Melina Schweizer
El diputado presentó un régimen voluntario para pequeños empleadores con hasta cinco trabajadores. La iniciativa unificaría aportes, obra social, asignaciones familiares, desempleo y ART en un pago mensual, además de crear una plataforma digital para realizar todos los trámites. También condonaría multas, sanciones y gran parte de las deudas a quienes regularicen personal no registrado durante los primeros seis meses. El trabajador consigue derechos; el patrón recibe el perdón por habérselos negado.
Miguel Ángel Pichetto encontró una solución argentina para el trabajo informal: si registrar empleados resulta complicado, se simplifica el trámite; si haberlos mantenido en negro resulta ilegal, se perdona la infracción. Así nació el “monotributo laboral”, un proyecto destinado a personas, microempresas y pequeñas compañías con hasta cinco trabajadores. La formalidad llega acompañada por una amnistía, porque en este país hasta el blanqueo laboral necesita comenzar premiando a quien apagó la luz.
La iniciativa crea un Régimen Simplificado de Registración Laboral y Seguridad Social de adhesión voluntaria. El empleador pagaría una contribución mensual unificada por cada integrante de su personal. Ese monto abarcaría aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y cobertura por riesgos del trabajo. ARCA establecería escalas vinculadas con el salario. El viejo recibo de sueldo se transforma en un combo completo: previsión, salud y ART, con papas medianas.
El proyecto también ordena desarrollar una plataforma digital gratuita a la que se ingresaría con clave fiscal. Desde allí se podrían registrar altas y bajas, liquidar salarios, informar vacaciones y ausencias, calcular aportes y emitir certificados de servicios y remuneraciones. La propuesta resulta razonable: un comercio con dos o tres empleados no debería necesitar un estudio contable del tamaño de Techint para completar una declaración. Si el Estado exige formalidad, al menos podría evitar que registrarse sea una materia optativa de ingeniería nuclear.
Pichetto parte de un diagnóstico conocido: aproximadamente el 40% de los trabajadores ocupados se desempeña en condiciones informales. El problema se concentra particularmente en comercios, emprendimientos familiares y pequeñas unidades productivas, donde el costo administrativo y económico de contratar puede resultar desproporcionado. El diputado sostiene que esas estructuras enfrentan trámites similares a los de compañías mucho más grandes. En la Argentina, vender doce empanadas y exportar acero pueden requerir formularios redactados por el mismo enemigo de la humanidad.
Hasta allí, el proyecto ofrece una respuesta atendible. Simplificar registros, automatizar cálculos y unificar pagos podría reducir errores y facilitar el cumplimiento. Además, el texto asegura que no modifica salarios, convenios colectivos, licencias, indemnizaciones ni prestaciones de la seguridad social. El trabajador seguiría bajo relación de dependencia y no sería convertido formalmente en monotributista. Pichetto no propone borrar derechos con una aplicación; propone que la aplicación recuerde pagarlos.
El punto más polémico aparece con el régimen de regularización. Los empleadores que tengan hasta cinco trabajadores no registrados o deficientemente declarados podrían adherir durante los primeros seis meses de vigencia. Si formalizan a todo el personal, accederían a la condonación de multas, sanciones y buena parte de las deudas por aportes y contribuciones. También serían eliminados del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. El Estado limpia el expediente con la misma velocidad con que el patrón descubre que aquella persona que iba todos los días, cumplía horario y cobraba un salario era técnicamente un empleado.
La lógica oficial de estos blanqueos suele afirmar que resulta preferible perdonar el pasado para registrar hacia el futuro. El argumento tiene sentido práctico: un trabajador formalizado comienza a recibir aportes, cobertura y protección. Pero también instala un incentivo perverso. Quien cumplió la ley desde el primer día pagó cada contribución; quien ocultó la relación laboral acumula deuda y después espera una moratoria. La formalidad termina siendo el impuesto que abonan los ingenuos mientras aguardan el próximo perdón presidencial.
