Rodolfo Gudino
Después de avanzar con una reforma del Banco Central que busca inmovilizar la política monetaria y acelerar 177 designaciones judiciales, el oficialismo prepara cambios en las PASO, la Ficha Limpia, los requisitos para formar partidos y el financiamiento electoral. Presentadas como reformas separadas, las iniciativas conforman una misma arquitectura: limitar la capacidad del próximo gobierno, ordenar la oferta electoral y proteger el modelo libertario incluso si Milei deja la Casa Rosada.
La Libertad Avanza comenzó a organizar las elecciones de 2027 mucho antes de saber quiénes serán sus candidatos. Lo hace mediante una estrategia más profunda que seleccionar nombres, contratar consultores o encargar encuestas: pretende modificar las instituciones que administran la economía, intervienen en los conflictos políticos y determinan quién puede presentarse ante la ciudadanía.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la aceleración de las designaciones judiciales y el próximo debate sobre las reglas electorales aparecen oficialmente como iniciativas independientes. Una promete estabilidad monetaria; otra cubre vacantes acumuladas en los tribunales; la tercera busca modernizar los partidos y transparentar las candidaturas.
Consideradas en conjunto, revelan algo distinto. El Gobierno procura construir una estructura capaz de sobrevivir a una derrota electoral. La economía quedaría condicionada por autoridades difíciles de remover, la Justicia federal recibiría centenares de nuevos magistrados y las fuerzas políticas deberían competir bajo reglas diseñadas por la coalición que actualmente controla el Poder Ejecutivo.
Milei no está pensando únicamente en ganar las próximas elecciones. Está trabajando para que, aun si pierde, el ganador reciba un Estado con decisiones centrales tomadas de antemano.
Un Banco Central protegido de los votos
La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. El proyecto elimina la posibilidad de otorgar nuevos adelantos transitorios al Tesoro y restringe la asistencia financiera a las provincias y los municipios.
También reemplaza el mandato múltiple incorporado en 2012 —estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo con equidad social— por un objetivo prioritario: preservar el valor de la moneda.
La discusión no consiste en negar la necesidad de evitar que el Banco Central funcione como una caja ilimitada del Gobierno. La emisión para financiar déficits persistentes puede alimentar la inflación, degradar la moneda y trasladar el costo hacia los sectores con menores recursos. El problema aparece cuando la autonomía técnica se convierte en soberanía política de funcionarios que no fueron elegidos por la ciudadanía.
La reforma mantiene mandatos de seis años para el directorio y exige mayorías agravadas en el Congreso para remover a sus autoridades. De aprobarse, un gobierno recién elegido podría encontrarse obligado a ejecutar su programa económico con una conducción monetaria nombrada por la administración anterior y protegida frente al reemplazo.
La independencia del Banco Central nunca es absoluta. Sus decisiones determinan el crédito, las tasas de interés, el precio del dinero, la actividad económica y el empleo. Presentarlas como resoluciones puramente técnicas permite ocultar que siempre distribuyen costos y beneficios.
Una tasa puede estabilizar la moneda y, al mismo tiempo, destruir el financiamiento de las pequeñas empresas. Un banco central puede controlar la emisión y también asfixiar una recuperación. La política monetaria no deja de ser política porque sus responsables utilicen traje, gráficos y palabras en inglés.
Las reservas como garantía y la deuda sin Congreso
El artículo 13 concentra una de las modificaciones más delicadas. La disposición autoriza al Banco Central a utilizar oro, divisas y otros activos de las reservas como garantía en operaciones financieras internacionales. Además, amplía las contrapartes con las que podría tomar créditos, incluyendo bancos privados extranjeros.
El Gobierno presenta la medida como una facultad habitual de los bancos centrales. La oposición advierte que permitiría contratar financiamiento externo respaldado por reservas sin requerir autorización legislativa.
La diferencia no es menor. Una reserva protegida frente a embargos de terceros puede quedar voluntariamente comprometida como garantía por decisión de las autoridades del propio Banco Central. Si la operación fracasa o no puede pagarse, el acreedor tendría derecho a ejecutar el activo afectado.
La reforma también genera sospechas por el traslado al exterior de parte del oro argentino. Luis Caputo reconoció que los lingotes fueron enviados para obtener rendimiento, pero el Gobierno no informó de manera completa cuánto oro salió, dónde se encuentra, bajo qué contratos fue depositado ni si quedó vinculado con alguna operación financiera.
