Rodolfo Gudino
El Gobierno pretendía aprobar este jueves 6 de agosto una reforma que elevaría del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos extranjeras. Los rechazos confirmados de Daniel Kroneberger, Flavio Fama, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, sumados a la posición de gobernadores provinciales, dejaron al oficialismo sin una mayoría asegurada.
La reforma de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de Javier Milei quedó al borde de un nuevo fracaso en el Senado. A menos de 24 horas de la sesión convocada para este jueves 6 de agosto, legisladores que habitualmente acompañaron iniciativas de La Libertad Avanza confirmaron que no votarán el capítulo destinado a flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El radical pampeano Daniel Kroneberger ratificó su rechazo; el catamarqueño Flavio Fama anunció que no acompañará el apartado sobre tierras; y el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo confirmó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza también votarán en contra. En Neuquén, Rolando Figueroa fijó públicamente una posición contraria a la extranjerización y envió a la Legislatura provincial un proyecto para reservar las tierras fiscales a personas argentinas con arraigo.
La suma de rechazos desarmó el cálculo que había realizado la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y dejó en suspenso no solo la aprobación de la reforma, sino también la posibilidad de reunir el quórum necesario para iniciar la sesión.
El oficialismo asegura que todavía negocia entre 38 y 40 votos. Sin embargo, ese número no representa una mayoría consolidada: incluye legisladores que aún no garantizaron su presencia, senadores que rechazan el capítulo de tierras y otros que podrían acompañar únicamente algunos artículos del proyecto general.
Un nuevo texto para evitar una derrota
La controversia se encuentra dentro de un proyecto más amplio denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa introduce cambios en materia de tierras rurales, expropiaciones, desalojos y uso de terrenos afectados por incendios.
El proyecto original buscaba eliminar prácticamente todos los límites nacionales a la adquisición de tierras por extranjeros y trasladar la regulación a las provincias. El rechazo político y social obligó al Gobierno a modificarlo repetidamente. Según el seguimiento legislativo, circularon alrededor de 17 versiones desde el comienzo de su tratamiento.
El martes 4 de agosto, Bullrich presentó un nuevo texto con el propósito explícito de reunir los votos que faltaban. La principal concesión fue restablecer un límite general a la propiedad extranjera. Pero en lugar de conservar el tope vigente del 15%, el oficialismo propuso elevarlo al 25% de la superficie rural nacional, provincial y departamental.
La modificación no mantiene la protección actual: permite aumentar en dos tercios la superficie que podría quedar en manos extranjeras. Allí donde el límite vigente admite 15 hectáreas de cada 100, la reforma habilitaría hasta 25. Presentar ese cambio como una restricción solo tiene sentido al compararlo con el proyecto original de liberación casi absoluta; frente a la legislación actual, se trata de una flexibilización considerable.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, también establece un máximo del 30% para propietarios de una misma nacionalidad extranjera y limita a mil hectáreas —o su equivalente— la superficie que una persona o empresa foránea puede poseer en la zona núcleo productiva. Además, impone restricciones sobre inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua relevantes y en áreas de seguridad fronteriza.
El nuevo esquema altera parte de esas protecciones y modifica el principio rector: la tierra rural deja de ser tratada prioritariamente como un recurso territorial estratégico y pasa a ser concebida como un activo cuya circulación solo debe limitarse en situaciones excepcionales.
Estados extranjeros, empresas y un registro provincial
Bullrich destacó que el nuevo dictamen prohíbe que otros Estados compren tierras rurales en la Argentina. “Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural”, afirmó durante la presentación.
La prohibición es relevante, pero no resuelve el núcleo de la controversia. La mayoría de las adquisiciones extranjeras no se realiza directamente a nombre de un Estado, sino mediante personas particulares, sociedades comerciales, fondos de inversión o cadenas societarias.
El texto dispone que empresas, uniones transitorias y otras estructuras con participación estatal extranjera directa o indirecta deberán obtener el aval conjunto de la Nación y la provincia correspondiente. También exige que toda adquisición extranjera sea asentada en los registros inmobiliarios provinciales, con identificación y nacionalidad del comprador.
