CONCHITA PRETA
La Corte Suprema de Santa Fe se prepara para resolver amparos que podrían declarar inconstitucionales aspectos centrales de la reforma jubilatoria impulsada por Maximiliano Pullaro. Si los fallos prosperan, no sólo beneficiarían a judiciales y docentes: también podrían abrir la puerta a una avalancha de reclamos del resto de la administración pública. El ajuste prometía achicar el déficit; ahora amenaza con agrandar la factura.
Maximiliano Pullaro descubrió una de las leyes menos simpáticas de la política argentina: cuando ajustás demasiado una Caja, tarde o temprano aparece un juez dispuesto a abrirla de nuevo.
La reforma previsional santafesina fue presentada como una cirugía mayor para salvar las finanzas provinciales. Había aportes extraordinarios, topes, demoras en la actualización de haberes y una promesa implícita: apretarse el cinturón hoy para no fundirse mañana.
El problema es que la Constitución también pidió turno para opinar.
Y aparentemente llegó antes que el equilibrio fiscal.
Según trascendió, la Corte Suprema de Santa Fe tendría mayoría para declarar inconstitucional parte de los descuentos cuestionados por trabajadores judiciales y muy cerca de alcanzar el mismo criterio respecto de los amparos presentados por docentes.
En otras palabras, Pullaro hizo cuentas durante meses y ahora siete personas con toga podrían devolverle el Excel lleno de anotaciones en rojo.
No es una derrota.
Es una auditoría con martillo.
Lo fascinante es que la reforma había sido vendida como el gran remedio para el déficit de la Caja de Jubilaciones. El Gobierno explicó una y otra vez que era necesario pedir esfuerzos extraordinarios para evitar un colapso financiero.
La Justicia parece estar evaluando una hipótesis revolucionaria.
Que además de ahorrar plata, las leyes también deberían respetar la Constitución.
Qué costumbre anticuada.
La Casa Gris mira el expediente con el mismo entusiasmo con que alguien espera el resultado de una biopsia. Porque el problema no termina en judiciales ni docentes.
Si la Corte fija un criterio favorable, detrás vienen policías, empleados públicos, nuevos amparos, reclamos retroactivos y una fila más larga que la del Registro Civil un lunes a las ocho de la mañana.
Cada fallo podría convertirse en un volante invitando al resto de los estatales.
—¿Usted también aportó de más?
—Pase por Mesa de Entradas.
El ahorro empezaría entonces a transformarse en deuda.
Y con intereses.
Pullaro ya había intentado evitar parte del problema recusando a varios ministros de la Corte por entender que también estaban alcanzados por el régimen previsional.
La estrategia duró aproximadamente lo que tarda un mate en enfriarse.
Los siete jueces rechazaron el planteo y decidieron quedarse todos.
Una unanimidad que, paradójicamente, logró unir a la Corte mucho más rápido de lo que la reforma logró unir a los trabajadores.
Debe haber sido un momento incómodo.
—Queremos que ustedes no fallen.
—Perfecto.
—No, no… queremos que no fallen ustedes.
Desde entonces el clima entre el Ejecutivo y el máximo tribunal empezó a parecerse bastante a un almuerzo familiar donde todos dicen que está todo bien mientras afilan el cuchillo debajo de la mesa.
Y encima aparece otro ingrediente.
Pullaro viene sugiriendo desde hace tiempo que el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, debería jubilarse.
Ahora es justamente una causa sobre jubilaciones la que puede terminar complicándole el programa económico.
Argentina posee un sentido del humor institucional verdaderamente exquisito.
La provincia quiso ahorrar tocando las jubilaciones.
Las jubilaciones terminaron tocando al Gobierno.
También resulta maravilloso observar cómo cambia el lenguaje según quién tenga el problema.
Cuando los descuentos recaían sobre los trabajadores, aquello era responsabilidad fiscal, racionalidad administrativa y sostenibilidad previsional.
Ahora que pueden aparecer devoluciones millonarias, empieza a hablarse de impacto fiscal.
La plata siempre encuentra la manera de volverse dramática cuando cambia de bolsillo.
Mientras tanto, abogados, sindicatos y empleados públicos observan la escena con la ansiedad de quien cree haber encontrado una grieta en la pared de la cárcel.
Porque un fallo favorable no resolvería únicamente los expedientes actuales.
Podría convertirse en el precedente que active una verdadera peregrinación hacia los tribunales.
Los estudios jurídicos ya deben estar imprimiendo formularios con la velocidad de una fotocopiadora ministerial en diciembre.
En la Casa Gris, en cambio, probablemente ya estén buscando calculadoras con función de respiración asistida.
Porque una cosa es anunciar un ajuste.
Otra muy distinta es devolverlo.
Y devolverlo con intereses judiciales.
La ironía alcanza niveles de obra maestra.
El Gobierno impulsó la reforma para cerrar el agujero financiero de la Caja de Jubilaciones.
Ahora la Caja amenaza con abrir un agujero mucho más grande en las cuentas del Gobierno.
La economía provincial podría descubrir así un fenómeno desconocido por los manuales liberales.
El ajuste también genera intereses.
No bancarios.
Judiciales.
Mientras tanto, los ministros siguen contando votos dentro de la Corte y el Ejecutivo sigue contando pesos dentro del presupuesto.
Los dos hacen cuentas.
Pero sólo uno de los dos podrá imponer el resultado.
Porque al final del día los déficits se discuten en Economía.
Las inconstitucionalidades, en cambio, las liquida la Corte.
Y en Santa Fe empiezan a sospechar que el ajuste de Pullaro podría terminar siendo el gasto más caro de toda su gestión.