El proyecto ofrece además un beneficio para contratar al primer trabajador. El empleador que no haya tenido personal registrado durante el año anterior recibiría una reducción del 75% de la contribución unificada durante seis meses y del 50% durante los seis siguientes. La medida intenta bajar la barrera de entrada al empleo formal. El primer empleado llega con descuento; el segundo ya aparece en temporada regular.
Para evitar abusos, quedarían excluidos quienes fragmenten artificialmente empresas o actividades con el propósito de mantenerse dentro del límite de cinco trabajadores. Si la nómina supera esa cantidad, el empleador saldría automáticamente del régimen. El artículo supone que ARCA podrá distinguir una microempresa genuina de cinco pequeñas sociedades administradas por la misma familia, en el mismo local y con un solo contador. La creatividad tributaria argentina ya pidió seis CUIT para leer el proyecto.
La propuesta tampoco surge en un desierto normativo. Desde mayo funciona el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral creado por la Ley 27.802, que reduce durante 48 meses las contribuciones patronales para determinadas contrataciones nuevas. Pichetto agrega un sistema específico para microempleadores, con plataforma simplificada, aporte unificado, beneficios para el primer trabajador y regularización de relaciones preexistentes. El mercado laboral argentino todavía no consiguió terminar con la informalidad, pero ya dispone de suficientes regímenes para que el empleador elija en cuál no entiende nada.
El nombre “monotributo laboral” también merece atención. El monotributo tradicional corresponde a trabajadores independientes y suele utilizarse fraudulentamente para ocultar relaciones de dependencia. En este caso, según la información disponible, no se reemplaza al empleado por un proveedor: se simplifican las obligaciones del empleador manteniendo el vínculo laboral. La etiqueta puede ser pegadiza, pero convendría impedir que termine confundiendo una registración simplificada con el viejo truco de obligar al trabajador a facturarle cada mes a su propio jefe.
La iniciativa debería precisar cómo se calculará la contribución y qué proporción llegará a cada subsistema. Si el monto unificado resulta demasiado bajo, la simplificación podría convertirse en desfinanciamiento jubilatorio, sanitario y sindical. Si resulta demasiado alto, ningún empleador informal adherirá. ARCA tendrá que encontrar el punto exacto donde el patrón decide pagar sin que el sistema de seguridad social empiece a pedir limosna. Una tarea sencilla, comparable con estacionar un camión sobre una moneda.
También falta saber qué ocurrirá con los años trabajados en negro antes de la regularización. Condonar la deuda patronal no debería borrar la antigüedad real, las diferencias salariales ni los derechos individuales del empleado. El proyecto afirma que no reduce garantías laborales, pero la reglamentación deberá impedir que la amnistía fiscal se transforme en amnesia contractual. El trabajador no empezó a existir el día en que su patrón descubrió la plataforma.
Pichetto presenta el régimen como una herramienta de formalización, no como una reforma flexibilizadora. Esa diferencia debe reconocerse. Registrar con menos trámites es mejor que mantener personas completamente fuera del sistema. Pero la solución no puede limitarse a facilitar el cumplimiento mientras se debilitan la inspección y las consecuencias del fraude. El empleo informal no existe únicamente porque ARCA tiene una página complicada; también existe porque contratar en negro suele resultar rentable y la posibilidad de ser sancionado es remota.
El Congreso deberá discutir cuánto simplifica realmente el proyecto, cuánto costará a la seguridad social y qué protección conservarán los trabajadores regularizados. También tendrá que decidir si la condonación será excepcional o si inaugurará otra temporada del programa nacional “incumpla ahora y pague nunca”.
Pichetto quiere sacar de la clandestinidad laboral a millones de personas. La intención es defendible y la herramienta merece debate. El problema es el mensaje que acompaña cada blanqueo: al empleado le piden paciencia hasta que aparezcan sus derechos; al empleador le garantizan que, cuando finalmente decida reconocerlos, el Estado olvidará la deuda.
El monotributo laboral promete transformar trabajo negro en empleo registrado con un clic. Falta comprobar quién pagará la diferencia. Porque en la Argentina, cuando una ley anuncia que todos ganan, el trabajador debería revisar inmediatamente si todavía conserva la billetera.
GONZALO SCHWEIZER