Esos controles pueden mejorar la trazabilidad de las operaciones, pero no neutralizan el aumento del límite general al 25%. Tampoco resuelven por sí solos uno de los problemas históricos de la regulación: determinar al beneficiario final de sociedades complejas y evitar que el capital extranjero se oculte detrás de empresas constituidas formalmente en la Argentina.
Tucumán: dos votos que Bullrich daba por propios
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que Beatriz Ávila y Sandra Mendoza rechazarán el proyecto. La definición resulta especialmente perjudicial para el Gobierno porque ambas habían sido consideradas dentro del grupo de senadores dialoguistas con el que Bullrich esperaba construir la mayoría.
“He conversado con las dos senadoras nacionales y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, declaró Jaldo. La postura fue difundida oficialmente por el Gobierno de Tucumán.
El mandatario también cuestionó las modificaciones realizadas hasta último momento y advirtió que esa inestabilidad demuestra la ausencia de una mayoría segura. “De ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros. Que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos”, sostuvo.
Su formulación desarma una falsa oposición repetida por el oficialismo: rechazar la venta de tierras no equivale a impedir la inversión extranjera. Existen contratos de arrendamiento, concesiones, asociaciones productivas, fideicomisos y derechos reales de superficie que permiten invertir y desarrollar actividades sin transferir el dominio permanente del territorio.
Kroneberger: “El límite es uno”
Daniel Kroneberger confirmó que votará contra los cambios a la Ley de Tierras. El senador radical por La Pampa sostuvo que las concesiones incorporadas por el oficialismo no modificaron las objeciones que había planteado desde el comienzo del debate.
“El límite es uno”, expresó al ratificar su negativa. Para Kroneberger, elevar el techo del 15% al 25% no corrige el problema, sino que amplía la superficie rural susceptible de ser transferida a extranjeros.
La posición del pampeano también se relaciona con el pronunciamiento de la conducción nacional de la Unión Cívica Radical, que advirtió que eliminar o flexibilizar “limitaciones razonables” puede comprometer la soberanía nacional. No obstante, el bloque radical permanece dividido: una parte se inclina por acompañar la reforma y otra considera que el capítulo territorial debe ser rechazado o discutido mediante una ley separada.
La otra representante de La Pampa, Victoria Huala, todavía no hizo pública una posición definitiva. Su voto es uno de los que el oficialismo intenta captar mediante las modificaciones incorporadas al dictamen.
Fama rechaza el capítulo de tierras, pero no toda la ley
Flavio Fama pidió participar de la sesión de manera remota debido a una operación de rodilla. El senador radical por Catamarca adelantó que acompañará otros apartados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero votará en contra de la reforma del régimen de tierras rurales.
“No intento frenar la llegada de capitales, pero existen herramientas legales vigentes que vuelven innecesario el cambio legislativo”, explicó. Entre ellas señaló el derecho real de superficie, regulado por el Código Civil y Comercial, que permite utilizar un inmueble ajeno para proyectos productivos durante un período prolongado sin adquirir su propiedad.
El planteo de Fama introduce una distinción central. La inversión extranjera puede aportar capital, tecnología y empleo sin implicar la venta definitiva del suelo. La propiedad de la tierra, en cambio, permanece después de que un proyecto termine, una empresa quiebre o un inversor decida retirarse.
El senador también cuestionó que una modificación estructural de la Ley 26.737 haya sido incorporada dentro de una iniciativa con asuntos diferentes. A su criterio, cualquier reestructuración del régimen de propiedad extranjera debería tratarse mediante una norma específica, con un debate independiente y estudios territoriales previos.
Neuquén se anticipó con una barrera provincial
Rolando Figueroa reafirmó que Neuquén no acompañará políticas de extranjerización. “Queremos que las tierras sean para los argentinos y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción”, expresó.
