioeducativos, pérdida de cargos docentes y una modificación de las condiciones laborales decidida por decreto.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) adhirió a la medida nacional convocada por CTERA, mientras que la Asociación Docente Ademys resolvió un paro de 48 horas para el lunes 3 y martes 4 de agosto. La primera jornada incluye una movilización y un corte en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Para el martes, Ademys convocó a marchar hacia la Jefatura de Gobierno porteña.
Los reclamos reúnen dos niveles de responsabilidad política. En el plano nacional, los gremios responsabilizan al presidente Javier Milei por el desfinanciamiento educativo y la pérdida de herramientas federales de financiamiento. En la Ciudad, cuestionan al Gobierno de Jorge Macri por mantener salarios insuficientes frente al costo de vida porteño, recortar programas y alterar unilateralmente la reglamentación del Estatuto Docente.
Jorge Macri modificó las reglas por decreto
Uno de los principales motivos del conflicto es el Decreto 256/2026, firmado por Jorge Macri y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, poco antes del comienzo del receso invernal. La norma sustituyó el anexo reglamentario del Estatuto Docente y estableció modificaciones que comenzarán a aplicarse plenamente en el ciclo lectivo de 2027.
El Gobierno porteño presentó la reforma como una forma de reconocer el “mérito”, profesionalizar la carrera y garantizar mayor estabilidad en las aulas. Los sindicatos sostienen que, detrás de esa formulación, se instaló un sistema de premios y sanciones basado en la asistencia, con efectos concretos sobre las posibilidades de traslado, ascenso y desarrollo profesional.
La nueva reglamentación establece que los docentes que no alcancen un 90% de asistencia anual no podrán obtener las calificaciones más altas, denominadas “Muy Bueno” y “Sobresaliente”. Esas evaluaciones inciden en el puntaje utilizado para acceder a concursos y ascensos. Por lo tanto, determinadas ausencias pueden producir consecuencias que exceden el descuento del día y afectan la carrera laboral.
El decreto también reduce de cinco a tres días consecutivos la licencia por examen, limita permisos por asuntos particulares y modifica los requisitos para solicitar traslados. Para los gremios, las nuevas disposiciones castigan a quienes estudian, atraviesan una enfermedad o ejercen derechos laborales como la huelga.
El punto institucional es igualmente importante. El Ejecutivo porteño no cambió formalmente la ley que contiene el Estatuto, sino su reglamentación. Sin embargo, los sindicatos afirman que las modificaciones alteran aspectos sustantivos de las condiciones de trabajo y, por esa razón, debieron ser discutidas en una negociación colectiva.
El debate, entonces, no se limita al contenido de las nuevas reglas. También involucra la forma en que fueron impuestas. El Gobierno utilizó una facultad administrativa para intervenir sobre la carrera de aproximadamente 56.000 trabajadores sin debate legislativo ni acuerdo previo con sus representantes sindicales.
El salario inicial apenas supera el millón de pesos
La última propuesta salarial del Gobierno de la Ciudad contempla un incremento del 10%, dividido en dos tramos: 6% para junio y 4% para agosto. Según la grilla difundida por UTE, desde este mes un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad percibirá $1.039.716; uno de jornada completa, $2.079.432; un preceptor, $882.398; y un profesor cobrará $51.986 por hora cátedra.
Los sindicatos consideran insuficiente la actualización y reclaman una recomposición que contemple la pérdida acumulada del poder adquisitivo. El problema no consiste únicamente en comparar el salario porteño con el de otras provincias, sino en relacionarlo con el costo de vida de la Ciudad, el valor de los alquileres y la canasta familiar.
No está probado que CABA tenga actualmente el salario docente nominal más bajo del país. De hecho, el ingreso inicial de un maestro de jornada simple es ligeramente superior al de la provincia de Buenos Aires. Pero esa comparación aislada tampoco alcanza para evaluar la situación laboral: deben considerarse la antigüedad, la composición remunerativa, las horas necesarias para alcanzar un ingreso familiar y la evolución real frente a la inflación.
La afirmación rigurosa es que existe una pérdida salarial denunciada por los gremios y que el sueldo inicial porteño continúa por debajo de las necesidades económicas planteadas por sus trabajadores. y anticipó que volverá a reclamar una nueva discusión salarial.
Más de $3.300 millones menos para asistencia alimentaria
Otro de los hechos comprobados es la reasignación de fondos originalmente destinados al Programa 51 de Asistencia Alimentaria. En menos de una semana, el Gobierno porteño retiró más de $3.300 millones mediante dos modificaciones presupuestarias: una cercana a $2.450 millones y otra superior a $860 millones.
La reducción se produjo en un contexto de denuncias de familias y comunidades educativas por la cantidad y la calidad de los alimentos distribuidos. También fueron eliminadas viandas en algunos programas y espacios socioeducativos.
Eso no significa que la Ciudad haya suprimido todo el servicio alimentario escolar. Los comedores y las prestaciones continúan funcionando en numerosos establecimientos. El dato confirmado es más preciso: se recortaron recursos del programa de asistencia alimentaria y se eliminaron determinadas prestaciones, mientras crecían los reclamos por porciones insuficientes y alimentos en mal estado.
