Melina Schweizer
La semifinal del Mundial 2026 vuelve a enfrentar a la Argentina e Inglaterra. Pero mucho antes de Malvinas y mucho antes de Maradona, ambos países ya disputaban otra batalla: el control del comercio, la deuda, los recursos estratégicos y la soberanía económica. Desde el empréstito con la Baring Brothers en 1824 hasta la explotación británica del Atlántico Sur, la relación entre ambos Estados revela una historia donde el poder financiero y la geopolítica resultaron tan decisivos como los ejércitos.
Lionel Scaloni tiene razón cuando afirma que el partido entre Argentina e Inglaterra «es solamente un partido de fútbol». También tiene razón porque ningún entrenador puede permitir que una semifinal del Mundial cargue sobre los hombros de sus jugadores el peso de dos siglos de conflictos diplomáticos, económicos y territoriales. Sin embargo, fuera del campo de juego, esa afirmación deja de ser suficiente. La historia demuestra que cada vez que argentinos e ingleses se enfrentan en una Copa del Mundo, la memoria colectiva reactiva un conflicto mucho más antiguo que la Guerra de Malvinas y mucho más profundo que cualquier rivalidad deportiva. No se trata únicamente de 1982. Se trata de un vínculo atravesado durante más de doscientos años por intentos de influencia política, dependencia financiera, disputas comerciales y control de recursos estratégicos.
Las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 fueron el primer intento explícito de incorporar el Río de la Plata a la esfera de influencia británica. Derrotadas militarmente por las milicias criollas, no significaron el final del interés británico sobre la región. Por el contrario, inauguraron un cambio de estrategia. Si el dominio territorial encontraba resistencia, el camino podía construirse mediante el comercio, las finanzas y la diplomacia. Gran Bretaña atravesaba el auge de la Revolución Industrial y necesitaba mercados donde colocar sus manufacturas, asegurar materias primas y garantizar rutas comerciales. El naciente Estado rioplatense aparecía como un socio atractivo y, al mismo tiempo, vulnerable.
Ese proceso adquirió una dimensión decisiva durante el gobierno de Martín Rodríguez, cuando Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, impulsó la contratación del que sería el primer gran empréstito externo argentino. El 1 de julio de 1824 se firmó el contrato con la banca Baring Brothers, una de las instituciones financieras más poderosas del Imperio británico. Formalmente, el préstamo de un millón de libras esterlinas debía financiar obras de infraestructura: un puerto moderno, sistemas de agua corriente y nuevas poblaciones sobre la costa atlántica. La realidad terminó siendo muy diferente.
Diversos historiadores, entre ellos Norberto Galasso, Raúl Scalabrini Ortiz y Mario Rapoport, coinciden en señalar que una parte sustancial del dinero nunca llegó efectivamente al país. Entre comisiones, descuentos, intereses anticipados y gastos financieros, Buenos Aires recibió apenas una fracción del monto originalmente contratado. La deuda, en cambio, permaneció íntegra. El empréstito terminó convirtiéndose en una pesada carga para las finanzas públicas y recién fue cancelado definitivamente en 1904, ochenta años después de su firma. Más allá de las discusiones historiográficas sobre el porcentaje exacto del capital recibido, existe consenso en que aquel acuerdo inauguró una modalidad de endeudamiento externo que marcaría buena parte de la historia económica argentina.
La importancia del empréstito Baring Brothers trasciende el monto involucrado. Representó el ingreso de la joven nación al sistema financiero internacional bajo reglas diseñadas por las principales potencias comerciales de la época. La deuda dejó de ser solamente un instrumento económico para transformarse también en un mecanismo de condicionamiento político. Esa lógica acompañaría buena parte del siglo XIX y reaparecería, con distintas formas, en momentos decisivos del desarrollo nacional.
