Melina Schweizer
La Justicia ordenó la detención de dos exautoridades del organismo encargado de controlar los medicamentos en Argentina. La causa investiga al menos 114 muertes vinculadas al fentanilo contaminado y ahora avanza sobre las responsabilidades de quienes debían fiscalizar a los laboratorios. También se solicitó información al Ministerio de Salud.
La causa por el fentanilo contaminado que provocó al menos 114 muertes en distintos hospitales y clínicas del país dio este martes un giro de alto impacto. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la detención de Nélida Bisio, exadministradora nacional de la ANMAT, y de Gabriela Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el área encargada de fiscalizar a los laboratorios farmacéuticos.
La decisión judicial vuelve a colocar en el centro de la escena al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, ya que ambos organismos dependían de esa cartera y tenían la responsabilidad de controlar la producción, distribución y comercialización de medicamentos.
Las funcionarias que debían controlar los laboratorios
Según la investigación judicial, Bisio y Fumadó ocupaban cargos clave dentro del sistema de control sanitario.
Bisio era la máxima autoridad de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), mientras que Fumadó dirigía el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo responsable de inspeccionar y fiscalizar el funcionamiento de los laboratorios farmacéuticos.
Para los investigadores, las fallas en esos controles permitieron que miles de ampollas de fentanilo contaminado elaboradas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo llegaran a hospitales, clínicas y sanatorios de distintas provincias.
Las dos exfuncionarias serán indagadas en el marco de una causa que intenta determinar cómo un medicamento con contaminación bacteriana pudo ingresar al sistema sanitario.
La investigación apunta a los controles del Estado
El expediente analiza la actuación de los organismos estatales encargados de supervisar la producción farmacéutica.
Uno de los ejes centrales es determinar por qué el laboratorio HLB Pharma continuó operando pese a las reiteradas irregularidades detectadas durante las inspecciones.
La investigación también analiza la posible existencia de un circuito de favores o pagos ilegales que habría permitido sostener el funcionamiento de la empresa a pesar de las deficiencias sanitarias observadas. Esa hipótesis continúa bajo investigación y todavía no cuenta con una resolución judicial.
El rol de Mario Lugones
El avance de la causa vuelve a poner bajo presión al ministro de Salud, Mario Lugones.
Durante 2025, cuando comenzaron a conocerse las primeras muertes asociadas al fentanilo contaminado, el Ministerio intentó constituirse como querellante en la investigación.
Sin embargo, el juez Kreplak rechazó ese pedido al considerar que la cartera sanitaria podía encontrarse en una situación de conflicto de intereses, dado que la propia ANMAT depende funcionalmente del Ministerio de Salud.
Ahora, además de ordenar las detenciones, el magistrado requirió al Ministerio documentación sobre los movimientos de personal y registros administrativos correspondientes a 2024 y 2025, en busca de información relevante para la investigación.
Renuncias antes de las detenciones
Gabriela Fumadó dejó el INAME en agosto de 2025, cuando la investigación penal comenzaba a profundizarse.
Nélida Bisio, en tanto, presentó su renuncia en enero de 2026, ocho meses después de que la ANMAT emitiera una alerta por un «desvío de calidad» en un lote de fentanilo producido por HLB Pharma y elaborado en Laboratorios Ramallo.
En ese momento, el Gobierno informó oficialmente que su salida respondía a «motivos personales».
Más de un centenar de víctimas
La investigación comenzó a cobrar relevancia pública tras detectarse una serie de muertes en el Hospital Italiano de La Plata, donde pacientes desarrollaron infecciones causadas por bacterias multirresistentes presentes en ampollas de fentanilo.
Posteriormente aparecieron casos similares en otros establecimientos sanitarios, entre ellos hospitales de Rosario.
Los análisis realizados por el Instituto ANLIS-Malbrán y los estudios del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema fueron estableciendo la relación entre las infecciones y los lotes contaminados del medicamento.
Actualmente la causa investiga al menos 114 fallecimientos presuntamente vinculados al uso de ese fármaco.
Una investigación que sigue escalando
Con las detenciones de las exautoridades de la ANMAT, la causa ingresa en una nueva etapa centrada en las responsabilidades de los organismos de control del Estado.
La decisión final sobre la situación procesal de las exfuncionarias dependerá de las indagatorias y de la evaluación de las pruebas reunidas por el juez Kreplak, mientras la investigación continúa avanzando sobre la cadena de responsabilidades que permitió que un medicamento contaminado llegara a pacientes de distintos puntos del país.
