Melina Schweizer
Mientras el Gobierno convirtió el equilibrio fiscal en argumento para limitar recursos destinados a universidades y otras áreas del Estado, las modificaciones sobre Bienes Personales provocaron una pérdida de recaudación estimada en más de $3,2 billones. El problema no es solamente cuánto se paga de impuestos, sino quién los paga: Argentina mantiene una estructura apoyada fuertemente sobre tributos al consumo, que pesan proporcionalmente más sobre quienes destinan casi todo su ingreso a vivir.
La motosierra de Javier Milei no cortó igual en todos los bolsillos. Mientras el Gobierno convirtió el déficit cero en una regla prácticamente innegociable para justificar restricciones presupuestarias, una de sus principales reformas tributarias redujo la carga sobre los patrimonios más elevados y produjo una pérdida de recaudación estimada en alrededor de $3,2 billones por Bienes Personales.
La cifra permite discutir el ajuste desde un lugar diferente. El debate ya no pasa solamente por determinar si el Estado gasta mucho o poco, sino por una pregunta eminentemente política: cuando el Gobierno decide que necesita menos recursos, ¿a quién elige cobrarle menos y quién termina sosteniendo la recaudación que queda?
Bienes Personales resulta central para responderla porque no es un impuesto general al consumo que alcance por igual a cualquiera que compre alimentos, ropa o productos de higiene. Grava determinados patrimonios que superan el mínimo establecido legalmente. Las modificaciones impulsadas durante la gestión libertaria elevaron fuertemente ese piso y establecieron un sendero descendente de alícuotas. Estimaciones recientes ubican la recaudación resignada por esas modificaciones en torno a $3,3 billones.
Por eso detrás de una consigna aparentemente universal —“bajar impuestos”— aparece una realidad bastante menos universal: no todos los impuestos bajaron y, sobre todo, no todos los contribuyentes recibieron el mismo alivio.
$3,2 billones que el Estado decidió no recaudar
El discurso libertario suele presentar cada reducción tributaria como dinero que regresa automáticamente a “los argentinos”. Pero esa formulación borra una diferencia esencial: un impuesto solamente puede ser devuelto —o dejado de cobrar— a quienes estaban alcanzados por él.
Y Bienes Personales no alcanza de la misma manera al conjunto de la sociedad.
Las modificaciones multiplicaron fuertemente el mínimo no imponible y redujeron progresivamente las alícuotas. Para 2026, distintos cálculos sobre las reformas tributarias de la gestión muestran que Bienes Personales explica una porción relevante de los recursos que el Estado dejó de percibir. Un análisis sobre los principales cambios aplicados entre 2024 y 2026 estima que ocho tributos explican una pérdida equivalente al 4,5% del PBI y que Bienes Personales representa aproximadamente el 18% de esa reducción.
No se trata, por lo tanto, de una consecuencia inevitable de la recesión ni de contribuyentes que dejaron de pagar porque disminuyeron sus ingresos.
Es una decisión de política tributaria.
Y esa distinción importa porque el mismo Gobierno que voluntariamente resigna recaudación utiliza permanentemente el costo fiscal como argumento para rechazar o limitar otras políticas.
Universidades: cuando $2,4 billones sí se convierten en un problema
La comparación con el sistema universitario permite dimensionar políticamente la cifra.
Durante el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales, el Ejecutivo convirtió el equilibrio presupuestario en su principal argumento para resistir mayores desembolsos. La aplicación de la ley de financiamiento universitario fue estimada en distintos momentos en el orden de $2,5 a $3,1 billones, mientras el sistema denunciaba una fuerte pérdida real de recursos y salarios.
Tomando como referencia los $2,4 billones de recursos que dejaron de recibir las universidades señalados en el relevamiento que origina esta comparación, la recaudación resignada por Bienes Personales resulta aproximadamente $800.000 millones superior.
Ahí aparece la contradicción política.
Cuando se trata de universidades, jubilaciones, obra pública o programas estatales, cada peso adicional debe explicar de dónde saldrá porque, según el Gobierno, cualquier incremento amenaza el equilibrio fiscal. Pero cuando se reduce un impuesto patrimonial, la pérdida de ingresos también tiene un costo fiscal aunque no aparezca presupuestariamente como un nuevo gasto.
En ambos casos el resultado sobre las cuentas públicas es concreto: el Estado dispone de menos recursos.
La diferencia está en quién recibe el beneficio.
El déficit cero tampoco es neutral
Milei convirtió el superávit fiscal en el corazón de su programa económico. La propia Ley de Presupuesto 2026 establece que el ejercicio debe cerrar equilibrado o con resultado financiero positivo y proyecta un superávit de aproximadamente $2,734 billones.
Pero el equilibrio fiscal no determina por sí mismo cómo debe alcanzarse.
Un Estado puede equilibrar sus cuentas aumentando determinados impuestos, reduciendo otros, recortando jubilaciones, disminuyendo transferencias, paralizando obras, ajustando salarios públicos o combinando todas esas alternativas.
Por eso el déficit cero es un resultado contable; la manera de conseguirlo es una decisión política y distributiva.
Si simultáneamente se resignan miles de millones provenientes de impuestos patrimoniales, la necesidad de conservar el mismo resultado fiscal obliga a obtener recursos por otras vías o reducir gastos.
Y ahí empieza a verse quién paga realmente la estabilización.
El problema argentino: se grava mucho el consumo y poco el patrimonio
La estructura tributaria ayuda a entender esa desigualdad.
Un estudio reciente de Fundar señala que el 54,9% de la recaudación argentina proviene de impuestos indirectos vinculados principalmente con bienes, servicios y consumo, mientras los impuestos sobre ingresos representan 16,2% y aquellos relacionados con la propiedad apenas 2,4%.