El contraste político resulta evidente. La Ciudad cuenta con el presupuesto por habitante más elevado del país, pero aplicó recortes sobre un programa destinado a sostener la alimentación de estudiantes que, en muchos casos, dependen de la escuela para recibir una comida diaria. La riqueza de una jurisdicción no garantiza por sí misma una política distributiva: lo determinante es cómo se asignan sus recursos y qué necesidades ocupan un lugar prioritario.
Cierre de cursos y pérdida de cargos
El ajuste también tuvo consecuencias sobre las plantas docentes. Uno de los casos mejor documentados ocurrió en la Escuela de Educación Media N.º 2 del Distrito Escolar 10 “Luis Alberto Spinetta”, ubicada en el barrio de Belgrano.
El Gobierno porteño eliminó tres de las siete divisiones de esa escuela de reingreso: 1.º 2.ª, 2.º 2.ª y 3.º 2.ª. Los docentes interinos de esos cursos perdieron sus puestos y otros trabajadores fueron puestos en disponibilidad. La comunidad educativa denunció que la medida afectó a cerca del 40% del plantel y concentró a estudiantes con trayectorias educativas complejas en aulas más numerosas.
El establecimiento había decidido postergar hasta 2027 su incorporación a la reforma Secundaria Aprende. Según sus trabajadores, el Ministerio de Educación había garantizado la continuidad de la planta orgánica durante 2026, compromiso que habría sido desconocido con el cierre de las divisiones.
También se cerraron las sedes de las orquestas juveniles Virgen de Itatí y Violeta Parra, que trabajaban con más de un centenar de niñas, niños y adolescentes de los barrios 1-11-14 y 21-24. El Gobierno habló de una “fusión” motivada por la cercanía entre programas, la supuesta superposición de propuestas y la baja matrícula. En los hechos, la medida implicó la desaparición de ambas sedes y la pérdida del trabajo de 19 docentes.
No existe todavía una cifra consolidada de docentes despedidos o desplazados en toda la Ciudad. Por esa razón, no puede afirmarse que el desempleo docente porteño sea el mayor del país. Sí está comprobado que el cierre de cursos, divisiones y programas provocó pérdidas concretas de cargos durante 2026.
Auditorías médicas en manos privadas
UTE también reclama el fin de la tercerización del control de las licencias médicas. El sindicato denunció citaciones realizadas con escasa anticipación, rechazos de certificados, dificultades administrativas e intimaciones para que docentes enfermos regresen a sus puestos.
La controversia no radica en la existencia de controles médicos, sino en su transferencia a empresas contratadas por el Estado y en los criterios utilizados para aprobar o rechazar las solicitudes. Los trabajadores sostienen que el sistema privilegia la reducción del ausentismo y del gasto por encima de la salud laboral.
La nueva reglamentación del Estatuto profundiza esa preocupación al incorporar la asistencia dentro de la evaluación profesional. Una licencia puede ser reconocida como derecho laboral y, al mismo tiempo, terminar afectando indirectamente la calificación necesaria para ascender. De ese modo, el presentismo deja de ser únicamente un incentivo salarial y se convierte en un mecanismo de disciplinamiento de la carrera.
Una disputa por el sentido de la escuela pública
El Gobierno porteño presenta las medidas bajo un conjunto de palabras cuidadosamente seleccionadas: “mérito”, “orden”, “modernización”, “estabilidad” y “eficiencia”. Los sindicatos responden con otro campo semántico: “ajuste”, “precarización”, “disciplinamiento” y “pérdida de derechos”.
La disputa no es exclusivamente lingüística. Cada palabra intenta legitimar una concepción diferente de la educación. Cuando el Gobierno habla de ordenar, convierte las licencias, la rotación y la organización docente en problemas de conducta individual. Cuando los gremios hablan de ajuste, vinculan esas situaciones con los salarios, la falta de recursos y las decisiones presupuestarias.
Los hechos confirmados permiten superar esa batalla discursiva. Durante 2026, la Ciudad recortó más de $3.300 millones de la asistencia alimentaria, eliminó divisiones y programas, afectó puestos docentes, tercerizó controles médicos y modificó unilateralmente la reglamentación laboral. Al mismo tiempo, la propuesta salarial dejó el ingreso inicial de un maestro de jornada simple apenas por encima del millón de pesos.
No se necesita exagerar esos datos para mostrar la gravedad del conflicto. Tampoco puede afirmarse, sin una comparación presupuestaria completa, que el ajuste porteño sea más severo que el aplicado en todas las demás jurisdicciones. Lo comprobable es suficientemente contundente: la Ciudad más rica del país dispone de recursos extraordinarios, pero decidió colocar la reducción de costos, el presentismo y el control laboral por encima de una expansión sostenida de la educación pública.
El paro de este lunes no responde, por lo tanto, a un único reclamo salarial. Expresa una disputa más profunda sobre quién decide las condiciones de enseñanza, cómo se distribuye el presupuesto y qué entiende el Estado por una escuela eficiente. Para el Gobierno porteño, eficiencia significa controlar ausencias, reorganizar cursos y reducir estructuras. Para quienes paran, una escuela no puede considerarse ordenada cuando tiene menos alimentos, menos espacios educativos y menos trabajadores para sostenerla.
