Rodolfo Gudino
El VS Promise, registrado en la Isla de Man y dedicado al transporte de petróleo, cargó crudo en Río Cullen y luego se abasteció en el puerto de Ushuaia, intervenido por el Gobierno nacional desde enero. Tierra del Fuego cuestionó la operación por su bandera británica y exigió explicaciones. Pablo Quirno respondió que el buque no tenía relación con la explotación ilegal en Malvinas y acusó a opositores y medios de montar una campaña. La nave existió, el amarre también; lo único imaginario, según el canciller, fue preguntar.
El canciller Pablo Quirno anunció que la presencia de un petrolero británico en el puerto de Ushuaia no constituyó un problema de soberanía, sino “otra operación de la oposición y los medios”. La aclaración fue necesaria porque el VS Promise cometió el error comunicacional de amarrar físicamente, cargar combustible y dejarse fotografiar. Si hubiera entrado únicamente mediante un tuit presidencial, probablemente habría sido considerado inversión extranjera.
La embarcación mide aproximadamente 228 metros, está registrada en la Isla de Man —dependencia de la Corona británica— y navega bajo bandera del Reino Unido. Antes de llegar a Ushuaia cargó petróleo en Río Cullen, dentro de la Cuenca Marina Austral, donde operan TotalEnergies y sus socios. Después realizó una escala logística en la capital fueguina y continuó su recorrido por el canal Beagle. No venía de las Malvinas ni transportaba crudo extraído en la zona ocupada. Hasta allí, los hechos; la soberanía empieza donde cada Gobierno coloca la caja registradora.
El puerto de Ushuaia se encuentra intervenido desde enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La Casa Rosada justificó esa decisión mediante denuncias sobre problemas estructurales, fallas de seguridad, falta de inversión y presuntos desvíos de fondos. También destacó su carácter estratégico para el Atlántico Sur y la actividad antártica. Nación desplazó a la Provincia para proteger el puerto y, una vez protegida, la terminal recibió a un petrolero británico. La seguridad funcionó: el buque entró sin que nadie pudiera detenerlo.
El Gobierno de Gustavo Melella repudió la operación y exigió que Nación explicara bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos había autorizado el amarre. Señaló que resulta inadmisible que una embarcación británica utilice el puerto de la capital provincial mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Además, recordó que la intervención nacional fue impugnada judicialmente. Para Tierra del Fuego, la contradicción es evidente: le quitaron el control del puerto invocando la soberanía y después administraron la soberanía sin consultar a Tierra del Fuego.
Quirno respondió con una publicación titulada “Otra operación de la oposición y los medios”, acompañada por una advertencia: “Es largo, paciencia por favor”. El canciller necesitó una extensa explicación para demostrar que no había nada que explicar. Javier Milei compartió el mensaje y añadió: “Desarmando operetas. Mentirosos compulsivos”. En la diplomacia libertaria, la precisión jurídica siempre mejora cuando el Presidente agrega un diagnóstico psiquiátrico.
El canciller sostuvo que el VS Promise transportaba crudo producido en territorio argentino, que había sido contratado por el consorcio que opera en Río Cullen y que no tenía ningún vínculo con las autoridades británicas que ocupan ilegalmente las Malvinas. También remarcó que Tierra del Fuego fiscaliza la extracción, percibe regalías y había prorrogado concesiones hidrocarburíferas con compromisos de inversión superiores a 530 millones de dólares. El razonamiento oficial es sencillo: como la Provincia cobra por el petróleo, también debe sonreírle al barco británico que viene a buscarlo.
Quirno afirmó, además, que la escala en Ushuaia generó ingresos portuarios y actividad económica local. La bandera, según esa perspectiva, queda subordinada al origen del crudo y al destino comercial de la operación. El petrolero no colaboraba con la explotación británica en Malvinas, sino con un negocio desarrollado bajo jurisdicción argentina. La soberanía no habría sido vulnerada; simplemente fue puesta a facturar.