El gobernador envió a la Legislatura un proyecto para modificar el régimen provincial de tierras fiscales. La iniciativa establece que esos terrenos solo podrán ser vendidos o arrendados a personas humanas o jurídicas argentinas que demuestren arraigo y una vinculación efectiva con Neuquén.
La propuesta provincial no puede impedir todas las compraventas privadas ni reemplaza una regulación nacional sobre capitales extranjeros. Sí puede restringir el destino de los inmuebles pertenecientes al Estado neuquino y expresa una posición política opuesta a la reforma de Milei.
Queda por confirmar públicamente cómo votará la senadora neuquina Julieta Corroza. La postura de Figueroa constituye una señal clara, pero no debe confundirse con un voto formal hasta que la legisladora lo anuncie o se pronuncie en el recinto.
Propiedad privada no es soberanía privada
El nombre elegido por el Gobierno —“Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— cumple una función política: coloca a quienes cuestionan la iniciativa en el lugar de supuestos adversarios del derecho de propiedad. Pero el debate no enfrenta propiedad privada contra propiedad estatal. Discute quién puede adquirir territorio, en qué cantidad, en qué zonas y bajo qué controles.
La tierra no es un bien reproducible. Contiene agua, minerales, bosques, biodiversidad, caminos, fronteras, accesos a lagos y ríos, corredores logísticos y capacidad de producción alimentaria. El dominio privado no elimina esas dimensiones colectivas ni el interés estratégico que poseen para el Estado.
Según las estimaciones difundidas durante el debate, cerca del 5% de la tierra rural argentina ya se encuentra en manos extranjeras, equivalente a más de 13 millones de hectáreas. El promedio nacional, sin embargo, puede esconder concentraciones muy superiores en determinados departamentos, zonas fronterizas y territorios con recursos hídricos o mineros.
El Gobierno utiliza ese 5% para argumentar que existe margen hasta llegar al nuevo techo del 25%. Pero un límite legal no constituye una meta que deba alcanzarse. Su función es impedir que la concentración avance hasta un nivel considerado riesgoso. Elevarlo crea capacidad jurídica para transferir millones de hectáreas adicionales, aunque esas ventas no se produzcan de inmediato.
Una votación que puede caerse antes de comenzar
La sesión del jueves sigue formalmente convocada, pero su realización dependerá de que el oficialismo y sus aliados consigan sentar al menos 37 senadores. Una vez alcanzado el quórum, las votaciones ordinarias se definen por mayoría de los presentes, salvo disposiciones especiales. Por eso no es jurídicamente exacto afirmar que el proyecto “necesita 40 votos”: esa cifra corresponde al cálculo político que el Gobierno considera necesario según la asistencia esperada.
El problema de Bullrich es doble. Puede reunir quórum con legisladores que después rechacen el capítulo territorial, o puede no conseguir siquiera abrir la sesión si la oposición decide no facilitar el tratamiento. La votación en particular también permitiría que algunos senadores apoyen la ley general y rechacen únicamente los artículos relativos a las tierras rurales.
La reforma ya fue postergada anteriormente por falta de consenso. Las modificaciones de último momento confirman que el oficialismo todavía no logró construir una mayoría estable alrededor de su propuesta central.
Lo que comenzó como un intento de eliminar los límites terminó convertido en una negociación para elevarlos del 15% al 25%. Y lo que Bullrich presentó como un acuerdo cerrado volvió a quedar en duda cuando los senadores regresaron a sus provincias y encontraron una pregunta más difícil que cualquier poroteo: cómo explicar que para atraer inversiones sea necesario vender una parte mayor del territorio nacional.
Este jueves, el Senado no discutirá solamente porcentajes. Definirá si la Argentina conserva una barrera preventiva sobre sus tierras rurales o abre diez puntos adicionales a la propiedad extranjera. La diferencia parece numérica, pero equivale a millones de hectáreas. Y una vez que la tierra cambia de dueño, recuperarla no depende de otro dictamen ni de una nueva mayoría: depende de que quien la compró quiera venderla.
Melina Schweizer