Hacia fines del siglo XIX, la expansión ferroviaria consolidó otra dimensión de la influencia británica. Capitales ingleses financiaron miles de kilómetros de vías férreas que permitieron integrar el territorio argentino al mercado mundial. Sin embargo, la estructura de esa red no respondía prioritariamente a las necesidades de integración interna, sino al modelo agroexportador. Los ferrocarriles conectaban las zonas productoras con los puertos desde donde cereales y carnes partían hacia Europa. Aquella infraestructura impulsó el crecimiento económico, pero también profundizó una relación de dependencia donde la Argentina exportaba materias primas e importaba productos industrializados, reproduciendo un patrón característico de las economías periféricas.
El momento más emblemático de esa subordinación económica llegó durante la llamada Década Infame. Tras la crisis internacional de 1929, el Reino Unido decidió privilegiar el comercio con los países de la Commonwealth, poniendo en riesgo las exportaciones argentinas de carne. Para evitar el colapso de ese mercado, el vicepresidente Julio Argentino Roca (hijo) encabezó una misión diplomática que culminó con la firma del Pacto Roca-Runciman, el 1 de mayo de 1933.
Desde una perspectiva estrictamente económica, el acuerdo permitió preservar parte de las exportaciones argentinas. Sin embargo, el precio político fue elevado. Gran Bretaña mantuvo el control del negocio frigorífico mediante empresas británicas instaladas en el país, obtuvo ventajas arancelarias para sus productos industriales, consolidó beneficios para sus compañías ferroviarias y aseguró condiciones favorables para el giro de utilidades y el pago de la deuda externa. Aquella negociación provocó una de las críticas más recordadas de la historia parlamentaria argentina. El senador Lisandro de la Torre denunció que el convenio subordinaba el interés nacional a los intereses británicos y abrió una investigación sobre los frigoríficos que desembocaría en uno de los episodios más dramáticos del Congreso: el asesinato del senador Enzo Bordabehere el 23 de julio de 1935, en pleno recinto.
Desde entonces, el Pacto Roca-Runciman quedó incorporado al imaginario político argentino como símbolo de la dependencia económica frente al Reino Unido. Aunque distintos historiadores discuten el margen de maniobra que realmente tenía el gobierno argentino en aquel contexto internacional, existe amplio acuerdo en que el convenio consolidó una estructura comercial profundamente asimétrica.
La Segunda Guerra Mundial modificó parcialmente ese escenario. El debilitamiento económico británico y el ascenso de Estados Unidos como nueva potencia occidental alteraron el equilibrio global. Sin embargo, Londres conservó un activo estratégico cuya importancia crecería con el paso del tiempo: las Islas Malvinas. Hasta comienzos de la década de 1980 el archipiélago tenía principalmente valor geopolítico y militar. La guerra de 1982 transformó radicalmente esa situación.
La derrota argentina permitió al Reino Unido reforzar su presencia militar permanente en el Atlántico Sur e iniciar un proceso de consolidación económica sobre los recursos naturales del área marítima circundante. A partir de 1987, el gobierno británico estableció unilateralmente una amplia zona de conservación y administración pesquera alrededor de las islas. Mediante el otorgamiento de licencias a flotas extranjeras, la pesca se convirtió rápidamente en el principal sostén económico del territorio administrado por Londres.
Actualmente, las licencias pesqueras representan cerca del 40 % del Producto Interno Bruto de las islas, según datos del propio gobierno isleño y de organismos especializados en economía pesquera. Diversos estudios argentinos estiman que la explotación de esos recursos significó pérdidas de decenas de miles de millones de dólares para la Argentina durante las últimas cuatro décadas, aunque las cifras varían según la metodología empleada y el período analizado. Lo indiscutible es que el control efectivo del espacio marítimo permitió al Reino Unido convertir un enclave militar en una plataforma económica de enorme valor estratégico.
Pero la pesca constituye apenas una parte del problema. Las exploraciones geológicas realizadas durante las últimas décadas identificaron importantes reservas potenciales de hidrocarburos en las cuencas marinas que rodean el archipiélago. El desarrollo del proyecto Sea Lion, encabezado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, podría iniciar producción comercial hacia finales de esta década si se cumplen los cronogramas anunciados por las compañías. Para la Argentina, esas actividades violan su soberanía sobre un territorio en disputa reconocido por las Naciones Unidas. Para el Reino Unido, forman parte del ejercicio de la administración efectiva sobre las islas. Esa diferencia resume uno de los principales conflictos geopolíticos aún abiertos en el Atlántico Sur.