La discusión legal requiere mayor precisión que los comunicados cruzados. La Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, no prohíbe indiscriminadamente el ingreso de cualquier buque británico. Su artículo 2 impide la permanencia, el amarre, el abastecimiento y las operaciones logísticas de embarcaciones británicas o con banderas de conveniencia que realicen tareas relacionadas con la exploración o explotación de recursos naturales —o actividades militares— dentro de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina.
Como el VS Promise cargó petróleo en Río Cullen y no existen pruebas publicadas de que haya operado en la cuenca malvinense, la afirmación de que violó la Ley 852 no surge automáticamente de su bandera. En este punto, Quirno dispone de un argumento jurídico atendible. Lo que no consigue desactivar con ese argumento es la dimensión política del episodio: una nave británica operó en el puerto más sensible del país, bajo administración directa de un Gobierno que utiliza la soberanía para justificar la intervención, pero considera una “opereta” que la provincia soberana pida explicaciones.
Además, persiste una disputa sobre quién autorizó qué. Nación afirmó que la Provincia avaló inicialmente la operación porque la monoboya de Río Cullen se encuentra bajo jurisdicción fueguina y los organismos locales fiscalizan la carga. Tierra del Fuego respondió que las autorizaciones de navegación, ingreso y despacho correspondieron a Prefectura Naval, mientras la gestión del puerto de Ushuaia está en manos nacionales. Una parte autorizó el petróleo, otra permitió navegar y otra recibió el barco. La soberanía quedó perfectamente distribuida: nadie sería responsable del conjunto.
La propia Provincia conocía necesariamente la operación hidrocarburífera en Río Cullen, pero eso no equivale por sí solo a haber autorizado el posterior amarre en Ushuaia. Nación administraba el puerto cuando el buque ingresó. Reducir el reclamo a una mentira opositora evita contestar la cuestión fundamental: si el Ejecutivo consideraba completamente legítima la escala, ¿por qué no informó previamente una operación que sabía políticamente sensible?
Quirno cerró su mensaje pidiendo que la cuestión Malvinas sea defendida “con seriedad” y no mediante operaciones que confundan una actividad comercial legítima con la ocupación británica. La distinción es correcta: el VS Promise no es un buque de guerra ni existen pruebas de que sirviera a la explotación ilegal alrededor de las islas. Pero defender Malvinas con seriedad también implica reconocer que la bandera británica en Ushuaia posee una carga histórica y geopolítica que no desaparece porque el barco pague servicios portuarios.
El episodio resulta todavía más incómodo por el historial reciente del canciller. Quirno ya había utilizado la denominación “Falklands” en una publicación y llamado “turista” al presidente argentino que visitara las islas bajo control británico. Ahora decidió explicarles a Tierra del Fuego, a un excanciller y a los medios cuándo corresponde sentirse ofendidos por una embarcación británica. La Cancillería no recuperó las Malvinas, pero trabaja intensamente en administrar la sensibilidad de quienes las reclaman.
No está demostrado que el VS Promise haya violado la Ley Gaucho Rivero. Sí está demostrado que amarró en Ushuaia, que portaba bandera británica, que el puerto estaba intervenido por Nación y que Tierra del Fuego pidió explicaciones. Convertir esas preguntas en una “operación” no aclara la controversia: la clausura mediante insultos.
El Gobierno podría haber publicado las autorizaciones, identificado al contratante, precisado el destino del crudo y explicado por qué la escala resultaba compatible con la política nacional sobre Malvinas. Eligió algo más sencillo: acusar a todos de mentir.
El petrolero británico ya abandonó Ushuaia. Lo que quedó amarrado en el puerto fue el doble discurso oficial: la soberanía sirve para intervenir una terminal provincial, pero se vuelve una opereta cuando la provincia pregunta quién dejó entrar el barco.
Melina Schweizer