Una norma no debería aprobarse para legalizar retrospectivamente una operación que el Estado todavía no ha explicado. La independencia institucional no puede confundirse con el derecho a administrar reservas públicas bajo contratos confidenciales y sin control parlamentario.
Si el Congreso debe autorizar determinados compromisos de deuda soberana, resulta razonable discutir por qué una institución estatal podría comprometer activos estratégicos sin una intervención equivalente. Cambiar el nombre de “deuda” por “operación de banca central” no modifica necesariamente la naturaleza de la obligación.
Una Justicia renovada a toda velocidad
Mientras Diputados debatía el Banco Central, el Senado aprobó 67 pliegos judiciales: 45 jueces, nueve fiscales y doce defensores. Con esas designaciones, el Gobierno alcanzó 177 nombramientos y pretende aproximarse a 300 antes de terminar el año.
Cubrir vacantes resulta indispensable. Una Justicia incompleta demora causas, acumula expedientes y perjudica a quienes esperan una resolución. Sin embargo, el volumen, la velocidad y las negociaciones políticas utilizadas para aprobar los pliegos obligan a observar quiénes ocuparán los cargos y qué causas podrían resolver.
Entre los designados aparece Pablo Bertuzzi, quien integrará la Sala I de la Cámara Federal porteña junto con Pablo Yadarola. Ese tribunal interviene en expedientes sensibles, entre ellos las investigaciones relacionadas con la criptomoneda Libra y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Bertuzzi había sido trasladado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri y posteriormente debió regresar a su tribunal de origen. Yadarola participó del viaje a Lago Escondido junto con jueces, funcionarios y empresarios de medios, un episodio que provocó cuestionamientos por la relación entre magistrados, dirigentes políticos y representantes privados.
También fue aprobado Emilio Rosatti como juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Es hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien felicitó públicamente al ministro de Justicia por la gestión de las designaciones.
Ninguno de estos antecedentes demuestra por sí mismo que los magistrados actuarán de manera ilegal. Pero la independencia judicial no se garantiza únicamente mediante concursos y votaciones formales. También requiere evitar relaciones capaces de producir dudas razonables sobre la imparcialidad de quienes deberán juzgar al poder que facilitó sus nombramientos.
El acuerdo silencioso con la oposición
La velocidad de las designaciones no puede atribuirse exclusivamente a La Libertad Avanza. El oficialismo carece de los votos necesarios para aprobar los pliegos por su cuenta. Una parte importante de la oposición acompañó el proceso a cambio de incorporar candidatos propios o vinculados con los gobiernos provinciales.
Esa negociación revela el carácter corporativo del sistema. En público, oficialistas y opositores denuncian una Justicia colonizada. En privado, distribuyen espacios dentro de la misma estructura que aseguran combatir.
El argumento consiste en ingresar magistrados cercanos para equilibrar la influencia del adversario. El resultado puede ser exactamente el contrario: en lugar de construir una Justicia independiente de los partidos, se consolida una Justicia repartida entre ellos.
La ciudadanía queda obligada a confiar en un sistema donde cada sector considera imparcial al juez que recomendó y militante al que propuso el contrario.
Ficha Limpia y el poder de seleccionar adversarios
La siguiente estación es la reforma electoral. El proyecto reúne la eliminación de las PASO, la implementación de la Ficha Limpia, modificaciones en la boleta única, restricciones a las internas partidarias y nuevas exigencias para conservar la personería política.
La Ficha Limpia impediría competir a quienes hayan recibido una condena en segunda instancia por delitos dolosos. Su atractivo resulta evidente: pocas personas desean defender el derecho de un dirigente condenado por corrupción a continuar ocupando cargos.
Pero la discusión central no es moral, sino institucional. Una condena en segunda instancia todavía puede ser revocada por la Corte Suprema. Si esa decisión basta para excluir a una candidatura, los tribunales adquieren capacidad para modificar la oferta electoral antes de que exista una sentencia definitiva.
El riesgo aumenta cuando la regla se combina con una renovación masiva de magistrados. Los mismos partidos que designan jueces podrían entregarles, poco después, la facultad de determinar cuáles de sus adversarios están habilitados para competir.
La corrupción debe investigarse y sancionarse. Pero una democracia también debe impedir que el derecho penal se transforme en una interna partidaria administrada desde los tribunales.