La disputa por las Islas Malvinas suele reducirse, casi exclusivamente, a una discusión territorial o militar. Sin embargo, esa mirada resulta insuficiente para comprender el conflicto en el siglo XXI. Desde el final de la guerra de 1982, el Reino Unido dejó de administrar únicamente un archipiélago. Consolidó una posición privilegiada sobre uno de los espacios marítimos con mayor valor estratégico del Atlántico Sur, una región donde convergen recursos pesqueros, potenciales reservas de hidrocarburos, minerales críticos, rutas bioceánicas y la puerta de acceso hacia la Antártida. En otras palabras, Malvinas ya no representa solamente una causa histórica para la Argentina; constituye una pieza central dentro de la competencia geopolítica global por el control de los recursos naturales.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce la importancia de las zonas económicas exclusivas para la explotación de recursos vivos y no vivos. El problema radica en que la delimitación marítima alrededor de las islas continúa siendo objeto de una disputa de soberanía reconocida por la propia Organización de las Naciones Unidas a través del Comité Especial de Descolonización. Cada licencia pesquera otorgada unilateralmente por las autoridades británicas y cada permiso de exploración petrolera concedido en el área son considerados ilegítimos por el Estado argentino. Londres, por el contrario, sostiene que ejerce plenamente la administración del territorio y de sus aguas circundantes. Allí reside uno de los principales nudos del conflicto.
La dimensión económica de esa controversia adquiere una magnitud pocas veces incorporada al debate público. La explotación pesquera desarrollada desde fines de la década de 1980 permitió construir una economía isleña altamente dependiente de la venta de licencias a flotas extranjeras, principalmente españolas, coreanas y taiwanesas. A ello se suma el interés creciente por las reservas de hidrocarburos identificadas en la Cuenca Norte de Malvinas. El proyecto Sea Lion, considerado uno de los desarrollos offshore más importantes del Atlántico Sur, prevé iniciar producción comercial hacia 2028 si las condiciones financieras y regulatorias lo permiten. Para el Reino Unido representa una oportunidad energética de largo plazo; para la Argentina constituye la explotación unilateral de recursos existentes en un territorio cuya soberanía continúa pendiente de resolución.
Pero limitar la discusión a Malvinas implicaría perder de vista un aspecto igualmente relevante: la continuidad histórica de determinadas ideas económicas que, con distintas expresiones, atravesaron buena parte de la relación entre ambos países. Margaret Thatcher transformó profundamente la economía británica durante la década de 1980 mediante un programa de privatizaciones, reducción del Estado, liberalización financiera y debilitamiento del poder sindical. Aquellas reformas se apoyaban intelectualmente en autores como Friedrich Hayek y Milton Friedman, cuyas ideas también ejercieron una influencia considerable sobre buena parte del liberalismo económico contemporáneo.
Javier Milei nunca ocultó su admiración por Thatcher, incluso en aspectos que exceden el plano estrictamente económico. Sus referencias públicas hacia la ex primera ministra británica generaron un intenso debate político debido al papel que desempeñó durante la Guerra de Malvinas. Conviene, sin embargo, separar dos planos distintos. Una cosa es el reconocimiento explícito que el Presidente argentino realiza respecto de determinadas ideas económicas defendidas por Thatcher; otra muy diferente consiste en afirmar que las políticas económicas actuales responden directamente a intereses británicos. Esa conclusión requeriría pruebas que hoy no existen.
Lo que sí puede sostenerse con evidencia es que ambos proyectos comparten una matriz ideológica favorable a la reducción del Estado, la desregulación económica, las privatizaciones y la confianza en la capacidad autorreguladora del mercado. Esa coincidencia doctrinaria no implica dependencia política automática, pero ayuda a explicar por qué ciertos sectores del liberalismo internacional observan con interés el experimento económico argentino.
