GONZALO SCHWEIZER
La gestión de Diego Santilli tendrá como uno de sus primeros desafíos avanzar con la salida a Bolsa del Correo Argentino. El plan oficial contempla vender el 90% del paquete accionario, reservar un 10% para los trabajadores y separar el negocio postal de las casi 900 propiedades que posee la empresa.
La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete reactivó uno de los proyectos de privatización que permanecía congelado desde hace meses: la salida del Correo Argentino al mercado bursátil. La iniciativa, que había quedado archivada durante la gestión de Manuel Adorni, vuelve ahora a ocupar un lugar central dentro del plan de reforma del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El proyecto contempla realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) para colocar en la Bolsa de Comercio el 90% de las acciones del Correo Argentino, mientras que el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores de la empresa. La operación requerirá la aprobación definitiva de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía, que tendrán la última palabra sobre el cronograma de ejecución.
La propuesta incluye además una profunda reestructuración societaria. El plan oficial prevé dividir la compañía en dos unidades: por un lado quedaría la operación postal y logística, mientras que por otro se conformaría una nueva empresa integrada por las cerca de 900 propiedades que hoy forman parte del patrimonio del Correo Argentino. Ambas sociedades podrían salir posteriormente al mercado de capitales.
Desde el Gobierno sostienen que el escenario actual resulta más favorable que en años anteriores debido al saneamiento financiero que atravesó la empresa. Según datos oficiales, el Correo pasó de registrar pérdidas superiores a los $200.000 millones durante 2023 a obtener un resultado positivo cercano a 250 millones de dólares en 2025, luego de un fuerte proceso de ajuste interno.
Uno de los pilares de esa reestructuración fue el programa de retiros voluntarios implementado en 2024, financiado por el Ministerio de Economía con alrededor de 150 millones de dólares. Como resultado, la planta de personal se redujo de aproximadamente 16.000 empleados a 11.000, disminuyendo significativamente los costos operativos.
No obstante, la empresa también sufrió el impacto de algunas medidas impulsadas por la propia administración nacional. La desregulación del régimen de envíos internacionales promovida por Federico Sturzenegger favoreció la expansión de operadores privados de courier y redujo considerablemente la participación del Correo Argentino en ese segmento del negocio. Según estimaciones internas, la empresa perdió alrededor del 80% de la facturación vinculada al servicio de courier desde la modificación normativa.
Pese a la mejora en sus balances, el Gobierno sostiene que no tiene previsto mantener la empresa bajo control estatal. La estrategia apunta a desprenderse de un activo que, una vez saneado, podría resultar atractivo para inversores privados tanto nacionales como internacionales.
La eventual colocación del Correo Argentino en la Bolsa representaría un hecho inédito en el proceso de privatizaciones argentino. A diferencia de experiencias anteriores, donde las empresas estatales fueron vendidas directamente a grupos privados, el oficialismo busca abrir el capital mediante el mercado bursátil, un mecanismo que permitiría incorporar distintos tipos de inversores y establecer un precio de mercado para la compañía.
La operación aparece ahora como uno de los primeros grandes desafíos políticos y económicos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, en una etapa donde el Gobierno busca acelerar las privatizaciones y profundizar el achicamiento del Estado como uno de los ejes centrales de su programa económico.
Melina Schweizer
