Melina Schweizer
Después de seis meses de conflicto sin una victoria decisiva, Washington endureció las sanciones contra Teherán y amenazó con castigar a quienes mantengan relaciones comerciales con el país persa. La ofensiva busca conseguir mediante el aislamiento financiero lo que las armas no lograron imponer, pero también puede acelerar la cooperación entre Irán y China, golpear a la población civil y reducir todavía más la capacidad de Estados Unidos para controlar el orden mundial.
Donald Trump prometió doblegar a Irán mediante la superioridad militar de Estados Unidos. Seis meses después, Teherán no se rindió, el estrecho de Ormuz continúa convertido en una amenaza para el mercado energético y los arsenales estadounidenses muestran las consecuencias de una guerra que debía ser rápida. Ante la imposibilidad de exhibir una victoria, la Casa Blanca decidió trasladar el campo de batalla: de los misiles a los bancos, del Golfo Pérsico a las rutas comerciales y de los objetivos militares a la vida cotidiana de millones de iraníes.
La nueva ofensiva fue anunciada el 25 de agosto bajo el nombre de Operation Economic Outcast. El paquete alcanza a 60 personas y entidades relacionadas con sectores como el oro, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo. No se limita a prohibir operaciones de empresas estadounidenses con Irán. También amenaza con sancionar a compañías, bancos y gobiernos de terceros países que mantengan vínculos comerciales con Teherán.
La estrategia no constituye una novedad. Estados Unidos utiliza desde hace décadas el acceso al dólar, a su sistema financiero y a su mercado como instrumentos de política exterior. La diferencia es que esta vez el castigo económico aparece después de una campaña militar que no consiguió cumplir sus objetivos. Las sanciones no llegan para evitar la guerra: llegan porque la guerra no produjo la rendición prometida.
La economía como continuación de la guerra
El objetivo declarado por Washington es obligar a Teherán a negociar el final del conflicto y abandonar sus reclamos sobre el estrecho de Ormuz. Sin embargo, la amplitud de las medidas permite sospechar una ambición mayor: provocar tal nivel de deterioro económico y malestar social que la propia población iraní termine enfrentándose al Gobierno.
La lógica es conocida. Si la presión militar no consigue modificar la conducta de un Estado, se intenta paralizar su economía. Se restringen sus exportaciones, se persiguen sus mecanismos de pago, se castiga a sus socios comerciales y se dificulta el acceso a bienes importados. El sufrimiento social deja de ser un daño colateral y comienza a funcionar como una herramienta de presión política.
El politólogo iraní Siavash Saffari sostiene que el verdadero propósito es empujar a la sociedad a realizar el trabajo que el Ejército estadounidense no pudo completar: producir desde adentro un cambio de gobierno. La población queda así atrapada entre un régimen que utiliza la resistencia nacional para reforzar su autoridad y una potencia extranjera que espera convertir la escasez en rebelión.
Las sanciones no distinguen con facilidad entre la estructura del Estado y la vida de una familia. Cuando se bloquea un banco, también se obstaculiza la compra de medicamentos. Cuando se impide una operación comercial, también pueden encarecerse los alimentos. Cuando se castiga al sistema de transporte, viajar, producir y trabajar se vuelve más difícil.
Washington asegura que apunta contra las fuentes de financiamiento del Gobierno iraní. En la práctica, el funcionario conserva sus privilegios mucho más tiempo que la persona que necesita insulina, combustible o empleo. Las sanciones se anuncian contra el poder, pero la factura suele llegar primero a la mesa de los civiles.
La rendición que no llegó
Irán vive sometido a diferentes regímenes de sanciones estadounidenses desde la década de 1980. Su economía ha sufrido inflación, aislamiento financiero, dificultades tecnológicas y un deterioro persistente de las condiciones de vida. Sin embargo, ninguna de esas medidas consiguió provocar la rendición total del país.
El historiador Arash Azizi advierte que la presión económica podría facilitar una negociación si Washington formulara objetivos limitados y aceptables para ambas partes. Lo que considera improbable es que Teherán levante las manos y acepte una capitulación completa. La historia reciente respalda esa cautela: castigar indefinidamente a un Estado puede debilitarlo, pero no necesariamente vuelve más dócil a su Gobierno.
Las sanciones prolongadas también producen mecanismos de adaptación. Irán creó intermediarios, redes comerciales opacas y una “flota en la sombra” para transportar petróleo. Las restricciones encarecen esas operaciones y reducen los ingresos, pero no consiguen detenerlas por completo.
Ese límite revela una contradicción. Cuanto más tiempo permanece sancionado un país, más incentivos tiene para construir circuitos económicos fuera del sistema controlado por quien lo sanciona. Estados Unidos conserva una enorme capacidad de presión, pero cada ofensiva prolongada también enseña a sus adversarios cómo depender menos de Washington.
China y la grieta en el bloqueo
El principal problema de la estrategia estadounidense tiene nombre propio: China. Aproximadamente el 90% del petróleo exportado por Irán tendría como destino el mercado chino. Castigar seriamente ese comercio implicaría sancionar refinerías, empresas navieras, intermediarios y mecanismos financieros relacionados con la segunda economía más grande del planeta.
Washington puede asfixiar a un país aislado con costos relativamente controlables. Hacer lo mismo con una red respaldada por China supone un riesgo diferente. Una ofensiva demasiado agresiva podría alterar el mercado energético, afectar cadenas internacionales de pagos y profundizar la confrontación entre las dos mayores potencias económicas.