Menos partidos y mayores barreras de entrada
La reforma pretende reemplazar afiliaciones en papel por avales biométricos, elevar la cantidad de adhesiones necesarias para formar un partido y exigir presencia en diez distritos. También plantea retirar la personería a las fuerzas que no alcancen el 3% de los votos en dos elecciones consecutivas.
Combatir los partidos construidos mediante afiliaciones falsas constituye un objetivo legítimo. El problema es que elevar simultáneamente las exigencias territoriales y electorales beneficia a las organizaciones que ya poseen estructura, recursos y representación parlamentaria.
Los partidos pequeños pueden fragmentar la oferta y funcionar como vehículos comerciales para negociar lugares en las listas. Pero también son la vía mediante la cual nacen nuevas representaciones. La Libertad Avanza no habría llegado al Gobierno si las fuerzas establecidas hubieran podido cerrar completamente el sistema antes de su aparición.
La paradoja es notable: un partido nuevo pretende elevar la escalera después de haber subido.
Campañas con dinero privado y sin debate obligatorio
Entre los cambios propuestos aparecen dos puntos que contradicen el discurso de transparencia: la eliminación de los límites al gasto de campaña y el fin de la publicidad electoral gratuita. También se proyecta suprimir la obligatoriedad de los debates presidenciales.
Si los partidos deben pagar íntegramente su publicidad y pueden gastar sin límites, el acceso a grandes aportantes privados adquiere un peso todavía mayor. Las fuerzas con respaldo empresarial dominarán la conversación pública, mientras las organizaciones sin financistas poderosos encontrarán mayores dificultades para difundir sus propuestas.
La eliminación del debate obligatorio también favorece a quienes lideran las encuestas o prefieren evitar preguntas. Un candidato presidencial podría aspirar a conducir el país sin enfrentarse públicamente con sus adversarios ni explicar su programa ante la ciudadanía.
La reforma promete sanear la política, pero puede terminar reemplazando los partidos “sello de goma” por candidatos con sello empresarial.
El PRO negocia su supervivencia
La transformación electoral también forma parte de la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO. Mauricio Macri intenta conservar el control de la Ciudad de Buenos Aires y obtener lugares competitivos en las listas nacionales y provinciales. El oficialismo busca absorber al partido amarillo sin entregarle capacidad para condicionar a Karina Milei.
El argumento público para justificar una alianza será impedir una victoria del peronismo. Detrás de esa explicación se distribuyen candidaturas, territorios y recursos.
En 2027 se renovarán 24 bancas del Senado correspondientes a Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. La Libertad Avanza pondrá en juego pocas de sus bancas actuales, mientras la UCR arriesgará gran parte de su representación. El peronismo, en cambio, expondrá una proporción menor de su bloque.
La reforma puede modificar ese tablero antes de la elección. Eliminar internas, reducir partidos y facilitar alianzas permitiría a los libertarios concentrar el voto de derecha y debilitar a sus socios sin necesariamente expulsarlos.
El PRO corre el riesgo de recibir espacios para 2027 a cambio de entregar las condiciones que le permitirían existir después.
El modelo por encima del gobierno
El oficialismo sostiene que busca estabilidad, una Justicia eficiente y elecciones transparentes. Ninguno de esos objetivos es ilegítimo. La preocupación surge de la forma en que las tres reformas se relacionan.
Un Banco Central con autoridades protegidas puede limitar el programa económico del próximo presidente. Una Justicia renovada puede intervenir en causas sensibles y decidir inhabilitaciones. Una reforma electoral puede reducir competidores, liberar el gasto privado y definir quién aparece en la boleta.
La democracia no consiste solamente en votar cada cuatro años. También exige que el resultado permita modificar políticas, reemplazar autoridades y elegir entre alternativas reales. Cuando las instituciones se diseñan para impedir que una nueva mayoría cambie el rumbo, las elecciones continúan existiendo, pero pierden parte de su capacidad transformadora.
Milei llegó al poder denunciando a una casta que, según afirmaba, había construido reglas para conservar sus privilegios. Ahora intenta fijar autoridades, jueces y condiciones electorales que trasciendan su mandato.
Quizás ese sea el destino más previsible de quienes prometen destruir el sistema: cuando finalmente consiguen controlarlo, descubren que ya no desean dinamitarlo. Prefieren quedarse con las llaves.
Melina Schweizer
