Melina Schweizer
El Ejecutivo envió más de 200 pliegos al Senado y ya consiguió aprobar cerca de 170 para cubrir cargos en el Poder Judicial. El interbloque Popular, principal bancada opositora, objetó solamente seis nombramientos. Entre los avalados aparece la prórroga de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, que consiguió 58 votos. El Gobierno no necesitó colonizar tribunales por decreto: la oposición le sostuvo la escalera.
La Libertad Avanza encontró una institución del Estado que no quiere destruir: la Justicia. Mientras cierra organismos, reduce personal y explica que cada empleado público es un gasto sospechoso, el Gobierno envió más de 200 pliegos judiciales al Senado y ya logró aprobar cerca de 170. La motosierra se detuvo respetuosamente frente a los tribunales; aparentemente entendió que allí podría necesitar amigos.
El Ejecutivo pretende cubrir alrededor de 300 vacantes. La operación comenzó a acelerarse después de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y avanzó durante cuatro sesiones del Senado. El oficialismo no tiene mayoría propia para aprobar semejante cantidad de candidatos, pero tampoco la necesitó. El interbloque Popular, conducido por José Mayans, rechazó apenas seis pliegos. La oposición levantó el puño con una mano y votó jueces con la otra.
El dato no demuestra automáticamente la construcción de una “Justicia mileísta”. Los candidatos atravesaron concursos, audiencias y procedimientos institucionales, y muchos pueden reunir antecedentes suficientes para ocupar los cargos. Pero aprobar alrededor de 170 postulaciones enviadas por un mismo Ejecutivo exige algo más que distracción. El peronismo no dejó pasar un elefante por el Senado: le sostuvo la puerta, le selló el expediente y le explicó dónde quedaba el juzgado.
Entre los casos más llamativos aparece Carlos Alberto Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del actual ministro de Justicia. Como cumplirá 75 años en noviembre, necesitaba un nuevo nombramiento para continuar durante otros cinco. El Senado lo aprobó por 58 votos contra 11, sin abstenciones. Veintiún integrantes del bloque Justicialista acompañaron la prórroga. El parentesco no invalida sus antecedentes, pero ofrece una escena institucional exquisita: el Gobierno del hijo propone la continuidad del padre y el peronismo aporta los votos para que nadie acuse a la familia de cerrarse sobre sí misma.
El decreto fue firmado por Javier Milei y la entonces ministra Alejandra Monteoliva, no por Juan Bautista Mahiques. La formalidad evitó que el hijo pusiera su firma debajo del nombramiento del padre, un detalle delicado en un país donde el nepotismo se combate procurando que la lapicera la sostenga otro funcionario. Carlos Mahiques seguirá en Casación hasta 2031. La casta era hereditaria; la independencia judicial, por cinco años renovables.
El interbloque Popular sí rechazó a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, propuesto para integrar el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. El parentesco tampoco constituye por sí mismo una incapacidad profesional, pero el apellido convirtió el pliego en un imán político. Pese al rechazo peronista, Rosatti obtuvo el acuerdo y juró una semana después. En la Justicia argentina, los hijos no heredan los cargos: simplemente concursan con una excelente orientación familiar.
También fue objetada María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, para integrar un tribunal oral federal de La Plata. El peronismo cuestionó su cercanía con el magistrado que elevó a juicio la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y participó del viaje a Lago Escondido. El Ejecutivo todavía no firmó su nombramiento y alegó que el tribunal no se encuentra habilitado. El pliego atravesó el Senado para llegar a un despacho que, técnicamente, todavía no abrió la puerta.
Los senadores peronistas rechazaron además la continuidad de Víctor Pessino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pessino había revocado la cautelar contra la Ley de Modernización Laboral y dispuesto la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. En este caso, al peronismo se sumaron sectores provinciales y dos radicales. Cuando el juez tocó la legislación laboral y un sindicato poderoso, la oposición finalmente recordó que los pliegos podían votarse en contra.
