Melina Schweizer
Los fiscales Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano solicitaron el procesamiento de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi por una presunta maniobra para alterar la integración de la Cámara Federal de Córdoba. También pidieron la detención domiciliaria de Sánchez Torres y lo acusaron de violencia laboral y lesiones agravadas contra una funcionaria judicial.
La Justicia Federal de Córdoba atraviesa uno de los episodios institucionales más delicados de los últimos años. Los fiscales federales Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano solicitaron el procesamiento de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, al sostener que ambos habrían manipulado la integración de la Cámara Federal de Apelaciones para intervenir en una causa considerada de alto interés, conocida como «causa Bunge».
El dictamen, presentado ante el juez Alejandro Sánchez Freytes, sostiene que los magistrados habrían alterado deliberadamente el régimen legal de subrogancias mediante una serie de resoluciones y decisiones administrativas destinadas a conformar un tribunal específico para intervenir en ese expediente.
La hipótesis de la Fiscalía
Según el Ministerio Público Fiscal, no se trató de errores administrativos ni de diferencias de interpretación sobre la Ley de Subrogancias.
Por el contrario, Hairabedian y Turano sostienen que existió una secuencia planificada de actos administrativos orientada a modificar la composición natural de la Cámara para garantizar que Sánchez Torres y Montesi integraran el tribunal encargado de resolver la causa Bunge.
Para reconstruir esa presunta maniobra, la investigación reunió un importante volumen probatorio que incluye:
- conversaciones de WhatsApp;
- audios;
- resoluciones y documentación administrativa;
- acuerdos internos de la Cámara;
- fotografías;
- grabaciones incorporadas en un pendrive;
- informes médicos;
- y declaraciones de más de treinta testigos, entre jueces, funcionarios y empleados judiciales.
El conflicto con una secretaria judicial
La investigación incorpora además un segundo capítulo que agrava la situación de los magistrados.
Los fiscales sostienen que el conflicto comenzó cuando la secretaria penal Celina Laje Anaya se negó a firmar una certificación porque consideró que la integración ordenada por Sánchez Torres no respetaba el régimen legal vigente de subrogancias.
A partir de ese momento, la Fiscalía afirma que comenzó una prolongada serie de represalias contra la funcionaria.
El dictamen describe un presunto escenario de hostigamiento laboral sistemático, que habría incluido gritos, humillaciones, pérdida de funciones, aislamiento, traslados de oficina, sobrecarga de trabajo y presiones para aceptar un descenso funcional.
Piden la detención domiciliaria de Sánchez Torres
Como consecuencia de esos hechos, Hairabedian y Turano solicitaron además el procesamiento de Abel Sánchez Torres por el delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, al considerar que las conductas denunciadas provocaron un serio deterioro en la salud de la funcionaria.
Entre las constancias médicas incorporadas al expediente figuran diagnósticos de ansiedad, ataques de pánico, hipertensión, depresión e incapacidad laboral prolongada.
En ese marco, los fiscales pidieron que Sánchez Torres sea sometido a detención domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.
El antecedente del viaje en avión privado
La situación judicial de ambos camaristas se produce mientras continúan siendo investigados en otra causa de alto impacto.
Sánchez Torres y Montesi ya enfrentan una investigación por haber viajado presuntamente a Punta del Este en un avión privado perteneciente a una empresa que era investigada por un presunto delito ambiental, un episodio que generó fuerte repercusión pública y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
La decisión queda en manos del juez
Ahora será el juez federal Alejandro Sánchez Freytes quien deberá resolver si hace lugar al pedido de procesamiento formulado por los fiscales.
De confirmarse esa hipótesis, la causa podría convertirse en uno de los expedientes más sensibles para la Justicia Federal de Córdoba, ya que plantea la posibilidad de que la integración de un tribunal de apelaciones haya sido alterada deliberadamente para intervenir en causas específicas y que quienes cuestionaron ese mecanismo hayan sufrido represalias dentro del propio Poder Judicial.
El avance de la investigación podría tener además consecuencias institucionales de gran alcance, al involucrar directamente a dos integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones y poner bajo escrutinio el funcionamiento interno de uno de los tribunales más importantes del país.
