Rodolfo Gudino
La petrolera israelí presentó la ausencia de una interferencia efectiva del Gobierno argentino como una garantía para cerrar Sea Lion. El proyecto obtuvo USD 1.000 millones de deuda, un seguro político de bajo costo y contratos con proveedores internacionales. Milei endureció su discurso cuando la inversión ya estaba aprobada y el primer petróleo tenía fecha para 2028.
La petrolera israelí Navitas Petroleum consiguió el financiamiento necesario para explotar petróleo alrededor de las Islas Malvinas después de convencer al mercado de que el Gobierno argentino no representaba un obstáculo real para el proyecto.
No se trata de una interpretación opositora ni de una acusación construida retrospectivamente. Amit Kornhauser, directivo de Navitas, reconoció que la decisión final de inversión de Sea Lion se completó “sin interferencia alguna por parte del Gobierno argentino” y con el respaldo de las autoridades británicas de las islas.
La frase tenía un destinatario concreto: inversores, bancos, aseguradoras y proveedores que necesitaban saber si la disputa de soberanía podía poner en peligro su dinero.
Kornhauser agregó que las compañías habían conseguido un seguro contra riesgos políticos de bajo costo y acuerdos con contratistas internacionales de primer nivel. Para Navitas, el acceso a esas condiciones demostraba que el conflicto geopolítico no impedía el avance del emprendimiento.
La inacción de Milei no fue entonces una ausencia sin consecuencias. La petrolera la convirtió en una garantía financiera.
El riesgo argentino que nunca llegó
Sea Lion está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de un espacio marítimo cuya soberanía reclama la Argentina. El Reino Unido considera legítimas las licencias entregadas por las autoridades isleñas; la Argentina las desconoce porque fueron otorgadas sin su autorización sobre una plataforma continental que considera propia.
Esa controversia debía representar un riesgo considerable para cualquier inversor. Un proyecto petrolero de más de USD 2.000 millones necesita contratos de largo plazo, seguros, barcos, plataformas, proveedores tecnológicos y préstamos internacionales. Cada actor evalúa la posibilidad de sanciones, litigios, embargos o restricciones comerciales.
Navitas consiguió demostrar que ese peligro era administrable. La evidencia más importante que presentó fue que había completado todo el proceso sin una interferencia eficaz del Gobierno argentino.
La palabra “interferencia” no significa necesariamente una operación clandestina o una acción militar. En el lenguaje de una compañía que busca capital, significa cualquier medida capaz de elevar el costo del proyecto: procedimientos administrativos contra los proveedores, demandas judiciales, advertencias a los bancos, presión diplomática, restricciones comerciales o comunicaciones formales a los mercados donde cotizan las empresas.
Nada de eso alcanzó durante el gobierno de Milei una dimensión capaz de detener la financiación.
Mil millones de dólares después, Milei descubrió la urgencia
Navitas y Rockhopper aprobaron la decisión final de inversión el 10 de diciembre de 2025, exactamente dos años después de la asunción de Milei. Ese paso, conocido como FID, representa la frontera que separa un proyecto potencial de una inversión formalmente comprometida.
Sea Lion consiguió USD 1.000 millones de deuda senior. El resto de las necesidades financieras será cubierto mediante capital aportado por Navitas y Rockhopper y por los flujos generados después del comienzo de la producción.
Rockhopper estimó que la primera fase requerirá USD 1.800 millones hasta la obtención del primer petróleo y aproximadamente USD 2.100 millones hasta su finalización.
El cierre financiero se anunció el 21 de diciembre de 2025. Para entonces, Navitas ya había negociado y firmado los contratos centrales: el alquiler y la adaptación del buque de producción, las instalaciones submarinas, la plataforma de perforación y los servicios especializados.
La primera fase apunta a recuperar 170 millones de barriles y alcanzar una producción máxima aproximada de 50.000 barriles diarios. La extracción comenzaría durante el primer trimestre de 2028.
Los planes posteriores son todavía más ambiciosos. Las compañías estudian incorporar un segundo buque con capacidad para producir alrededor de 125.000 barriles diarios y acelerar nuevas fases de desarrollo.
Milei reaccionó cuando el proyecto ya tenía deuda, seguros, contratos y fecha de producción. Anunció que la Argentina no permanecería de brazos cruzados después de que los inversores hubieran comprobado durante dos años que podía hacerlo.