En términos geopolíticos, el alineamiento exterior del gobierno de Milei también representa una modificación significativa respecto de la tradición diplomática argentina. La decisión de privilegiar la relación con Estados Unidos e Israel, junto con una menor prioridad otorgada a los mecanismos regionales de integración latinoamericana, reconfigura el lugar del país dentro del escenario internacional. Para algunos analistas, ello fortalece el acceso a inversiones y cooperación estratégica; para otros, debilita la autonomía de la política exterior argentina y reduce su capacidad de negociación en cuestiones sensibles como la soberanía sobre Malvinas.
La experiencia histórica demuestra que la independencia política difícilmente pueda sostenerse sin cierto grado de autonomía económica. Desde el empréstito con la Baring Brothers hasta las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito durante el siglo XX y el XXI, la deuda externa ocupó un lugar central en la relación entre la Argentina y los grandes centros financieros internacionales. Cada período histórico presenta características propias y sería metodológicamente incorrecto establecer equivalencias mecánicas entre situaciones separadas por doscientos años. Sin embargo, la persistencia del endeudamiento como herramienta de condicionamiento económico constituye uno de los grandes temas recurrentes de la historia nacional.
Esa continuidad explica por qué el enfrentamiento futbolístico con Inglaterra despierta emociones que ninguna otra rivalidad deportiva logra movilizar. Para generaciones enteras de argentinos, el recuerdo de Malvinas continúa siendo inseparable de la memoria familiar, del servicio militar obligatorio, de los excombatientes y de una herida todavía abierta. Para otros, el conflicto representa además una síntesis de debates más amplios sobre dependencia económica, soberanía territorial y lugar de la Argentina dentro del sistema internacional. El partido funciona así como un disparador simbólico donde convergen experiencias históricas muy diferentes.
Sería un error, sin embargo, convertir ese pasado en un argumento para alimentar sentimientos de hostilidad contra el pueblo británico. La disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas enfrenta a dos Estados, no a dos sociedades. Del mismo modo que la crítica a las políticas coloniales del Reino Unido no puede transformarse en xenofobia contra los ciudadanos ingleses, la legítima reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas tampoco debería utilizarse para justificar discursos nacionalistas excluyentes. La fortaleza de una causa histórica depende precisamente de su capacidad para sostener principios de derecho internacional antes que pasiones circunstanciales.
Tal vez esa sea la enseñanza más importante que deja este nuevo cruce mundialista. La historia demuestra que las naciones pueden competir deportivamente sin renunciar al análisis crítico de su pasado. Lionel Messi no resolverá el diferendo por Malvinas con un gol, del mismo modo que Jude Bellingham no modificará dos siglos de relaciones entre ambos países con un pase preciso. El fútbol pertenece al terreno de las emociones; la soberanía pertenece al terreno de la política, el derecho internacional y la construcción paciente de consensos diplomáticos.
Sin embargo, tampoco conviene caer en la ingenuidad de creer que ambos universos permanecen completamente separados. Los símbolos importan. Las memorias colectivas también. Cuando millones de argentinos observan un partido frente a Inglaterra, no ven únicamente once camisetas blancas enfrentando a once camisetas rojas. Ven, consciente o inconscientemente, una historia atravesada por invasiones, empréstitos, ferrocarriles, pactos comerciales, Malvinas y disputas por los recursos del Atlántico Sur. Esa memoria no convierte al partido en una continuación de la guerra, pero explica por qué ninguna semifinal entre Argentina e Inglaterra será jamás un encuentro cualquiera.
Porque la verdadera disputa nunca estuvo únicamente en una cancha. Durante más de dos siglos se libró en los puertos, en los bancos, en los mercados internacionales, en los océanos y en las mesas de negociación donde se decidió quién controlaba el comercio, el crédito, la energía y los recursos estratégicos. El fútbol pasará, como pasan todos los mundiales. Lo que permanecerá será el desafío de construir una Argentina capaz de defender su soberanía con inteligencia, desarrollo científico, fortaleza económica y una política exterior que haga de la independencia un proyecto de Estado y no apenas una consigna para los días en que vuelve a sonar el himno frente a Inglaterra.
