Melina Schweizer
Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE, obtuvo un crédito hipotecario del Banco Nación para comprar una propiedad de 389 metros cuadrados en San Isidro. El funcionario aseguró que accedió al préstamo como “cualquier hijo de vecino”. El detalle es que no todos los hijos del barrio consiguen USD 315 mil, ocupan cargos públicos ni tienen de vecino a Toto Caputo.
La motosierra libertaria encontró finalmente un lugar donde no pasar: la puerta del Banco Nación. Felipe Núñez, asesor de Luis “Toto” Caputo, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y entusiasta defensor del achicamiento estatal, obtuvo un crédito hipotecario de 315 mil dólares de la banca pública para comprar una propiedad de 389 metros cuadrados en San Isidro.
La operación figura en su declaración jurada. El inmueble ingresó a su patrimonio el 1 de noviembre de 2024, en uno de los municipios más costosos del país. No se conoce ninguna ilegalidad comprobada en el préstamo, pero el episodio expone una contradicción política difícil de acomodar incluso dentro de una vivienda con casi 400 metros cuadrados: quienes describen al Estado como una organización criminal siempre encuentran una ventanilla pública cuando necesitan financiar el techo.
“Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito”, explicó Núñez. Tiene razón. Cualquier hijo de vecino puede levantarse una mañana, cobrar su sueldo como funcionario, dirigir un banco estatal, asesorar al ministro de Economía y solicitar 315 mil dólares para comprar una casa en San Isidro. El problema de los argentinos es que no leen bien los requisitos.
Una vivienda modesta para un funcionario austero
La frase “cualquier hijo de vecino” merece ser conservada como patrimonio cultural del ajuste. Mientras millones de familias se endeudan para pagar alimentos, servicios o medicamentos, el asesor de Caputo utilizó la expresión para describir la compra de una vivienda de 389 metros cuadrados.
No hay información que permita afirmar que el funcionario recibió un trato ilegal. Tampoco que la propiedad sea una mansión o que todo el terreno tenga la misma superficie construida. Pero el monto del crédito y la ubicación alcanzan para demostrar que no estamos frente al mismo vecino que espera el colectivo, compara el precio del aceite y llama a la inmobiliaria para preguntar si aceptan una garantía del interior.
Núñez explicó que eligió el Banco Nación porque allí cobra su sueldo. El argumento transforma el privilegio en una consecuencia administrativa: no fue al Estado porque creyera en la banca pública, sino porque la cuenta ya venía incluida con el cargo.
El liberalismo argentino conserva una relación espiritual muy particular con lo público. Para los jubilados, el Estado es un gasto. Para las universidades, una caja que debe auditarse. Para los trabajadores, una estructura ineficiente. Pero cuando aparece una línea hipotecaria conveniente, el monstruo burocrático se convierte en un amable gerente dispuesto a servir café.
Los cruzados contra el Estado hicieron fila en el Nación
Núñez no fue el único funcionario libertario que accedió a los créditos hipotecarios otorgados durante la presidencia de Daniel Tillard en el Banco Nación. También recibieron préstamos Federico Furiase, Sharif Menem, Santiago Santurio y Leandro Massaccesi, entre otros integrantes o figuras cercanas al oficialismo.
Todos podían cumplir formalmente los requisitos. Ese no es el único punto en discusión. La pregunta política es si existió un acceso privilegiado, una velocidad diferente en la tramitación o condiciones especialmente favorables para funcionarios vinculados con el poder. Hasta ahora, la sospecha fue planteada públicamente, pero no existe una resolución judicial o administrativa que compruebe favoritismo.
La transparencia exige publicar las condiciones de cada préstamo, los criterios utilizados, las fechas de solicitud y aprobación, las tasaciones y las garantías presentadas. Si realmente recibieron el mismo tratamiento que cualquier ciudadano, la documentación debería demostrarlo sin dificultades.
Porque “todo fue legal” constituye una defensa insuficiente cuando quienes participaron administran el mismo Estado que les prestó el dinero. La ética pública empieza justamente donde termina el formulario.
Pettovello inventó una moral que ahora molesta
Sandra Pettovello despidió a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, después de conocerse que había obtenido un préstamo hipotecario del Banco Nación por más de 400 millones de pesos. Con esa decisión, la ministra estableció un precedente incómodo para el resto del Gobierno.
Si recibir un crédito estatal siendo funcionario constituye una conducta políticamente reprochable, el criterio debería aplicarse a todos. Si, en cambio, Massaccesi cumplió las reglas y no recibió un beneficio indebido, su desplazamiento fue una puesta en escena para atravesar el escándalo sin revisar el funcionamiento del banco.
El Gobierno quedó atrapado entre dos explicaciones igualmente desagradables. O los créditos fueron normales y Pettovello castigó a un funcionario por ejercer un derecho, o existió un problema ético y entonces Caputo debe explicar por qué su asesor continúa en funciones.
La moral libertaria funciona como las tarifas: se actualiza según quién tenga que pagarla.
El Estado es malo, salvo cuando financia en dólares
Núñez utiliza las redes sociales para defender la política económica de Caputo y combatir las críticas contra el programa libertario. Desde esa posición, participa de un discurso que presenta al sector público como una maquinaria costosa, ineficiente y parasitaria.
Sin embargo, el crédito que permitió financiar su vivienda no fue entregado por un banco privado, por una plataforma digital ni por uno de los empresarios que predican las virtudes del mercado. Lo concedió el Banco Nación, una entidad pública que el propio ideario libertario suele presentar como candidata a privatización, reducción o conversión en sociedad anónima.
El episodio no demuestra que la banca estatal sea innecesaria. Demuestra exactamente lo contrario. Una institución pública puede facilitar el acceso a una vivienda mediante plazos y condiciones que el mercado privado no ofrece con la misma amplitud.
La cuestión es quiénes acceden a esa herramienta. Si la banca pública sirve principalmente para financiar propiedades de funcionarios con altos ingresos, mientras una familia trabajadora no supera la evaluación crediticia, no existe democratización del crédito. Existe socialismo inmobiliario para quienes conocen el pasillo correcto.
Aptos para el crédito, expertos en el ajuste
El principal obstáculo para acceder a un préstamo hipotecario no es conocer la existencia del programa. Es demostrar ingresos suficientes, conservar un empleo estable, reunir ahorros y soportar una cuota que puede aumentar durante décadas.
Los funcionarios reúnen varias de esas condiciones gracias al propio Estado. Cobran salarios públicos, poseen estabilidad mientras dura su designación y, en algunos casos, ocupan lugares de conducción dentro del sistema financiero. Después se presentan como ciudadanos independientes que vencieron solos las adversidades del mercado.
El privilegio moderno rara vez dice “soy un privilegio”. Prefiere llamarse mérito, capacidad crediticia o coincidencia administrativa.
Núñez puede haber cumplido todas las normas. Pero la legalidad del contrato no elimina la obscenidad política de defender un Estado mínimo mientras se utiliza la banca pública para adquirir una propiedad extraordinaria. Tampoco borra la necesidad de investigar si todos los solicitantes recibieron las mismas oportunidades.
Los libertarios prometieron que cada argentino podría progresar sin depender del Estado. Felipe Núñez ya encontró el método: primero se consigue un cargo dentro del Estado, después se cobra el sueldo en el Estado y finalmente se le pide al Estado 315 mil dólares para independizarse del Estado.
La libertad, como puede verse, era una casa en San Isidro. Y la motosierra quedó guardada en el quincho.
Rodolfo Gudino