La ley que Milei prometió aplicar ya había sancionado a Navitas
El Presidente presentó como un endurecimiento decisivo la aplicación de medidas contra las compañías que participen en la explotación de recursos alrededor de Malvinas. Sin embargo, la herramienta central de esa ofensiva no nació durante su gobierno.
La Ley 26.659 fue sancionada en 2011 y reforzada en 2013 mediante la Ley 26.915. Prohíbe explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. También alcanza a quienes tengan una participación directa o indirecta en las empresas responsables y a quienes presten servicios para esos desarrollos.
La norma permite imponer multas, retirar concesiones y beneficios fiscales, impedir contrataciones con el Estado e inhabilitar a las compañías durante un período de entre cinco y veinte años.
Navitas fue sancionada en abril de 2022. La Secretaría de Energía declaró clandestinas sus actividades y le aplicó la inhabilitación máxima de veinte años por su participación en Sea Lion. Rockhopper ya había recibido una sanción equivalente.
Por eso, el problema del Gobierno libertario no fue simplemente dejar de castigar a una petrolera que ya estaba castigada. Fue no extender a tiempo la presión hacia la estructura que permitía que aquella empresa sancionada consiguiera dinero, seguros y proveedores.
Milei anunció ahora que alcanzará a accionistas, directores, financistas, aseguradoras y contratistas. Es precisamente la red que debió identificar antes de que la FID quedara cerrada.
No existió silencio absoluto, pero sí falta de eficacia
El Gobierno argentino rechazó oficialmente en diciembre de 2025 la decisión final de inversión anunciada por Navitas y Rockhopper. Cancillería sostuvo que las licencias eran ilegales, reafirmó las sanciones vigentes y prometió adoptar medidas adicionales.
Ese antecedente obliga a precisar el concepto de inacción. Milei no mantuvo un silencio diplomático absoluto ni reconoció formalmente la legalidad de Sea Lion. Su gobierno emitió protestas y sostuvo el reclamo argentino.
Pero la declaración de Navitas prueba que esas manifestaciones no produjeron una interferencia material sobre la financiación. Los inversores no consideraron que las advertencias argentinas amenazaran seriamente la ejecución del proyecto.
Una protesta que no altera el riesgo, no demora los contratos ni encarece el seguro puede servir para mantener formalmente una posición diplomática. No necesariamente funciona como política destinada a impedir la extracción.
La diferencia entre una declaración y una estrategia se mide en sus consecuencias. Navitas consiguió el dinero.
La concesión discursiva que tranquilizó a los inversores
La empresa también interpretó favorablemente las declaraciones de Milei sobre los habitantes de las islas. En abril de 2025, el Presidente sostuvo que Argentina debía convertirse en una potencia para conseguir que los isleños prefirieran algún día integrarse al país.
La formulación fue leída como un reconocimiento de la autodeterminación defendida por Londres. Esa interpretación se aparta de la posición histórica argentina, según la cual no corresponde aplicar ese principio a una población implantada por la potencia ocupante después de la expulsión de las autoridades argentinas en 1833.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución.
Para la posición argentina, el conflicto no puede resolverse mediante un referéndum organizado exclusivamente entre habitantes británicos trasladados al territorio y sus descendientes. El principio aplicable es la integridad territorial, no la autodeterminación de una población establecida después de la ocupación.
Las palabras de Milei generaron cuestionamientos de excombatientes, diplomáticos y dirigentes de distintos espacios. Incluso la Cancillería tuvo que sostener que la política nacional no había cambiado.
Navitas, sin embargo, tomó el discurso presidencial como una señal de que Argentina no convertiría la cuestión petrolera en un conflicto político inmediato. La ambigüedad que en Buenos Aires se presentaba como seducción diplomática fue utilizada en los mercados como reducción del riesgo.
Sea Lion no extraerá solamente petróleo
El proyecto tiene capacidad para modificar la economía de las islas y consolidar materialmente la ocupación británica. El gobierno isleño prevé cobrar regalías del 9% e impuesto corporativo del 26% sobre las ganancias.
Las proyecciones indican que Sea Lion podría triplicar el producto interno de las islas y generar ingresos fiscales anuales de hasta 280 millones de libras hacia 2034. Con una población cercana a 3.500 habitantes, se trata de una transformación económica extraordinaria.
Ese dinero financiará infraestructura, servicios, energía, viviendas y eventualmente un fondo soberano. También fortalecerá la autonomía presupuestaria de la administración británica local.