Pekín ya calificó las sanciones como unilaterales e ilegales y anticipó que defenderá sus intereses. Además, trabaja en mecanismos capaces de reducir la dependencia del dólar, entre ellos el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos, conocido como CIPS, y los acuerdos bilaterales realizados en monedas locales.
Estas herramientas todavía no reemplazan completamente la infraestructura financiera occidental. Sin embargo, ofrecen rutas alternativas para operaciones que Washington intenta bloquear. Cada sanción secundaria brinda a China un argumento adicional para acelerar sistemas de pagos en los que Estados Unidos no pueda cerrar una cuenta con una orden administrativa.
La paradoja resulta evidente: Trump busca aislar a Irán, pero puede terminar fortaleciendo el vínculo entre Teherán y Pekín. Intenta reafirmar el dominio financiero estadounidense, pero contribuye a que sus adversarios construyan mecanismos para evitarlo. El garrote conserva fuerza, aunque cada golpe convence a más países de fabricar otro camino.
El antecedente ruso
Rusia ofrece una advertencia. Las sanciones impuestas desde la anexión de Crimea en 2014 y ampliadas después de la invasión de Ucrania afectaron bancos, empresas energéticas, exportaciones tecnológicas y fortunas cercanas al Kremlin. También congelaron activos y limitaron el acceso ruso al sistema SWIFT.
Las medidas produjeron costos reales. Rusia enfrentó restricciones tecnológicas, pérdida de mercados y dificultades para sostener determinados sectores productivos. Pero no detuvieron la guerra, no provocaron el derrumbe del Gobierno y tampoco aislaron por completo al país.
Moscú reorientó parte de sus exportaciones hacia China, India y otros compradores. Vendió petróleo con descuentos, desarrolló mecanismos alternativos de pago y utilizó intermediarios para adquirir productos restringidos. La economía perdió eficiencia, pero el Kremlin conservó capacidad militar y control político.
Siria ofrece una experiencia semejante. Las sanciones profundizaron el deterioro económico y la escasez, pero Bashar al-Assad permaneció en el poder durante años gracias al respaldo de Rusia e Irán. El ciudadano común pagó el costo de una política que no consiguió rápidamente el resultado estratégico prometido.
Las sanciones pueden degradar capacidades, aumentar el precio de una guerra y condicionar una negociación. Lo que no garantizan es la caída de un Gobierno. Mucho menos cuando ese Gobierno utiliza la presión extranjera para fortalecer el nacionalismo, justificar la represión y presentar cualquier disidencia interna como una colaboración con el enemigo.
El desgaste también está en Washington
La decisión de Trump no responde únicamente a la resistencia iraní. Estados Unidos enfrenta sus propios límites. Especialistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimaron que el Pentágono podría necesitar al menos tres años para recomponer determinados inventarios de interceptores y regresar a los niveles anteriores al conflicto.
La Casa Blanca niega que exista una escasez crítica, pero el desgaste obliga a Washington a administrar recursos originalmente previstos para otros escenarios, especialmente una eventual confrontación con China. Cada misil utilizado en Medio Oriente es un misil que debe fabricarse nuevamente, y la capacidad industrial no responde a la misma velocidad con la que el discurso presidencial promete guerras rápidas.
La política interna agrega otra presión. Según encuestas de Reuters/Ipsos citadas en el informe original, solo el 31% de los estadounidenses apoya la guerra y la aprobación de Trump se encuentra alrededor del 33%. Con las elecciones legislativas acercándose, prolongar una campaña costosa y sin una victoria visible puede transformarse en una deuda electoral.
La guerra económica permite proyectar dureza sin mostrar diariamente bajas militares. También ayuda a Trump a presentar la falta de resultados como una nueva fase de la estrategia. Pero cambiar de arma no resuelve necesariamente el problema: confirma que la anterior no consiguió lo prometido.
Cuando el imperio sanciona su propia impotencia
Estados Unidos todavía posee una capacidad extraordinaria para condicionar el comercio mundial. Controla instrumentos financieros decisivos, conserva aliados poderosos y puede elevar considerablemente el costo de relacionarse con Irán. Sería un error confundir los límites de las sanciones con su falta de efectos.
El problema es determinar sobre quiénes recaen esos efectos. Si los medicamentos escasean, el combustible se encarece y los empleos desaparecen, la población iraní sufrirá mucho antes de que la dirigencia abandone el poder. Y si China mantiene el comercio energético y ofrece mecanismos alternativos de pago, Teherán puede resistir durante más tiempo del que Washington está dispuesto a esperar.
Trump pretende conseguir con bancos y petroleros lo que no logró con bombas e interceptores. Puede forzar una negociación, pero difícilmente obtenga una rendición incondicional. Mientras tanto, cada nueva sanción erosiona la vida de los iraníes, aumenta la volatilidad energética y acelera la formación de un circuito económico menos dependiente de Estados Unidos.
La guerra económica puede castigar a Irán. Lo que todavía no ha demostrado es que pueda derrotarlo. Y cuando una potencia necesita empobrecer a millones de civiles para sostener la imagen de que continúa ganando, quizá el verdadero sancionado ya no sea solamente su adversario, sino el relato de su propia omnipotencia.
Rodolfo Gudino
REDACCIÓN