Javier Cosentino recibió otro de los escasos rechazos. El magistrado había confirmado en 2018 la quiebra de Oil Combustibles, principal empresa del Grupo Indalo, vinculado a medios cercanos al kirchnerismo. Su candidatura fue tratada junto con otros 54 dictámenes. La producción judicial funcionó con eficiencia industrial: nombres, cargos y acuerdos saliendo por la misma cinta transportadora. Si algún senador quería examinar cada expediente con detenimiento, debía llevar comida para varios meses.
Pablo Bertuzzi completó la lista de candidatos cuestionados por la oposición más dura. Había sido trasladado durante el Gobierno de Mauricio Macri a la Cámara Federal porteña sin concurso específico ni acuerdo previo del Senado, una maniobra luego revisada por la Corte Suprema. El peronismo objetó ahora su designación formal. Ocho años después, la institucionalidad llegó al lugar del hecho con la velocidad habitual de un expediente sin padrino.
La excepción más reveladora fue Verónica Michelli. En su caso, no fue el peronismo quien intentó frenarla, sino La Libertad Avanza. El Gobierno quiso retirar su candidatura por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso $LIBRA. La objeción no estaba relacionada con su desempeño profesional, sus antecedentes ni una incompatibilidad legal: el problema era compartir familia con alguien que publica noticias desagradables para Milei. La independencia judicial comenzaba por elegir correctamente a los cuñados.
El Senado aprobó a Michelli por 44 votos contra 18 y dos abstenciones. Patricia Bullrich se negó a acompañar el rechazo de su propio bloque y sostuvo que no podían imponerse consecuencias disciplinarias por una relación familiar. Francisco Paoltroni votó a favor y Luis Juez se ausentó. La rebelión fue tan intensa que Bullrich habría puesto a disposición la conducción de la bancada; Milei no se la aceptó. En La Libertad Avanza existe libertad de conciencia, siempre que luego sea informada a Presidencia.
Aunque Michelli obtuvo el acuerdo del Senado, el Ejecutivo todavía no firmó su designación. El Gobierno celebró la aprobación conjunta de decenas de pliegos como un “hito”, pero dejó en espera precisamente a la candidata vinculada familiarmente con el periodista incómodo. La República funcionó perfectamente hasta que el decreto llegó al escritorio del ofendido.
El volumen de nombramientos debería haber provocado una revisión pública mucho más profunda. Cerca de 170 jueces, fiscales y defensores pueden influir durante décadas sobre causas políticas, económicas, laborales y penales. Un senador permanece seis años; un magistrado puede atravesar varios gobiernos. Sin embargo, la mayoría de los pliegos fue aprobada sin una discusión proporcional al poder que estaba distribuyéndose. El Senado trató cargos vitalicios con la urgencia de quien liquida electrodomésticos antes del cierre.
El peronismo podrá argumentar que acompañó candidatos técnicamente aptos y rechazó solamente aquellos con objeciones concretas. Es una explicación institucionalmente defendible. Pero entonces deberá abandonar el relato de que Milei avanza en soledad sobre todos los resortes del Estado. Para aprobar 170 pliegos sin mayoría propia hacen falta consensos. Y cuando el consenso se vuelve incómodo, la palabra técnica es complicidad administrativa.
El Gobierno obtuvo así algo más valioso que una ley transitoria. Las leyes pueden derogarse; los jueces permanecen. Cada designación aprobada ocupará un despacho desde el cual podrá decidir sobre reformas, sindicatos, empresas, funcionarios, protestas y denuncias de corrupción. La Libertad Avanza comprendió una verdad elemental: controlar el presente exige votos; condicionar el futuro requiere nombramientos.
La principal oposición rechazó seis pliegos y acompañó, toleró o permitió cerca de 170. Después podrá denunciar que la Justicia fue colonizada, siempre que no aparezcan las actas del Senado.
Milei prometió terminar con la casta. El peronismo colaboró aprobándole los jueces. Al final, la grieta no desapareció: consiguió acuerdo del Senado y juró en el cargo.
Rodolfo Gudino