La explotación posee, por lo tanto, una dimensión política que excede la venta de crudo. Cada barril puede transformarse en recursos para consolidar la presencia británica, atraer nuevos residentes y sostener una economía capaz de resistir con mayor facilidad cualquier presión argentina.
Los impuestos y las regalías derivados de un recurso reclamado por la Argentina no llegarán a Tierra del Fuego ni financiarán escuelas, hospitales o infraestructura del continente. Serán administrados por las autoridades establecidas bajo la ocupación británica.
La pérdida económica no puede calcularse solamente por el valor comercial del petróleo. Incluye la renta fiscal, los puestos de trabajo, la cadena de proveedores, el conocimiento tecnológico y la capacidad de decisión sobre un recurso no renovable.
Cuando la explotación termine, el petróleo no regresará. Tampoco podrá negociarse nuevamente.
Una política social ausente detrás de la discusión soberana
Malvinas suele quedar encerrada entre discursos militares, mapas y ceremonias. Sea Lion obliga a observar también quién recibe los beneficios materiales de la ocupación y quién soporta las pérdidas.
Mientras las islas proyectan financiar infraestructura y un fondo de ahorro con regalías petroleras, la Argentina atraviesa recortes sobre ciencia, investigación marítima, defensa, obra pública y capacidades estatales necesarias para sostener una presencia efectiva en el Atlántico Sur.
La soberanía no se defiende únicamente mediante declaraciones. Necesita puertos, industria naval, universidades, investigación oceanográfica, radares, logística antártica y comunidades fueguinas con trabajo, vivienda y servicios.
Un Estado que retira recursos de esas áreas debilita su propia capacidad para ejercer soberanía, aunque después endurezca el tono de una cadena nacional.
También existe un riesgo ambiental. Sea Lion utilizará pozos submarinos y unidades flotantes de producción en un ecosistema conectado con el Mar Argentino y la región antártica. Un derrame no respetaría las fronteras construidas por el Reino Unido ni esperaría que la disputa diplomática fuera resuelta.
Sin participación argentina en las licencias, tampoco existe intervención nacional en los estudios ambientales, la fiscalización operativa o los planes de respuesta frente a accidentes.
El alineamiento con Israel también quedó bajo examen
Navitas controla el 65% de Sea Lion y Rockhopper conserva el 35%. La conducción del proyecto se encuentra, por lo tanto, en manos de una compañía israelí.
Milei convirtió su relación con Israel en uno de los ejes centrales de la política exterior argentina. Ese alineamiento vuelve políticamente incómoda cualquier medida que afecte a Navitas, sus grandes inversores o las entidades financieras que respaldan el proyecto.
El canciller Pablo Quirno aseguró que las sanciones no dañarán la relación bilateral. Pero todavía falta comprobar si el Gobierno está dispuesto a aplicar sus amenazas cuando los intereses involucrados pertenecen a uno de sus aliados internacionales más cercanos.
La soberanía no puede depender de la nacionalidad de la empresa infractora. Si la actividad es ilegal para la Argentina, debe recibir el mismo tratamiento cuando la compañía es británica, israelí, estadounidense o pertenece a un empresario políticamente cercano.
La prueba no será la dureza del discurso. Será la lista de empresas alcanzadas, los expedientes abiertos y las sanciones efectivamente aplicadas.
Milei intenta cerrar una puerta que dejó abierta
La ofensiva anunciada puede aumentar los costos de Sea Lion. Las acciones de las compañías reaccionaron negativamente a las amenazas argentinas y todavía existen proveedores con actividades o intereses en el país que podrían reconsiderar su participación.
Tampoco debe descartarse la vía judicial, el rastreo de los financistas o una campaña diplomática para advertir sobre los riesgos legales y ambientales. El hecho de que la FID haya sido aprobada no vuelve irreversible cada contrato.
Pero ahora la Argentina deberá enfrentar una estructura mucho más consolidada que la existente en diciembre de 2023.
Navitas ya consiguió USD 1.000 millones de deuda, contrató los componentes principales y fijó el inicio de la producción para 2028. Además, transformó la falta de presión argentina en un argumento para demostrar que el riesgo político era bajo.
La compañía dijo ante sus inversores lo que el Gobierno intenta ocultar detrás de la cadena nacional: Sea Lion avanzó porque Milei no consiguió interferir cuando todavía podía complicar su financiamiento.
El Presidente ahora promete actuar con firmeza. Pero durante su gestión la petrolera israelí consiguió el dinero exhibiendo precisamente lo contrario.
GONZALO SCHWEIZER