La diferencia con las economías desarrolladas es considerable. En los países de la OCDE, los impuestos sobre bienes y servicios representan alrededor del 31,2% de la recaudación, mientras ingresos y propiedad conjuntamente alcanzan aproximadamente el 40,3%.
¿Por qué importa?
Porque un impuesto al consumo no mira cuánto patrimonio posee una persona antes de cobrarle.
Un jubilado que compra alimentos paga los impuestos incorporados en esos productos. También una trabajadora que destina casi todo su salario al supermercado, el transporte, los servicios y otros gastos cotidianos.
Una persona con ingresos elevados también los paga.
Pero el impacto sobre sus economías es completamente diferente.
Cuanto menos ganás, más difícil es escapar del impuesto
Una familia pobre consume prácticamente todo lo que ingresa. No tiene capacidad significativa para transformar una parte importante de sus ingresos en ahorro, inversiones financieras o patrimonio.
Por eso los impuestos indirectos terminan absorbiendo una proporción mayor de sus recursos disponibles.
Si un hogar destina casi todo su ingreso a alimentos, servicios, transporte, indumentaria y consumo básico, prácticamente todo su dinero atraviesa alguna instancia tributaria antes de terminar el mes.
En cambio, cuanto mayor es el ingreso, mayor suele ser la posibilidad de ahorrar una porción, invertirla o acumular patrimonio.
De ahí surge la naturaleza regresiva de una estructura excesivamente concentrada sobre el consumo: no necesariamente el pobre paga más pesos que el rico, sino que puede terminar entregando al sistema tributario una proporción mucho mayor de lo que gana.
Los estudios citados en el planteo que origina esta nota estiman que los hogares de menores ingresos soportan una carga superior al 35% de sus ingresos.
Ese es el dato social que transforma una discusión aparentemente técnica sobre Bienes Personales en una discusión sobre desigualdad.
No todos los impuestos bajaron con Milei
La idea de una reducción tributaria generalizada tampoco resiste el análisis de los cambios realizados.
Entre las modificaciones que aumentaron recursos aparecen Combustibles, Ganancias y Monotributo, que en conjunto aportarían un incremento equivalente al 1,5% del PBI durante el período analizado. El impuesto a los combustibles explica el 55% de ese aumento, Ganancias otro 36% y Monotributo el 9%.
En el sentido contrario aparecen Bienes Personales, derechos de exportación, IVA por modificaciones específicas y la desaparición del impuesto PAIS, entre otros.
Esto significa que la política tributaria libertaria no puede resumirse simplemente como “menos impuestos”.
Hubo impuestos que bajaron, otros que aumentaron y contribuyentes que recibieron un beneficio mucho mayor que otros.
Incluso en bienes suntuarios hubo decisiones concretas. Durante la gestión se modificaron impuestos internos sobre automóviles de determinados valores y se suspendió el gravamen para embarcaciones recreativas o deportivas durante el período establecido por la normativa.
El debate, nuevamente, es distributivo.
Menos patrimonio, más consumo: la dirección de la reforma
La combinación de estas decisiones permite identificar una orientación.
Mientras se reduce la carga de impuestos directamente vinculados con patrimonio y determinados bienes, una enorme proporción de la recaudación continúa dependiendo de impuestos indirectos que atraviesan el consumo cotidiano.
Eso produce una paradoja política difícil de esconder detrás de la consigna de la libertad fiscal.
El Gobierno puede estar reduciendo la presión tributaria agregada y, al mismo tiempo, mantener o incluso aumentar el peso relativo que el sistema representa para quienes menos tienen.
Porque “bajar impuestos” no responde la pregunta esencial.
¿Bajar cuáles?
¿A quién?
¿Y quién compensa los recursos que desaparecen?
La motosierra también eligió de qué bolsillos dejar de recaudar
La política fiscal de Milei suele analizarse observando exclusivamente el gasto: cuánto se redujeron transferencias, cuánto cayó la obra pública, qué ocurrió con salarios, universidades, jubilaciones o programas sociales.
Pero existe otra mitad de la ecuación.
También se hace política fiscal cuando se decide no recaudar.
Los aproximadamente $3,2 billones resignados por los cambios en Bienes Personales no son dinero que desapareció mágicamente de las cuentas nacionales. Son recursos que permanecieron en manos de quienes hubieran tenido que tributarlos bajo el esquema anterior.
Eso puede defenderse desde una concepción económica que considere excesivo el impuesto patrimonial. Lo que no puede hacerse es presentar esa decisión como fiscalmente neutra mientras cada incremento destinado a universidades, jubilados o políticas públicas es cuestionado exclusivamente por su costo.
Porque ambos tienen costo.
La diferencia es quién recibe el beneficio y quién absorbe el ajuste necesario para conservar el déficit cero.
Por eso el dato central no son solamente los $3,2 billones. Es la comparación que permite hacer esa cifra con el resto del programa económico.
Mientras el Gobierno restringió recursos públicos invocando la necesidad de cuidar cada peso, eligió resignar una suma multimillonaria mediante la reducción de un impuesto patrimonial. Mientras los hogares de menores ingresos destinan prácticamente todo lo que ganan al consumo y soportan proporcionalmente una pesada carga tributaria, los impuestos sobre la propiedad representan una fracción mínima de la recaudación argentina.
Ese es el verdadero contenido político de la reforma.
Milei no eliminó la cuenta del ajuste: cambió su distribución. La motosierra recortó gasto abajo mientras la reforma tributaria alivió patrimonio arriba. Y cuando el Estado decide cobrarle menos a quienes más tienen sin abandonar el déficit cero, alguien más termina pagando la diferencia.
Rodolfo Gudino
